Ministros de Trabajo de seis provincias rechazan el DNU 70/2023: “colisiona” con derechos constitucionales

Ministros y autoridades de Trabajo de seis provincias emitieron un comunicado en el que rechazaron enfáticamente los puntos del DNU 70 vinculados a aspectos laborales al considerar que “colisionan con los derechos” consagrados en la Constitución Nacional y que “implican una regresión”.

El texto lleva la firma del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa; del subsecretario de Trabajo de Formosa, Julio Ricardo Valdez; de la secretaria de Trabajo de Santiago del Estero, Julia Comán; de la ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione; del secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa, Marcelo Pedehontaá; y de la secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa.

Los funcionarios se comprometieron a trabajar coordinadamente a fin de “evitar la sanción de toda norma que indique un avasallamiento de los derechos sociales y laborales reseñados que redunde en la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador, objetivo primario de la actividad política y de la función pública”.

El manifiesto, además, enumera una serie de derechos que se intentan vulnerar con la norma y describe el impacto negativo que han tenido para los trabajadores, cada una de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de trabajo.

Las autoridades laborales consideraron que “el contenido del DNU 70/2023 en su Título IV denominado ‘Trabajo’ así como el proyecto original de la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en su Capítulo IV ‘Empleo Público’ colisionan definitivamente con los derechos constitucionales y con los principios que ilustran el Derecho del Trabajo y del Empleo Público, pues implican una regresión inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico e institucional, marcado a fuego por el Principio de Progresividad”.

“Advertimos, a más de cuatro meses de asumido el nuevo Gobierno Nacional, que las condiciones materiales de vida de los sectores merecedores constitucionalmente de tutela diferenciada se han visto ostensiblemente deterioradas”, apuntaron.

También, estimaron que “no se trata solamente de la situación inflacionaria, sino de la ausencia de todo tipo de mecanismo de control respecto de precios en bienes esenciales, tarifas en servicios, alquileres, provisión de medicamentos, asimismo el espíritu desregulador ha avanzado en todas las áreas de la actividad económica, pero pone un único techo, y paradójicamente, es a la recomposición salarial, a la negociación colectiva, a las paritarias”.

A la vez, remarcaron que “a este escenario de inflación descontrolada, salarios congelados, parálisis deliberada de la actividad estatal se suma la paralización de la obra pública y el desguace sin criterio ni razón que pueda explicarlo, de innumerables organismos estatales con la consiguiente ola de despidos o cesantías que condenan a familias enteras a la desesperación y la indigencia”.

Sostuvieron en el comunicado que “así las cosas, las Provincias, territorio natural donde acontecen e impactan las decisiones que a golpes de Decretos de Necesidad y Urgencia se adoptan desde el Ejecutivo Nacional, se ven desfinanciadas al borde de poner en crisis su accionar básico, el pago de sueldos y la compra de insumos que permitan cumplir con funciones estatales impostergables”.

“No hay sector de la sociedad que no esté padeciendo por alguna de las situaciones descriptas, y reiteramos, con flagrante violación de nuestra carta Magna, graves e innecesarios perjuicios, de quizá imposible reparación ulterior”, completaron.

Destacaron luego que “discapacidades, niñeces, diversidades, beneficiarias y beneficiarios de la seguridad social, investigadores, artistas, protagonistas de la cultura, estudiantes de todos los niveles, ven peligrar sus proyectos o directamente sus vidas; no llegan alimentos a los comedores; se dieron de baja arbitrariamente planes sociales; se restringió el acceso a la salud de los jubilados y a la medicación de pacientes oncológicos; no hay programas que contemplen el desarrollo de los sectores más vulnerables”.

Cuestionaron que se haya “liberado el precio de la telefonía celular y de los servicios de telecomunicaciones” y que la “Ley Bases” que este lunes discute el Congreso pretenda “reinstalar el impuesto a las ganancias sobre salarios, consagrando una injusticia que el propio Presidente había colaborado a eliminar con su voto cuando hace tan solo 5 meses era diputado”.

“Instituciones diseñadas precisamente para hacer efectivas las garantías y derechos sociales contenidos en la Constitución, como el Consejo Federal del Trabajo, la Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, entro otros, no están funcionando o se demora su convocatoria”, indicaron.

Por ello, analizaron que es necesario “que las Provincias, entidades preexistentes a la Nación, comencemos a accionar en conjunto en el marco de las leyes fundacionales que han regido los destinos de la Patria desde su organización, normas que hemos jurado respetar al asumir nuestros cargos y que, más allá de cualquier diferencia ideológica, se ven violadas por las referidas decisiones del poder ejecutivo nacional, tal como lo viene declarando la Justicia, no sólo en el capítulo laboral que nos compete”.

De ese modo, concluyeron: “En este estado de situación, las carteras laborales provinciales firmantes nos comprometemos, en ejercicio de nuestras respectivas competencias, a trabajar coordinadamente a fin de evitar la sanción de toda norma que indique un avasallamiento de los derechos sociales y laborales reseñados que redunde en la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador, objetivo primario de la actividad política y de la función pública”.