En esta edición, la COP 3 del Acuerdo de Escazú congregó a más de 700 personas en forma presencial, entre delegaciones de 16 Estados Parte y nueve países observadores, miembros del público -entre ellos numerosos jóvenes y representantes de los pueblos indígenas-, de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales. También fue seguida por cientos de personas de manera virtual.

El primer día de la conferencia comenzó con la oficialización de Dominica como un nuevo Estado Parte, tras su ratificación ante la sede de ONU en Nueva York. De esta forma, el país caribeño se suma a Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. Mientras que, los países que participaron como observadores fueron Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Perú.

Un Plan de Acción con perspectiva de género

Pero, sin dudas, el principal logro fue la aprobación del Plan de Acción Regional sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales. Se trata de una hoja de ruta que busca poner en marcha un conjunto de acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 del tratado, que establece, entre otras cosas, que cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio para que las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Además, deberá tomar medidas para reconocer, proteger y promover sus derechos, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones.

Asimismo, con presencia de ONU Mujeres, se aprobó por consenso la propuesta de incorporación de la perspectiva de género en el Plan de Acción y la relevancia del rol de las mujeres, particularmente las indígenas, rurales y afrodescendientes, en el cuidado y preservación de la madre tierra, de la vida y de lo vivo.

Finalmente, se destacó la puesta en marcha del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, integrado por siete representantes de la sociedad civil, quienes están a cargo del diálogo entre los gobiernos y el público.

El comité de autoridades argentinas estuvo conformado por la subsecretaria de Ambiente del Ministerio del Interior de la Nación, Ana Lamas; el director nacional de Educación Ambiental, Augusto Paz; la directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Corina Lehmann; junto a Carmen Rivero y Fernanda Ruano, de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación del Ministerio del Interior.

América Latina, una zona de riesgo para los defensores del territorio

Según datos de la ONU, Latinoamérica es la región más peligrosa para ser activista ambiental y una de las más afectadas por la crisis climática: casi el 70 por ciento de los asesinatos de defensores del ambiente suceden en América Latina. A eso se suma un gran número de amenazas, episodios de violencia e intimidaciones hacia quienes buscan proteger el territorio y los recursos naturales.

Además, si bien la región solo es responsable del nueve por ciento de las emisiones globales de dióxido de carbono, es uno de los sectores más vulnerables y afectados por daños y pérdidas ante los efectos de la crisis climática.