La ley Bases y los riesgos en materia socioambiental

Redacción Canal Abierto |  La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó ayer un informe en el que analiza los impactos en materia de derechos socioambientales de la Ley Ómnibus – o Ley de Bases-, que esta semana obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que el Gobierno, en alianza con Juntos con el Cambio y otros espacios políticos, busca aprobar cuanto antes en Senadores.

El documento titulado “La amenaza fantasma” revela que, a pesar de que se logró excluir el capítulo de desregulación en materia ambiental que se incluía en la versión anterior del proyecto, persisten artículos que tienen serias implicancias sobre el cuidado del ambiente, el acceso a la energía, la protección de los bosques y el manejo del fuego.

Concretamente, la ley avanza en la restricción de los espacios de participación ciudadana como las audiencias públicas. Además, la delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos y el otorgamiento de privilegios para las industrias extractivas “ponen en riesgos los derechos ambientales de las generaciones presentes y futuras”.

En diálogo con Canal Abierto, Ariel Slipak, economista e investigador de la Fundación, se refirió a cuál es el modelo de desarrollo que subyace a la propuesta. Si bien varios analistas cuestionan que Javier Milei, más allá de la motosierra y la licuadora no tiene un programa económico o de desarrollo, Slipak indicó: “Yo creo que sí hay un proyecto de desarrollo, pero es un plan que ya se ha visto en otras épocas de la Argentina y de América Latina, y que incluye a cada vez menos personas, a menos grupos sociales, en el que hay un ataque a lo socioambiental porque no conciben el concepto de derechos colectivos”.

En esa línea, expresó que la Ley Bases “tiene un espíritu general de flexibilizar y quitar derechos”. Así, “porque éstos son entendidos como un costo”. “Su plan de desarrollo es generar un esquema asimétrico”, advirtió.

Es ese marco, “no es casual que haya una flexibilización de la normativa socio ambiental en coincidencia con la flexibilización de las normas laborales, y en coincidencia con una serie de privilegios fiscales, aduaneros y cambiarios que se les da a los grandes capitales”. “Y eso es lo que para nosotros y nosotras va a terminar por degradar del ambiente”, apuntó.

Los riesgos en materia socioambiental:

1. Las audiencias públicas ahora serán optativas

Como precisa el informe de FARN, el capítulo III propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549). Al referirse a las audiencias públicas, el proyecto sostiene que este procedimiento “podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate”.

Desde la Fundación recuerdan que las audiencias públicas constituyen instancias clave de participación ciudadana en relación a proyectos vinculados al ambiente y el cuidado de los ecosistemas, y advierten que la modificación brindaría a las autoridades una amplia esfera discrecional para decidir si una audiencia pública tendrá lugar o será reemplazada por otro mecanismo alternativo que, fuera de la consulta pública, no está especificado por la ley.

2. Las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos y la pobreza energética

De los 233 artículos que tiene el nuevo proyecto de Ley Ómnibus, 51 son modificaciones, derogaciones o nuevos artículos sobre la Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319). De acuerdo a FARN estos cambios normativos apuntan a liberar las exportaciones y, principalmente, a “quitar atribuciones de intervención al Estado Nacional en el mercado para fijar precios y garantizar el abastecimiento energético interno”.

Además, “el proyecto propende a flexibilizar y agilizar el acceso de las firmas a nuevas concesiones, reduce los controles y la fiscalización estatal, y fija plazos de concesión de 30 años para yacimientos no convencionales y de 35 para las plataformas offshore”. “Esto último –destacan- contradice abiertamente los compromisos climáticos asumidos por Argentina al ratificar el Acuerdo de París (Ley 27.270)”.

Ariel Slipak además remarca que, mientras se impulsan este tipo de reformas que favorecen a las empresas en detrimento de las personas, ya en la ejecución del presupuesto se observa la misma tendencia, como se puede ver en el estudio que hizo el Monitor Ambiental del Presupuesto de FARN.

“Se están reduciendo las tarifas o queriendo quitar tarifas, después de una megadevaluación, y mientras tanto las empresas hidrocarburíferas siguen percibiendo los famosos subsidios a la oferta de los decretos del Plan Gas, que van directo a las compañías y no redundan, como los subsidios que se generan vía Cammesa o a la demanda, en que le baje el precio a la gente”. Para el especialista la consecuencia de esta tendencia es una mayor “pobreza energética”, que no es solo falta de acceso sino también acceso a energía de peor calidad o más cara, explicó.

3. El RIGI y los nuevos privilegios para los sectores extractivos

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que crea la Ley Bases con su artículo 161 no es nada nuevo, afirma Slipak. “Es como la Ley de Inversiones Mineras (24.196) pero potenciada”, aseguró.

Como precisa el informe, el RIGI tiene por objetivo atraer inversiones de más de 200 millones de dólares con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. “Ninguno de los artículos específicos del RIGI en la nueva Ley Ómnibus impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología”, explica el documento.

Y concluye que “este tipo de medidas económicas siempre terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participación y, por ende, la calidad democrática”.

4. Los fondos fiduciarios en la cuerda floja

El cuarto punto en el que hace hincapié el informe de FARN tiene que ver con la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, más precisamente, con el artículo 5 del proyecto que lo habilita “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”.

“Existe una multiplicidad de fondos fiduciarios, entre los que se encuentran algunos de relevancia para la política ambiental, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego”, precisa el documento. “Estos fondos, junto a otros orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuida de energías renovables, son pilares de las políticas ambientales. Tienen una vital relevancia para la protección de los Bosques Nativos en el sostenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, y para dotar de herramientas presupuestarias para enfrentar los crecientes incendios en nuestro país”, sostiene.

Y advierte que “entender a estos fondos como meras ‘cajas’ sin reconocer su importancia en términos de protección y cuidado del ambiente es un error que puede traer serias consecuencias para la preservación de los ecosistemas de nuestro país”.

“Es importante que la Ley de Bases sea rechazada”

El jueves a última hora el proyecto de Ley Bases con la media sanción de la Cámara baja ingresó a Senadores. El objetivo del Gobierno es que ya la semana próxima se comience a tratar en comisiones, para llegar al recinto en la tercera semana de mayo.

En ese marco, Slipak indicó: “Me parece importante ser explícito en relación a que es clave que la ley sea rechazada en el Senado”. “Es cierto que la versión que mandaron en diciembre del año pasado tenía todavía más aspectos regresivos que esta versión, pero a lo largo del articulado, con el RIGI y la posible eliminación de los fondos fiduciarios, se ataca directamente el sistema de cuidados sobre el ambiente”. Por eso, cerró el economista, “es claro que esta no deja de ser una ley sumamente regresiva”.

Fuente: https://canalabierto.com.ar