En abril, las facturas de agua aumentaron 209 por ciento para todas las categorías tarifarias. Las de la energía eléctrica subieron entre 250 y 300 por ciento, según las categorías tarifarias. Y las subas de las de gas, que estaban programadas para mayo, se postergaron para junio y oscilan entre 400 y 500 por ciento.

Para todos estos servicios públicos, el Gobierno de Javier Milei dispuso la actualización mensual. Es decir, se planeaba una indexación en las tarifas por intermedio de tres componentes: el Índice de Precios al Consumidor, el Índice de Salarios y el Índice de Precios Mayoristas. Lo que se suspendió es el ajuste en el gas, pero el de la energía eléctrica y el del agua siguen vigentes.

Un invierno duro

El usuario de energía eléctrica que recibió aumentos de entre 200 y 300 por ciento no tiene que pensar que estos aumentos van a quedar sin efecto. Porque lo que queda sin efecto es la actualización mensual prevista, que nosotros rechazamos, al igual que rechazamos en las audiencias públicas estos incrementos que se aplicaron y los que se van a aplicar a partir de junio.

El Gobierno nacional no tiene idea de la repercusión de las medidas que aplica. Con el aumento que vino de energía eléctrica, cualquier usuario que pagaba 10.000 pesos, hoy, paga 35.000. Esto impacta en el usuario residencial y en el comercio minorista, lo que generó que algunos comercios ya tengan que cerrar sus puertas porque les llegaron facturas de 1.200.000 pesos cuando pagaban 350.000.

Esta situación es muy complicada para los comercios, pero, sobre todo, para los sectores de menores ingresos, que son los que más consumen energía eléctrica: recordemos que más del 40 por ciento de las casas de La Matanza no tiene gas natural. Por lo tanto, el consumo para cocinar y calefaccionarse se basa en la energía eléctrica: cuando un usuario consume más de 700 kilowatts mensuales, paga de cargo fijo 29.200 pesos.

Los ingresos de las familias quedan reducidos porque los trabajadores registrados perdieron alrededor de un 35 por ciento de poder adquisitivo y, para los jubilados, la pérdida es de más del 40. Si a esto se le suma tener que insumir un gasto en calefacción en estos niveles de energía eléctrica o gas natural, vamos a pasar un invierno muy crudo para millones de argentinos porque el Gobierno eliminó los subsidios y aumentó las tarifas en forma desproporcionada.

*Director de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (DEUCO)