La «fila del hambre»

La UTEP hará el jueves una nueva «fila del hambre» en la puerta del ministerio de Capital Humano en medio de la crisis alimentaria en los comedores. Mientras tanto, la ministra Pettovello hizo trascender que presentará una ampliación de la denuncia sobre los comedores fantasma y consiguió ser aceptada como querellante en la causa de los 27 allanamientos. Las novedades judiciales y la razón por la que el Gobierno de LLA sostiene su versión de Los Juegos del Hambre.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular volverá a hacer la fila del hambre en el ministerio de Capital Humano. Le reclamará así a Sandra Pettovello que vea -y tome nota- de que sus comedores existen y les envíe alimentos. La protesta será este jueves, en un nuevo capítulo de la durísima confrontación que el gobierno de Milei mantiene con los movimientos sociales. Mientras las organizaciones preparan su salida a la calle, la ministra hizo saber que llevará a la Justicia nuevas denuncias sobre comedores fantasmas.

El gobierno de La Libertad Avanza está jugando a fondo para desarmar a los movimientos. No existen antecedentes de una ofensiva como esta. En los últimos 25 años hubo otros momentos de persecución de los gobiernos sobre las organizaciones territoriales -como con el expresidente Eduardo Duhalde-, pero la estrategia era otra, en el sentido de que quien estuviera en la Casa Rosada accedía a los pedidos de un sector, el que le resultara más manejable, y reprimía a los díscolos.

Con Milei, en cambio, la confrontación es contra todos y sin medir consecuencias. En los cuatro meses de su gobierno, agravó los niveles de pobreza recibidos de la gestión de Alberto Fernández, elevándola del 41 al 55 por ciento de la población (confirmó ayer el Observatorio de la Deuda Social de la UCA) y en esa situación recortó un 45 por ciento el gasto destinado a Comedores y Merenderos comunitarios (Cepa, «La ejecución presupuestaria del 1er trimestre de 2024«) .

La explicación de esta política fue dada por el autor de la ley Omnibus, Federico Sturzenegger, en febrero pasado. En una conferencia virtual de la Universidad de Harvard, Sturzenegger planteó que existen “grupos de interés” que impiden el cambio y que el gobierno debía “empobrecerlos”, “drenarles los recursos” si quería cambiar el statu quo.

De hecho, eso es lo que viene haciendo. Cortaron a las organizaciones sociales todos sus recursos, desde los económicos (los alimentos, los fondos para emprendimientos y para urbanizar las villas), a los de representación (ningún ministerio recibe a ningún referente para gestiones o reclamos del conjunto, todo reclamo debe ser hecho de manera individual). También su principal recurso simbólico, la legitimidad de militar en los barrios -un término que alude genéricamente a los territorios y poblaciones excluidas y a las que no llega el Estado.

En las causas que abrió en la Justicia, el gobierno de Milei está acusando a los militantes no ya de tener una propuesta inconducente como por ejemplo, desalentar la cultura del trabajo, sino de haberse convertido en los explotadores de los pobres: quedarse con su comida, armando comedores fantasma, o con su dinero, cobrándoles un porcentaje de los planes.

Las novedades en la causa

Eso es lo que se plantea en la causa de los 27 allanamientos, en la que el juez federal Sebastián Casanello admitió este lunes como querellante al ministerio de Pettovello. El juez, por otra parte, eximió de prisión a todos los imputados, aunque dispuso que no se acerquen a los comedores de sus organizaciones.

Quien lea con atención la acusación del fiscal Gerardo Pollicita encontrará que contiene un puñado de casos de conductas abusivas. Por ejemplo, una persona denunció que en el comedor donde trabajaba como contraprestación del Potenciar, su responsable la hacía cocinar chipá y rosquitas que luego vendía para quedarse, personalmente, con la ganancia. Otros casos son los responsables de comedores que cobraban un monto –en un caso de 200 pesos, en otro de 1900– para pagar el flete de los alimentos, o el alquiler del local.

Sin embargo, lo que importa de este expediente no son ese tipo de acciones individuales, sino dos prácticas por las que el fiscal sostiene que hubo delito de coacción y extorsión. Ellas son tomar lista en las manifestaciones y cobrar un aporte del 2% a quienes accedían a un plan social. Para la fiscalía, también es prueba de esos delitos que una de las organizaciones investigadas, el Polo Obrero, utilizara un sistema de puntajes por el que según la participación en las marchas u otras actividades, las personas accedían primero a una lista de espera, si participaban más, a un Potenciar, y las que tenían más actividad dentro del movimiento sumaban un Nexo, un complemento del Potenciar. Por este motivo, la acusación incluye a referentes que no estaban a cargo del manejo diario de los comedores.

En varias de las organizaciones comenzaron a hablar del tema. En los movimientos no tienen una postura única: hay quienes están en contra de que se tome asistencia y quienes no. Ese es el caso de Juan Grabois, que lo ha planteado en su libro “Los peores”. “La asistencia a las movilizaciones era obligatoria tanto para quien recibía el plan como para quien pretendía recibirlo. Nosotros siempre estuvimos en contra de esa práctica, de que cualquier individuo pudiera quitarle a alguien el pan a los hijos de otro, pero en aquel contexto (se refiere a la crisis del 2001) tenían una justificación un tanto menos inmoral que en la actualidad”, dice en ese libro, publicado el año pasado.

En cambio, en otras organizaciones lo consideran necesario, y plantean que son los propios vecinos, en cada barrio, los que hacen acuerdos de cómo repartir lo que consigan del Estado. «A nadie le gusta ir a una marcha un día de frío o de lluvia. Es lógico que se hagan estos acuerdos».

En cuanto a pagar un porcentaje del plan social, como aporte para la organización, hay mayor acuerdo, y la diferencia interna es si tiene carácter obligatorio o voluntario. 

El caso judicial es importante en la medida en que siente un antecedente. En estos días, Emilio Pérsico contó en una entrevista radial que hubo causas judiciales similares en Jujuy, en la que los imputados no fueron condenados, mientras que en Moreno, una integrante del Movimiento Evita, muy humilde y madre a cargo de tres chicos, había abierto un comedor popular; por tener en su casa un listado en el que anotaba los aportes voluntarios de quienes iban a su comedor, está presa desde hace cuatro años.

Además de la investigación de los 27 allanamientos, existe una segunda causa judicial, en la que el ministerio de Pettovello denunció que la mitad de los comedores registrados en el Renacom no existían. El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo. Durante el fin de semana, Capital Humano hizo saber a los medios que llevará al juzgado una ampliación de su demanda.

Como hace ocho meses que los comedores de las organizaciones sociales no reciben alimentos del Estado nacional, es difícil saber qué significa la acusación. Todo indica que hay situaciones distintas: el comedor fantasma, el que tuvo que cerrar por falta de comida y el que está funcionando como puede, limitado a las donaciones que reúna y el apoyo eventual de los intendentes.

Norma Morales, de Barrios de Pie, contó que el comedor de su cuadra, Arco Iris, en el barrio Danubio Azul de Dock Sud, fue denunciado como cerrado. «Desde diciembre  que estamos pidiéndole a Pettovello que nos mande comida. Acá no vinieron a censarnos, sólo nos miraron por el Google Maps para decir que no existimos. No estamos cerrados, aunque pasamos a cocinar una vez por semana cuando antes abríamos tres. Nos ocurre lo mismo que en nuestras familias, donde la plata no nos alcanza para hacer más que una comida al día».

fuente: https://www.pagina12.com.ar/