El pasado 10 de junio, se publicó en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Justicia que ordena la disolución de 81 CAJ. De esta manera, solo quedará un centro por provincia y se privilegiará la atención remota.

“El Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones”, señalaron desde el Ministerio de Justicia en un comunicado sobre el cierre de “otra caja de la política” a través Twitter.

En tan solo seis años, estos dispositivos atendieron más de 1.300.000 consultas. “Estos funcionarios están criminalizando de alguna manera nuestro trabajo, no entendiendo que un abogado, trabajador social, psicóloga, administrativo o mediador comunitario puede solucionar problemáticas interpersonales que no se solucionan en ningún otro organismo del estado”, protestó la delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Secretaría de Justicia, Silvina Silva, a El1.

El Centro trabaja con consultas legales “codo a codo” con el Poder Judicial, que tienen que ver, entre otras, con cuestiones “de vida o muerte” como el acceso a medicaciones que no son recibidas por pacientes, pérdida de obra social por despidos, y otros trámites de acceso a las distintas políticas públicas.

“En los CAJ también hay una defensa de la territorialidad de la cercanía, de la presencialidad, que se tienen que abordar para sostener estos lugares que no solamente asisten, sino que acompañan y resuelven las problemáticas de la gente. Esto es de manera presencial porque muchos de nuestros habitantes no tienen acceso a internet, telefonía, o el manejo de cuestiones digitales”, reivindicó Silva.

La cuestión de los despidos en los CAJ

De acuerdo con la trabajadora del CAJ Padre Bachi de La Matanza, 81 Centros cerrados implican 400 despidos en todo el país. Desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, la entidad cuenta con 270 despidos en la Secretaría de Justicia; 120 de ellos, corresponden a los CAJ, diez a la Línea 137, y diez más a la línea de trata, además de otros programas.

Por esto, Silva determinó: “Nos oponemos fervientemente a que nuestro Ministerio de Justicia y Secretaría sean transformados en un locutorio y que, de alguna forma, eso maquille la gestión pública y política denostada por esta gestión del Gobierno de Milei. Quieren transformar en un call center la atención y que no sea más presencial”.

Además, agregó: “Estamos pendientes de una reunión con las autoridades del Ministerio para que nos expliquen en qué consiste, en qué diagnóstico y análisis basan las consideraciones, además, injuriantes, que aluden en el comunicado, ya que tratan de ‘caja’ a la política pública con la que trabajamos”.