A poco más de un mes de su creación, la nueva SIDE tiene su primera sospecha

Redacción Canal Abierto | El economista y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, presentará ante la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación un informe en el cual señala la probable comisión de los delitos de administración fraudulenta, falsedad ideológica y malversación de fondos contra la Administración Pública por parte del gobierno de Javier Milei.

El trabajo, realizado junto a Jaime Farji para el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que coordina el propio Lozano, parte de un pedido de acceso a la información pública respecto de los gastos efectuados en el área de Inteligencia y en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia que asignó a esa área 100.000 millones de pesos en concepto de fondos reservados. Cabe recordar que dicho decreto cuenta con el rechazo de la Cámara de Diputados y espera su destino final en la de Senadores.

Apelando a las leyes 25.520, de Inteligencia Nacional, y 24,156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional el trabajo señala que “los registros obligatorios, los eventos que deben considerarse como origen de esos registros, y los momentos de registro, son los mismos para los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional que para todos los restantes organismos de la Administración Nacional”.

“Por lo tanto, los respectivos responsables administrativos, incluyendo a las máximas autoridades del Sistema, deben registrar la ejecución de todos los gastos, también los reservados, en las partidas correspondientes y en los momentos correspondientes a la materialización de los eventos económico-financieros previstos en la normativa”, apunta el escrito.

Y agrega que “independientemente de cómo sea el resguardo de la documentación, y del tipo y órgano de control al cual están sometidos los funcionarios del Sistema de Inteligencia Nacional, éstos no pueden registrar el gasto en partidas que no corresponden (malversación) ni registrar un evento económico-financiero si éste no se ha producido (falsedad ideológica), ni dejar de registrarlo cuando sí se ha producido (administración fraudulenta)”.

Los fondos reservados fueron asignados a la resucitada SIDE a través del Decreto 656/24, firmado el 19 de julio pasado. De acuerdo al estudio de los números brindados tras el pedido de acceso a la información pública efectuado por los integrantes del IpyPP, “hasta el 23/08/24 la Administración Nacional había devengado gastos por 48,54 billones de pesos, de los cuales 2,25 billones correspondieron a la finalidad Servicios de Defensa y Seguridad. A esa finalidad pertenece la función Inteligencia, con un gasto ejecutado de 168.003 millones de pesos en el período considerado”, señala el informe.

Y detalla que “el 48,65% del total del gasto en Inteligencia correspondió al inciso Servicios No Personales, con 81.744 millones de pesos, de los cuales el 99,17% correspondió a la partida principal Otros Servicios, con 81.067 millones. La misma cantidad aparece registrada como pagada”. Lo que Lozano y Farji encuentran sugestivo es que “80.043 millones (el 98,73% del total) se había devengado y pagado en el mes de agosto”.

Si bien admiten que “los gastos reservados estén registrados dentro de `Otros Gastos´, ni que se ejecuten después de julio de 2024, puesto que el crédito fue asignado recién en ese mes”, advierten que “es altamente improbable que haya podido devengarse en un mes el 80% del crédito asignado, a menos que no se respetaran las previsiones establecidas en la Ley 24.156 y sus normas reglamentarias”.

El trabajo explica que “cuando se registra el devengamiento de un gasto, se considera ejecutado el crédito, por lo que ya no se puede volver atrás salvo por errores materiales en la registración, debidamente documentados, o si el acto administrativo que originó el registro fuera declarado nulo (y si ha generado derechos esto sólo puede ocurrir en sede judicial)”.

Y señala que “el crédito presupuestario que nos ocupa fue asignado por un Decreto de Necesidad y Urgencia, y que el mismo puede ser rechazado por el Congreso Nacional si así lo disponen ambas cámaras. Pero si el devengamiento del gasto se produce, como en este caso, antes de que las dos cámaras intervengan, un eventual rechazo se tornaría abstracto porque el crédito presupuestario ya estaría afectado definitivamente (a menos, claro está, que no se hubieran cumplido todas las previsiones de la ley 24.156)”.

También apunta que “no se puede registrar como gasto devengado el importe total de la contratación de un servicio profesional por un lapso prolongado (por ejemplo un año) con liquidación periódica (por ejemplo mensual) de honorarios. En ese caso el importe total del contrato se registra como compromiso, y sólo la liquidación mensual del servicio se registra como devengado, en el mes respectivo”.

Y agrega que “tampoco se puede registrar como gasto devengado de un servicio un anticipo de fondos que luego serán rendidos de conformidad con cualquier modalidad que pudiera haberse pactado. Menos aún puede registrarse como un servicio devengado y pagado después del 17 de julio la recepción de servicios anterior a esa fecha, ya que ningún funcionario, ni siquiera los responsables del Sistema de Inteligencia Nacional, pueden obligar al estado a incurrir en gastos para los cuales no existe crédito aprobado, y no había crédito aprobado antes del 17 de julio”.

En otro pasaje, el informe señala que para que dichos gastos fueran reales, “debió haberse buscado a los prestadores, seleccionado a los adecuados luego de algún tipo de procedimiento, establecidos y comunicados los alcances del servicio, prestado el servicio, entregados los resultados en los tiempos y formas acordados, revisados los mismos y cotejados con lo pactado, aceptados de conformidad por los funcionarios responsables, liquidado el gasto y pagado el importe”.

“Si todo esto hubiese ocurrido, los resultados de la tarea de inteligencia que originó el gasto ejecutado ya se habrían producido y no cabría esperar para el resto del año resultados adicionales por esos servicios. Si bien la naturaleza especial de las actividades de inteligencia no permite afirmar nada definitivo al respecto, sería lógico que la sociedad hubiera conocido algún beneficio observable de tan importante uso de recursos, ya que, insistimos, el trabajo estaría terminado por lo que respecta a esos fondos”, prosigue el escrito.

Si se tiene en cuenta que la modestia no es un atributo que caracterice a los funcionarios del Gobierno, el trabajo hace un planteo interesante: “está claro que las actividades de inteligencia no son públicas, pero sus resultados, al menos una parte de estos, sobre todo si son exitosos, son exhibidos por todos los gobiernos del mundo como parte de sus propios logros. En este caso no sabemos nada”.

El trabajo finaliza con el planteo de que “los ciudadanos tenemos sobrados motivos para sospechar de la veracidad, o al menos de la regularidad, de los registros del gasto devengado en materia de servicios por parte del Sistema de Inteligencia Nacional en el mes de agosto de 2024”.

También insta a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia a “ejercer sus competencias y proporcionar a la ciudadanía la seguridad de que los recursos se han utilizado de acuerdo con la normativa vigente o, en caso de no ser así, efectuar las denuncias correspondientes para sancionar los delitos que eventualmente pudieron haberse cometido”.

“Sin perjuicio de ello, también corresponde a los órganos rectores de los sistemas de administración financiera y de control, en particular a la Contaduría General de la Nación, a la Oficina Nacional de Presupuesto, a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación velar por el cumplimiento de la normativa correspondiente, de la cual no está excluido el Sistema de Inteligencia Nacional”, concluye el trabajo.

Foto principal: Santiago Caputo y Javier Milei.

Fuente: https://canalabierto.com.ar