Afiliados de Olavarría se reunieron con el senador Cellillo por la crisis del IOMA: “Estamos en estado crítico”

Durante el fin de semana, los representantes del colectivo de afiliados autoconvocados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), acompañados de concejales y autoridades de la Unión Cívica Radical (UCR) de Olavarría, mantuvieron un encuentro con el senador y vicepresidente del Senado bonaerense, Alejandro Cellillo, por la crítica situación que vive el distrito por el conflicto entre la obra social y la Federación Médica de Buenos Aires (FEMEBA).

La reunión se desarrolló en el Comité Radical local, donde los afiliados autoconvocados expusieron sus inquietudes y entregaron cerca de 4.000 firmas recolectadas en apoyo a la FEMEBA ante el repentino corte del convenio por parte de la mutual provincial. “Son más de 20 distritos que enfrentan una paralización de servicios médicos desde hace más de un mes lo que pone en riesgo su continuidad, como también la de farmacias y laboratorios”, graficó Cellillo.

Asimismo, el senador provincial acusó al gobernador Axel Kicillof y al titular del IOMA, Homero Giles, de empeorar la situación en lugar de abordar los problemas estructurales. “Tenemos prótesis atrasadas, tratamientos detenidos y afiliados que deben recurrir a amparos judiciales para acceder a derechos básicos”, fustigó el senador.

Además, Cellillo denunció que los aportes de más de 2 millones de afiliados con los que cuenta la mutual bonaerense no se están utilizando para garantizar prestaciones, sino que son desviados a las arcas generales de la Provincia. “Lo que buscan es eliminar a los intermediarios para intermediar ellos mismos”, cuestionó.

Por caso, el dirigente radical también puso el foco en la falta de recursos básicos para los afiliados y crítico la implementación de policonsultorios por parte de IOMA. “Estamos viendo cómo se incorporan médicos que nadie sabe si están matriculados o cuál es su formación real”, planteó.

En este sentido, Celillo recordó que desde la pandemia, la gestión de IOMA solo ha desarmado al sistema de salud e intentado imponer intermediarias como el Consorcio del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Coceba), que retiene gran parte de los ingresos de los prestadores.

Durante el encuentro, la presidenta de la UC de Olavarría, Belén Vergel, expresó: “La situación de IOMA ya era complicada, pero ahora está en estado crítico. Esto es grave porque estamos hablando de salud, un derecho fundamental”.

Junto a Vergel, fueron parte de la cita otros dirigentes del radicalismo como los concejales olavarrienses, Francisco González y Sebastián Matrella, y el secretario provincial Franco Cominotto, quienes se comprometieron con el reclamo de los más de 28 mil afiliados que tiene IOMA en el Municipio y remarcaron la necesidad de una resolución urgente del conflicto que ya lleva semanas.

Vale recordar que los afiliados autoconvocados del IOMA enfrentan una grave crisis tras la decisión unilateral de la obra social de dar de baja el convenio con FEMEBA, lo que dejó sin cobertura a miles de pacientes en Olavarría. En respuesta, los vecinos afectados elevaron el reclamo a las autoridades locales y se reunieron la semana pasada con el intendente, Maximiliano Wesner y algunos de sus funcionarios.

Durante el encuentro, las autoridades municipales explicaron las características del nuevo convenio con Coceba. No obstante, desde la actual conducción local señalaron que la cobertura sigue suspendida debido al rechazo mayoritario de los médicos, quienes exigen mejores honorarios. En contrapartida, los autoconvocados insistieron en la urgencia de resolver el conflicto y garantizar la prestación de servicios médicos de calidad.

Cellillo alertó por el corte de prestaciones en una veintena de municipios

Similar situación a la de Olavarría, atraviesan otros 19 municipios de la provincia de Buenos Aires por la decisión del titular del IOMA, Homero Giles, de cortar los convenios de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA). La medida, provocó que más de 1500 médicos quedaran sin trabajo y que la atención de los afiliados sea escasa o nula en municipios de la región como Azul, Tapalqué, Laprida, Daireaux, General Alvear y General Lamadrid, entre otros.

“Son más de 20 distritos que enfrentan una paralización de servicios médicos desde hace más de un mes lo que pone en riesgo su continuidad, como también la de farmacias y laboratorios”, advirtió Cellillo.

Frente a este escenario, Giles optó por varias salidas para ocupar el gran hueco que dejó FEMEBA. Una de ellas, fue que los intendentes se hagan cargo de todo el sistema de salud del distrito en el Hospital municipal. Otra de las alternativas de Giles, fue darle más lugar a la Asociación Civil de Establecimientos Asistenciales y Prestadores Privados de la provincia de Buenos Aires (ACEAPP), ente encargado de intermediar entre el IOMA y los dueños de los 232 policonsultorios que están distribuidos en territorio bonaerense.

Sucede que la ACEAPP es uno de los principales conflictos que FEMEBA tiene con IOMA. Con la llegada de la pandemia, los policonsultorios de la obra social bonaerense se multiplicaron, por lo que la asociación civil fue ganando mucho poder como enlace entre los policonsultorios y la mutual provincial. En ese contexto, los médicos agremiados señalan que la ACEAPP está copada por gente de La Cámpora que desvía los fondos para la organización conducida por Máximo Kirchner.

Por esa razón, tiene lógica que Giles apure un acuerdo con el Consorcio del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Coceba), que administra Olavarría, Azul, Laprida y Daireaux, para solventar la falta de FEMEBA en esos municipios. Justamente, esos cuatro distritos son gobernados por el peronismo, y dos de ellos, Olavarría y Azul, son liderados por los camporistas Maximiliano Wesner y Nelson Sombra, que forman parte de la misma organización política que el titular del IOMA.

Además, el líder de la obra social de la provincia de Buenos Aires concretó una serie de convenios con círculos médicos para que se hagan cargo de atender a los afiliados del IOMA. En esa situación, quedaron municipios como General Pinto, Navarro, Junín y Chacabuco.