Alerta industrial: advierten que el decreto de Milei pone en riesgo miles de empleos bonaerenses

El diputado bonaerense por la Quinta sección electoral, Gustavo Pulti, presentó un proyecto de declaración en la Legislatura provincial para repudiar el Decreto 273/2025 del Gobierno de Javier Milei, que elimina el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) y habilita el ingreso sin restricciones de maquinaria y embarcaciones descartadas por países desarrollados.

“Este decreto significa abrirle la puerta al descarte del mundo, con consecuencias directas en el empleo, la seguridad operativa y el tejido productivo de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina”, advirtió el diputado bonaerense de Unión por la Patria.

Según explicó el legislador de General Pueyrredon la medida publicada el pasado 16 de abril en el Boletín Oficial “supone sustituir producción argentina por equipamiento obsoleto” y afectará de manera directa a los sectores industriales, especialmente en municipios que concentran la mayor parte del Producto Bruto Geográfico bonaerense.

“El decreto 273/25 pone en riesgo miles de empleos directos e indirectos. En Mar del Plata, por ejemplo, la industria naval y pesquera representa el 3% de la producción industrial provincial y concentra más del 90% de la actividad pesquera de Buenos Aires”, detalló Pulti, y advirtió que “no se construirán más barcos ni se desarrollarán nuevas maquinarias nacionales”.

El legislador recordó que durante los años ‘90, una política similar tuvo efectos devastadores para la industria nacional. “Entre 1992 y 1999 ingresaron al país más de 100 embarcaciones usadas que podrían haberse fabricado en astilleros argentinos”, señaló, y agregó que la historia no puede repetirse.

El proyecto también pone el foco en las consecuencias estructurales que puede tener la eliminación del CIBU, al permitir el ingreso de bienes sin un análisis técnico previo ni restricciones. “Se desmantela el control estatal para permitir que cualquier equipo descartado del exterior llegue al país sin ningún tipo de evaluación. Esto compromete nuestra soberanía tecnológica y laboral”, remarcó el diputado marplatense.

Según el nuevo decreto, los importadores sólo deberán presentar una declaración jurada en el Sistema Informático Malvina (SIM), sin intervención previa de áreas técnicas del Estado, ni consideración del impacto en fabricantes nacionales de bienes similares.

Pulti cuestionó la lógica de “libertad de mercado sin Estado” que impulsa el Gobierno nacional: “Esta no es una política de desarrollo, es una política de resignación. Convertirnos en el último eslabón del descarte industrial del mundo es un daño al que no debemos resignarnos”, sentenció.

El legislador de Unión por la Patria enfatizó que el proyecto busca sentar posición frente a un modelo de país que “desarticula capacidades productivas” y deja a miles de familias expuestas a la precarización. “Defender la industria argentina es defender el trabajo, la investigación y el desarrollo”, sostuvo, al tiempo que reafirmó su compromiso con una economía que “invierta en valor agregado, innovación y empleo local”, sostuvo.

Finalmente, el proyecto de declaración alerta sobre los efectos ambientales, logísticos y sanitarios que también podrían derivarse del ingreso masivo de maquinaria en desuso y embarcaciones obsoletas. “No se trata sólo de una cuestión económica: también está en juego la salud pública, la sustentabilidad y la planificación a largo plazo del país”, concluyó Pulti.

Qué establece el decreto que repudió Gustavo Pulti

El Decreto 273/2025 habilita el ingreso irrestricto de bienes de segunda mano provenientes del extranjero, sin necesidad de cumplir requisitos técnicos, sanitarios o de eficiencia operativa. El argumento oficial es que se busca “mejorar la competitividad” y “reducir trabas burocráticas” para facilitar la importación de bienes de capital.

Sin embargo, la eliminación del CIBU implica que se podrán importar maquinarias obsoletas, sin condiciones de seguridad o aptitud técnica, lo que para sectores industriales representa una amenaza directa a la producción nacional.

El decreto también omite cualquier tipo de evaluación sobre el impacto ambiental de estos bienes usados, así como su compatibilidad con normativas laborales, sanitarias o tecnológicas locales. Además, suprime la intervención de organismos técnicos especializados que hasta ahora actuaban como filtros para evitar el ingreso de chatarra o equipamiento contaminante.