Ante los despidos, ATE anunció una nueva jornada nacional de lucha para el 15 de enero
El sindicato además definió adherir al paro del 24 de enero y movilizar al Congreso. “Son las argentinas y argentinos de bien los que están quedando en la calle por decisión de este Gobierno”, señaló su secretario general, Rodolfo Aguiar.
Redacción Canal Abierto | Luego de conocerse los primeros despidos en ministerios y organismos públicos, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una nueva Jornada Nacional de Lucha para el 15 de enero, con modalidad a definir en cada provincia, y anunció la adhesión al paro general del 24 de enero con movilización. “Son las argentinas y argentinos de bien los que están quedando en la calle por decisión de este Gobierno”, apuntó el Secretario General, Rodolfo Aguiar.
“No vaya a ser cosa que a alguien se le ocurra pensar que los estatales atentamos contra la gobernabilidad. Es el propio Gobierno el que está quebrantando la paz social. No sólo por las cesantías sin causa justificada, sino fundamentalmente por poner en riesgo el funcionamiento de numerosos organismos del Estado”, denunció el dirigente estatal y agregó: “Tenemos que despabilarnos. No podemos naturalizar lo que está pasando. Esta gestión propone un volantazo hacia el Siglo XIX para dejarnos sin derechos”.
Con la medida ATE también reclamará por una urgente recomposición salarial. En ese sentido, Aguiar indicó que el Gobierno “ha decidido un congelamiento de los ingresos y el porcentaje de estatales bajo la línea de pobreza aumenta aceleradamente”. En este marco –aclararon- es que se definió el paro total de actividades para el 24 de enero con movilización al Congreso.
Desde el sindicato además reiteraron su rechazo al mega DNU 70/2023, al decreto 84/2023, mediante el cual se dispuso la no renovación de los contratos que habían sido firmados en 2023, y a la Ley Ómnibus, donde se incluyen distintas medidas de ajuste, supresión de organismos públicos y la posibilidad de despido de trabajadores en planta permanente.
De acuerdo a las estimaciones de la organización sindical, la baja de contratos de trabajadores dispuesta por el decreto 84 pone en riesgo 7.000 puestos de trabajo, mientras que el artículo 9°, que dispone la renovación de contratos previos a 2023 por solo tres meses y que llama a un “relevamiento exhaustivo del personal”, podría afectar a un universo de 70.000 trabajadores.
Por su parte, el Centro Nacional de Jubilados de ATE también definió una jornada de protesta para el día 10 de enero, para reclamar por todas las medidas que atentan contra sus haberes jubilatorios y rechazar cualquier intento de privatización del sistema previsional.
Los afectados por los despidos
Desde ATE confirmaron despidos, vía no renovación de contratos, en dependencias del Estado Nacional de todo el país. Entre los organismos más golpeados se encuentran las ahora secretarías de Trabajo y la de Cultura, dependientes del ministerio de Capital Humano, y el ministerio de Economía. Y entre las provincias afectadas figuran la provincia de Buenos Aires y Corrientes, además de las sedes centrales ubicadas en la CABA.
En ese marco, ayer se realizó una asamblea en el ministerio de Trabajo, en la que participaron trabajadores de las sedes centrales de Alem y Callao, así como de Lanús y La Plata. Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE, acompañó la medida y denunció que a las 120 desvinculaciones conocidas ayer podrían añadirse más en los próximos meses. “En marzo podrían perderse el 40% de puestos laborales”, advirtió.
También informó que en dicha dependencia los trabajadores y trabajadoras se mantendrán en estado de alerta y movilización, además de plegarse a las medidas del 15 y la del 24. “Vamos a seguir articulando acciones para lograr la reincorporación de los despedidos y frenar el desguace del Estado”, indicó Cabezas, quien añadió que la lucha de ATE es, además, para “recuperar la soberanía del Estado y no perder políticas públicas”.
En paralelo, ATE Capital también prepara medidas de fuerza ante los despidos en dependencias nacionales pero también de la Capital Federal. Según informó Página 12, el gobierno de Jorge Macri instruyó a que cada ministerio de CABA reduzca entre un 30 y un 40 por ciento su personal monotributista. Con esa directiva, estaría en riesgo la continuidad laboral de 7 mil personas.
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