La Provincia presentó dos proyectos de ley para garantizar el pago de la Obligación Alimentaria y agilizar el proceso judicial de reclamo a los deudores. Ambos proyectos fueron aprobados por el Senado y uno se transformó este jueves en ley.

Sobre la ley que regula el proceso de cuota alimentaria

Ambas iniciativas, fueron redactadas en el marco de la Mesa de Trabajo sobre Obligación Alimentaria. Esta mesa fue creada tras la presentación del informe en 2022 “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires; un problema estructural que profundiza las desigualdades de género”.

El Informe, presentado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia y elaborado desde la Subsecretaría de Políticas de Género, a cargo de Lucía Portos, da cuenta de las desigualdades de género en las crianzas en hogares monomarentales: siete de cada diez mujeres no reciben aportes del progenitor de sus hijas e hijos.

El actual sistema de determinación y ejecución de la obligación alimentaria se encuentra centrado en el poder judicial. Las respuestas que reciben las mujeres por parte de esta institución son «deficientes y fragmentadas». El 65 por ciento de las mujeres bonaerenses no recibe la obligación alimentaria de parte del padre de sus hijos o sólo la percibe en forma esporádica. Cabe mencionar que este fenómeno se da en todas las clases sociales.

Por ello, el proyecto aprobado entiende que la falta de pago de la obligación alimentaria por parte de los progenitores contribuye a la aparición de formas de sobreendeudamiento de los hogares monomarentales. Esta problemática se suma a la sobrecarga de cuidados que afrontan las mujeres, derivada de la falta de pago de la obligación alimentaria, que las aleja de la posibilidad de acceder al empleo formal y registrado.

Los puntos clave de la ley

Así, entre las reformas que se acaban de aprobar en la Provincia se encuentran:

• Establecer parámetros para determinar el monto de la obligación alimentaria, como el Índice de Crianza, elaborado por el INDEC.
• Incorporar herramientas eficaces para obtener una respuesta rápida, ágil y flexible en un plazo razonable.
• Reducir el litigio en favor de una resolución rápida y pacífica de los conflictos.
• Fortalecer la autonomía en el proceso de toma de decisiones de las mujeres como usuarias del servicio de justicia.
• Reducir los obstáculos que enfrentan quienes crían a sus hijas e hijos. En ese sentido, admite legalmente el uso de aplicaciones de mensajería instantánea (como WhatsApp) para notificar la demanda de alimentos. El cambio surge a partir de la imposibilidad de notificar en domicilio, hecho que restringe el acceso a la justicia.
• Establecer plazos para dar respuesta a la prueba de informes utilizados para determinar el monto de la cuota alimentaria y el nivel de vida del demandado: cinco días para entidades privadas y siete para públicas.
• Establecer multas e intereses cuando los progenitores no se presentan a las audiencias judiciales sin adecuada justificación porque entorpecen el proceso.

Por último, la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, celebró la aprobación parlamentaria y destacó: “El eje del proyecto es el fortalecimiento de la autonomía de las madres. Busca equiparar las condiciones de desigualdad y desequilibrio de poder en los procesos judiciales por incumplimiento de la cuota alimentaria”.

Asimismo, detalló que es fundamental “que se puedan discutir herramientas para promover y acompañar una transformación en el desarrollo de nuestras infancias. De esto se trata: de profundizar esa transformación, con justicia social y con las mujeres como protagonistas”.