Arrancan las auditorías a las universidades

En medio de las protestas universitarias que se extienden en todo el país, el Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, comenzará este lunes con su plan de auditorías para las casas de altos estudios, con el objetivo de controlar el uso de las partidas que reciben del Estado.

En ese sentido, el director de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco, reveló detalles de esta tarea, que estuvo en el centro de la polémica luego del veto presidencial que derogó la Ley de Financiamiento Universitario.

“Vamos a trabajar primero en el programa de trabajo que será fundamentalmente en el control del uso de los fondos públicos que reciben las universidades”, sostuvo el síndico, cuyo organismo esta semana volvió a recuperar la atribución de revisar las cuentas de las casas de estudio.

En ese marco, Blanco recordó que la SIGEN ya había auditado universidades en el pasado, pero que hubo un cese de esta actividad tras un dictamen del ex procurador del Tesoro, Carlos Zannini, en 2022, durante la gestión del Frente de Todos.

Sin embargo, tras la decisión del Ejecutivo nacional, las auditorías comenzarán la semana próxima “con algunos casos como la Universidad de La Matanza”. Para el resto aún falta armar los equipos de auditores y luego se priorizará en qué universidades seguir “en función de los volúmenes de fondos y calidad de convenios”.

En cuanto al alcance de las auditorías, el directivo subrayó que el organismo se encarga fundamentalmente de ver el “sistema de control interno, estudiar los procesos y controles que hay en cada una de las reparticiones y después a través de un muestreo revisar el uso de los fondos”.

No obstante, Blanco aclaró que no intervendrán en cuestiones relacionadas con la autonomía universitaria, tal como la designación de autoridades o la elección de carreras y profesores: “Eso no está dentro de nuestro alcance”, remarcó.

Además, Blanco señaló que los informes de las auditorías estarán disponibles para el público a través de los mecanismos de acceso a la información pública y podrían ser publicados en la página web del organismo.

“Lo que hay que hacer es ver las facultades”, puntualizó el funcionario, tras detallar que uno de los puntos que estarán bajo revisión son los convenios firmados. En concreto, se revisará si los trabajos encargados a las universidades se realizan con recursos propios o si se subcontratan a terceros.

Vale destacar que, el plan de auditorías llega en un momento de máxima tensión entre la administración libertaria y las autoridades de las universidades, por el recorte en los presupuestos así como en los salarios docentes y no docentes.

En detalle, tanto los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), como el Frente Sindical de docentes universitarios y el movimiento estudiantil, aglutinado en la Federación Universitaria Argentina (FUA) exigen un incremento de las partidas presupuestarias ajustado, a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, ya que con el recorte a la educación superior, el personal docente y no docente perdió un 30% de poder adquisitivo.

Por su parte, desde Casa Rosada sostienen que el conflicto universitario se debe a que las casas de altos estudios no quieren ser auditadas. Sin embargo, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, replicó estas críticas al señalar que los controles internos a la institución son públicos.

“El Gobierno lo único que hizo fue atacar a las universidades, la sociedad se tiene que quedar tranquila que, dentro del Estado nacional, las universidades públicas tienen sistemas de auditorías interna y externa. Externamente, la Auditoría General de la Nación viene auditando a las universidades y las va a auditar el año que viene, ya aprobó el próximo programa. Eso es importante, porque es el control que no hacen las universidades sobre sí mismas”, afirmó Yacobitti.

En ese contexto, Bianco advirtió que “en el caso que haya sospecha de corrupción, si hay algún síntoma, se lo derivará a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que ellos sigan el curso”.