ATE intima a Arietto

Redacción Canal Abierto | La Asociación Trabajadores del Estado intimó a la senadora bonaerense Florencia Arietto a que ratifique y rectifique las amenazas lanzadas contra el Secretario General del gremio, Rodolfo Aguiar.

El viernes pasado, en el espacio que conducen Luis Majul y Pablo Rossi en La Nación+, una Aietto totalmente sobregirada fustigó contra Aguiar. “Conflicto social puede haber y lo resuelve la política. Cuando vos extorsionás, no hay conflicto social, hay un extorsionador. Aguiar es un extorsionador. Entonces, sí, te vamos a cagar a palos. El Estado va a ordenar y va a aplicar la ley, te fajo si no salís”, bravuconeó sin pronunciar una sola s.

“¿Se llama militarización eso para vos? Bueno, es militarización. ¿Sabés por qué? Porque hay una demanda popular de orden. Si vos rompés el orden, pagás las consecuencias. Hay que dejar de tener miedo que te corran con la militarización y cualquier cosa es represión y cualquier cosa es violencia institucional. Dejate de joder”, continuó su arenga, ante los dos periodistas que no encontraban la forma de meterle el freno a su entrevistada.

Desde el equipo jurídico del gremio entendieron que tratándose de una persona con responsabilidades institucionales, la situación excede el marco del circo mediático y decidieron tomar cartas en el asunto.

En diálogo con Canal Abierto, Juan Carlos Capurro, abogado del gremio, alertó que “cuando uno es un funcionario público, como esta señora que es legisladora, declaraciones como éstas son doblemente grave porque se supone que está para defender la Constitución Nacional, las leyes, el ordenamiento”.

“Ella habla de un orden en el que le parece fantástico llamar a la violencia. Y a quién llama  es a la ciudadanía. No está llamando a un amigo o al tío, lo que está haciendo es una declaración pública a favor de la violencia, como vehículo de lo que ya considera que debe ser prácticamente la palabra del Estado”, agregó el letrado.

Y sentenció: “esto es muy grave y es por eso que el gremio ha tomado el tema en sus manos. No queremos que esto ocurra, esto no tiene que ocurrir porque de lo contrario da piedra libre para que cualquier persona desequilibrada haga cualquier desastre”.

En tal sentido, el desde el área jurídica del gremio emplazaron a que en un plazo de 48 horas la legisladora se retracte de sus dichos. “Si lo rectifica y pide disculpas estaría en una enmienda del problema, que es algo que en el derecho penal se estila. Si la persona pide las disculpas y reconoce que está mal lo que dijo en  una declaración pública de que fue un error, es un mensaje para los que puedan creer que eso es piedra libre”, planteó Capurro.

Y evaluó que “es un antecedente muy grave que en un gobierno elegido democráticamente alguien diga este tipo de cosas. Aún en el caso del gobierno de Estela Martínez de Perón que con su gobierno expresó la violencia política, fue fulminada políticamente y jurídicamente por su conducta con posterioridad después de la dictadura. Este tipo de conductas no son gratuitas y no pasan ni deben pasar inadvertidas de ninguna manera en nuestro país”.

Capurro advirtió sobre “los discursos de odio que se propagan desde distintos sectores del poder que alimentan este tipo de expresiones de alguna funcionaria que parece estar un poco perdida en su juicio”. Y llamó la atención de que “los propios integrantes del programa que la cobijó para que fuese a expresarse, la corrigieron. Y no son personas que podríamos decir que comulgan muchas veces con las posiciones democráticas. Sin embargo, no dejaron pasar el asunto y ya tuvo que corregir al final diciendo que la ley que sí, que pero no era lo que ella dijo”.

Consultado acerca de si podía tomarse esa última parte como una rectificación respecto de la amenaza, Capurro sostuvo que “ella tiene que dar las explicaciones y rectificarse. O la ratifica por su silencio o por alguna otra cosa que diga”. Y advirtió que “quienes han sufrido la amenaza no es solamente al secretario general de ATE al que le está diciendo eso, se lo está diciendo a toda la población. Eso es lo más grave, que es una amenaza coactiva por parte de una funcionaria pública, que es una legisladora”.

En caso que Arietto no hiciera ninguna declaración pública enmendando sus afirmaciones, le podrían caber cargos por de amenaza coactiva, la intimidación pública, incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública, entre otros.

En tal sentido emplazó al poder legislativo bonaerense a que se expida al respecto. “Ttambién la Legislatura le debe pedir explicaciones por su conducta e inclusive removerla. Y si no se pronuncian, también cargarán con el escarnio de no haber actuado. Pero al ser un hecho público, son ellos los que tienen que decidir si van a actuar o no”, concluyó Capurro.

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