“Las clases media baja y baja, que representan el 70 por ciento en el esquema de ingresos actuales, son las más afectadas. Porque sus mayores costos son alimentos, transporte y el consumo eléctrico, que van a tener dificultades para pagarlo”, plantó el defensor.

En ese sentido, explicó que “si se gastan más de 400 kw mensuales el aumento será por encima del 150 por ciento”. Es que, con el nuevo cuadro tarifario, a una familia tipo que exceda el límite impuesto, sin importar si se es categoría N2 o N3, “automáticamente le quitan el subsidio y podría pagar entre 34.000 a 40.000 pesos”.

“Les quitaron el subsidio a hospitales, sanatorios y mayoristas, con lo eso representa, porque en Argentina hay un alto juego especulativo. Ya los incrementos que hubo entre principios de diciembre y fines de febrero exceden el 60 por ciento en los alimentos. Esto va a significar que se redoble la aceleración de la inflación”, evaluó.

Tras enfatizar que la Constitución establece que “los servicios públicos son derechos humanos fundamentales”, Bassano expuso que el gobierno nacional va por más: “El 29 de febrero va a haber otra audiencia pública para quitar el subsidio”.

Qué pueden hacer los consumidores según Osvaldo Bassano

Basanno dio algunas sugerencias para enfrentar los aumentos. “Vigilen las facturas”, enfatizó. “Sobre la mayoría de las facturas ha habido denuncias muy grandes porque han abusado y han colocado estratos que no les corresponde a los usuarios”, alertó.

En caso de detectar excesos, Osvaldo Bassano instó a denunciarlos ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de inmediato para que se corrija la recategorización.

“Yo suspendería el aire acondicionado, el planchado, haría menos lavados en lavarropas y apagaría luces. Hay que poner lámparas de bajo consumo y revisar la instalación eléctrica a ver si hay pérdidas. Para ello, se debe apagar todo y desenchufar todos los equipos eléctricos para verificar si hay consumo en el medidor. Háganlo, porque podrían tener sorpresas desmesuradas”, recomendó.

¿Un aumento injusto?

Tras quejarse de que “el sistema está totalmente colapsado” porque “son casi seis millones de usuarios que atienden Edenor y Edesur (hay que calcular cuántos más de cada grupo familiar)”, Bassano planteó que “no se pueden incrementar las tarifas mensualmente conforme a la inflación porque así no está en la ley y contradice lo que dice el artículo 42 de la Constitución, que habla de la protección económica del consumidor”.

“Debemos recordar que, además del DNU, 69 normas fueron derogadas, que hacen que la inflación le pegue de forma directa al bolsillo del consumidor de modo tal que tenga que dejar de comer. O come o prende la luz. Y todavía falta el aumento del gas”, concluyó.