Baja de edad de imputabilidad: la Iglesia Católica también rechaza el proyecto del oficialismo

En las últimas horas, la Pastoral Carcelaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su rechazo a modificar el umbral de bajar la edad de imputabilidad-actualmente vigente a partir de los 16 años- y la calificó como una “salida superficial” para afrontar la delincuencia en los adolescentes. Este pronunciamiento se lleva a cabo en el contexto del debate que impulsa el Gobierno nacional para intentar bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.

Así, por medio de un comunicado titulado “No encerremos la esperanza”, la Pastoral manifestó: “Sí, consideramos que es necesario un nuevo régimen penal juvenil, que acompañe y promueva integralmente el desarrollo de los menores, pero sin bajar la edad mínima de imputabilidad. Hay un marco y un recorrido social desde que alguien es concebido hasta que comete un delito. Como sociedad, tenemos que sentirnos responsables para ayudar a “prevenir” la conducta de los niños y jóvenes que transgreden la ley. Debemos reflexionar: ¿quiénes estuvieron presentes para brindar contención en momentos decisivos? ¿La familia? ¿El Estado en general? ¿La escuela? ¿La Iglesia? ¿Los vecinos del barrio?”.

“Es por ello que, en la Pastoral Carcelaria, decimos que cuando alguien comete un delito, trasgrede la ley y cae preso, es porque alguien estuvo ausente: la familia, la sociedad, el estado, la escuela, la Iglesia, etcétera… en ese sentido, también hay que considerar el proceso de desarrollo cognitivo y psicológico completo de una persona, que le permite razonar, anticiparse, planificar o realizar juicios críticos, y que a la edad de 18 o 19 años aún está incompleto”, remarcó.

Relevamiento, presupuesto y reinserción social

“Además, es necesario hacer un relevamiento integral de la situación de los menores que delinquen, que debe ser fruto de una estadística real y presente: en el ámbito social, cultural, familiar y económico, para entender mejor las causas de sus acciones y permitir una intervención más efectiva del Estado, por lo que se hace necesario un trabajo de prevención urgente que implica un mayor compromiso. También contar con el presupuesto necesario para acompañar a menores en conflicto con la ley, pero también de todas las Instituciones que forman parte de la sociedad civil, con profesionales idóneos y comprometidos”, plantearon.

También, la Pastoral enfatizó que se necesita a los jóvenes, “pero no presos, sino como parte de una sociedad más justa, sana, solidaria, que los incluya para participar y evolucionar, no encerrados en una decadente y oscura involución. Nunca el encierro, ni penas más duras, ni la baja de la imputabilidad, son la solución para detener la violencia. Son salidas superficiales y sin lógica de solución hacia el futuro”, señalaron.