Barcesat: “La disolución de Vialidad Nacional era una violación de los deberes de funcionario público”
Tras la medida cautelar contra el cierre del organismo, el reconocido abogado constitucionalista advirtió en diálogo con Radio Universidad que la medida del Ejecutivo "ponía en riesgo a todo aquel que transitara por las rutas nacionales".
En declaraciones a Radio Universidad, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat se refirió a la reciente medida cautelar que impide cualquier modificación en el funcionamiento de la Dirección Nacional de Vialidad por el plazo de seis meses. «El fallo dice que el decreto es ilegal y arbitrario», sostuvo el letrado en referencia a la decisión de la jueza federal de San Martín, Martina Forns.
«En vísperas de la caducidad del período de vigencia de las facultades delegadas que en mala hora se le dieron al Presidente (Javier Milei), y no estando comprendida en el texto de la Ley Bases la privatización o desmantelamiento de los organismos que fueron incorporados al decreto, la disposición del Ejecutivo carece de razonabilidad y legitimidad«, analizó el reconocido abogado constitucionalista.
Según Barcesat, «las razones de ilegalidad y arbitrariedad son más que notorias«. «Afecta derechos laborales, la estabilidad y la permanencia de las fuentes de trabajo», consignó. Y enfatizó: «Si uno examina el extenso decreto y sus fundamentos, va a ver que no hay nada cierto respecto de lo que van a hacer en materia de vialidad, investigación, tecnología industrial o agropecuaria, sino que se limitan a recortar».
Institucionalidad
En concreto, la magistrada determinó que, por seis meses, el Ejecutivo no puede avanzar con “reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad”. Así, los trabajadores de Vialidad Nacional (como se la conoce históricamente) conservarían puestos y funciones.
“La jueza dio una muestra de su idoneidad, independencia e imparcialidad, que son los requisitos para el ejercicio de la función judicial, dictando una medida cautelar suspensiva de la puesta en ejecución del decreto 461/25″, ponderó Barcesat en diálogo con la emisora universitaria. Y arriesgó que la medida del Ejecutivo fue «el último zarpazo del Gobierno de Milei a la institucionalidad».
De acuerdo al abogado constitucionalista, los organismos afectados por las últimas resoluciones del Ejecutivo mediante las facultades delegadas por el Legislativo «custodian la seguridad, la vida, la investigación científica y la aplicación tecnológica». «Si le dejamos continuar este engendro normativo, el Gobierno va a destrozar familias y derechos de consumidores y usuarios«, alertó.
En ese sentido, advirtió que la pretendida disolución de Vialidad Nacional implicaría «un riesgo de la vida». “Es una violación de los deberes de funcionario público que lleva a poner en situación de riesgo a todo aquel que transite por las rutas nacionales», reafirmó. Y sintetizó: «Todo está afectado por esta locura de destruir y destrozar».
