Chocolate Rigau: ordenan allanamientos en la causa que investiga a los ñoquis de La Plata
A partir de la causa de Chocolate Rigau, la Justicia ordenó nuevos allanamientos por presuntas maniobras con ñoquis en la Municipalidad de La Plata.

A partir de la información extraída del télefono de Julio “Chocolate“ Rigau, el puntero del PJ encarcelado por la presunta asociación ilícita y estafas en la Legislatura bonaerense, la Justicia ordenó este viernes nuevos allanamientos por presuntas maniobras con ñoquis en la Municipalidad de La Plata.
En ese sentido, a partir de la causa Chocolate Rigau, la Justicia de La Plata ordenó al menos 13 allanamientos como parte de una investigación sobre presuntas maniobras irregulares con ñoquis de la Municipalidad de La Plata.
En efecto, en las últimas horas, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta solicitó operativos en viviendas particulares y dependencias municipales con el objetivo de secuestrar documentación, teléfonos móviles y otras evidencias relevantes para avanzar con la causa.
Este expediente, paralelo a la causa de Chocolate Rigau, se centra en al menos cinco hechos sospechosos. Uno de ellos investiga el ingreso de personas a la planta municipal entre 2021 y 2023 que, si bien figuraban como empleados, en realidad no cumplían tareas.
Según explicó el fiscal, estos individuos “formaban parte del esquema recaudatorio entregando parte o la totalidad de los haberes percibidos, en razón de su función, a los demás autores del hecho descripto” en la Municipalidad de La Plata.
Detrás de estas contrataciones estarían tres personas que ocupaban cargos jerárquicos dentro del organigrama de la Municipalidad de La Plata: en la Secretaría de Coordinación Municipal, en la Subsecretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia, y en la Dirección General de Personal y Capital Humano.
En ese marco, Ricardo Ismael Jalet y Lorena Mabel Valdata fueron señalados por la Justicia como los supuestos encargados de recaudar el dinero, y ambos tendrían vínculos con el puntero del PJ, Chocolate Rigau.
Otra maniobra apunta a dos ex funcionarios que renunciaron pero igualmente seguían cobrando su sueldo. Se trata de Facundo Pérez, que estuvo a cargo de la Dirección General de Habilitaciones, y Dario Javier Musto, asesor en la Secretaría de Políticas Públicas.
También se descubrió a una mujer, identificada como Moira Jazmin Valdez, que trabajaba en el Centro Comunal Los Hornos, en la calle 137 y 64 de La Plata, y cobraba los haberes de su ex marido, ya fallecido. De esa manera se habría apropiado de más de $2 millones.
El último hecho que se desprende la causa de Chocolate Rigau tiene que ver con otra mujer, Romina Paola Villegas, que trabajaba en la Coordinación Municipal de La Plata y cobraba al mismo tiempo un plan social.
Causa Chocolate Rigau: encuentran una nueva estructura ilícita
En agosto del año pasado, la fiscal Betina Lacki, que está a cargo del caso de Chocolate Rigau, pidió que el expediente principal se divida en tres partes; el tramo central, que está a un paso del juicio oral, otro que investiga la maniobra con empleados del Senado bonaerense, y el que apunta a la malversación de caudales públicos en la Municipalidad de La Plata.
Este último caso comenzó con las pruebas encontradas en el teléfono de Rigau. De esa pericia surgieron varios nombres que tenían relación con el puntero del PJ: Sergio Lucero, Ricardo Ismael Jalet, Lorena Mabel Valdata, Jorge Pablo Villar, Cristian Osvaldo Rigau, y Amancay Martina Aylen Valdata.
“De las extracciones del teléfono, se determinó que con Jalet y Valdata, coordinaban la presunta recaudación de los haberes, de diferentes personas”, determinó el fiscal Condomí Alcorta.

En su dictamen, el representante del Ministerio Público mencionó a Néstor Omar Pulichino, quien estaba a cargo de la Secretaria de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia. “Bajo su gestión (junto con Oscar Rodolfo Negrelli y Mariano Baruki Perez Aramburu) se pudieron advertir inconsistencias de diversas índole en nombramientos y/o el cumplimiento de los contratos laborales en la Municipalidad, como así también la administración de los fondos públicos para el pago de los haberes por esos servicios”, puntualizó el fiscal.