Conflicto entre la empresa minera Elevado Gold y la Comunidad Indígena de Peñas Negras

El conflicto entre la empresa minera Elevado Gold y la Comunidad Indígena de Peñas Negras, que lleva ya más de dos años sin resolver, volvió a recrudecerse en las últimas semanas, cuando empleados de la empresa, acompañados por efectivos de la policía provincial, volvieron a tratar de ingresar por la fuerza al territorio comunitario (ya habían tratado de hacerlo hace dos años, cuando montaron un campamento minero en el límite de la comunidad), con el objeto, al parecer, de llevar a cabo estudios de prospección en el cerro Alto de Salle, donde se localiza el pedimento minero Alto El Mulato (esto es, al norte del departamento de Belén, provincia de Catamarca, límite con la provincia de Salta).

En esta oportunidad, los policías, sin orden judicial alguna y el papel de pistoleros de la empresa, trataron de abrir paso al grupo de empleados de la empresa diciendo que ellos «eran la ley» y que las familias comuneras y las autoridades indígenas «no eran nadie» y que tenían que dejar que pasen los mineros, al tiempo que la gerenta de relaciones comunitarias de la empresa, Olga Reynoso, les mostraba un contrato de pastaje firmado entre la familia terrateniente y el cacique de la comunidad vecina de Aguas Calientes, pretendiendo desconocer la posesión comunitaria indígena de las tierras que actual y ancestralmente ocupan, ingresaron por la fuerza a junto a 20 personas, rompiendo Puestos , corrales, se llevaron 10 kilos de charqui( alimento de la comunidad) y algunos animales, ante ello, el cacique de la Comunidad Indígena de Peñas Negras, Sebastián Gutiérrez, y otros comuneros, bajan de los cerros a hacer la denuncia en la Fiscalía de Belén el pasado 27 de marzo, y en sus testimonios dan cuenta de los hechos de violencia que vienen sufriendo por parte de la empresa, que contrata comuneros de otras comunidades para enfrentarlos y hostigarlos, y que las familias comuneras de Peñas Negras llevan días organizando guardias en el cerro para no dejar que suban los mineros, además que la policía había empezado ya a perseguirlos, llegándose a sus casas con supuestas citaciones. A lo cual, la fiscal de Belén, Marina Villagra (que ya previamente había imputado al cacique Sebastián Gutiérrez y perseguido judicialmente a comuneros de Peñas Negras y las cacicas que los acompañaban en su lucha territorial), ordena el 29 de marzo que se conforme un destacamento policial en Aguas Calientes «con el objetivo fundamental de protección tanto de los pobladores de ambas comunidades (Aguas Calientes y Peñas Negras) como también del personal de la Minera Elevado Gold, hasta tanto se cumplan las tareas autorizadas por el Ministerio de Minería…», de lo cual, recién el día de hoy los comuneros toman conocimiento. Por otro lado, dado que los empleados de la empresa no se iban sino que estaban estableciendo un nuevo campamento en el pueblo de Aguas Calientes, y el conflicto continuaba, el pasado 9 de abril el cacique Sebastián Gutiérrez vuelve a la ciudad de Belén para presentar un interdicto ante el juez civil para que se deje de turbar la posesión comunitaria. Luego, en el día de hoy, 11 de abril, se presenta la infantería, escoltando a las camionetas mineras, y haciéndolas pasar por la fuerza el territorio de la comunidad de Peñas Negras en Ciénaga Redonda, pese al bloqueo que los comuneros habían comenzado contra el personal la empresa minera, produciéndose luego en el cerro una represión con disparos de balas de goma y apaleos en los que uno de los comuneros más ancianos de la comunidad, don Félix Escalante, resulta lastimado, sin conocerse su estado todavía, se solicito la  presencia de ambulancias y hasta el momento que no se presento en el lugar ningún efector de salud  para asistencia de los heridos

Cabe mencionar, por otro lado, que ya en una Asamblea que había tenido lugar el 25/7/2023 entre la Comunidad Indígena de Peñas Negras y la Secretaria de Minería, la Sra. Teresita Regalado y el Director de Afirmación de los Derechos Indígenas de la Provincia, el Sr. Emmanuel Fiol, se había dejado constado bajo acta que la Comunidad no daba su consentimiento para que la empresa Elevado Gold realice ningún tipo de estudio en su territorio y se pedía que la misma deje de hostigar y perturbar su vida comunitaria. No obstante, lo cual, el 7/2/24, el Ministerio de Minería renueva el permiso a esta empresa (Resolución Nº RESGE-2024-46-ECAT-MM, RESOLUCION DE APROBACION DE IIA. PROYECTO “AGUAS CALIENTES I, II Y III), en contra de la voluntad manifiesta de la Comunidad Indígena de Peñas Negras, en cuyo territorio se localiza el pedimento, según consta en Actas de la Asamblea del día 25/7/2023. Además, en numerosas oportunidades, la Comunidad de Peñas Negras se entrevistó con el Gobernador Raúl Jalil y el ex ministro de gobierno Jorge Moreno, manifestándoles que ellos no daban su consentimiento al proyecto minero, ya que el mismo atentaba contra su modo tradicional de vida y su Buen Vivir, como ha quedado demostrado objetivamente en el gran conflicto intercomunitario que se produjo a raíz de la intromisión de la empresa minera en los territorios indígenas, y del mismo Estado provincial, que como socio de las empresas, en lugar de intervenir en los conflictos socioterritoriales para garantizar los derechos de las comunidades indígenas, habría acordado estrategias y acciones con las empresas y las familias terratenientes a fin de desarticular las organizaciones comunitarias, originando conflictos entre las comunidades y corrompiendo las instituciones indígenas a través de sobornos y prebendas a los caciques. Este ha sido y es el modus operandi del gobierno provincial para con nuestros pueblos originarios: no reconocer sus derechos colectivos constitucionalmente reconocidos, sino tratar con ellos según la lógica del clientelismo político, aprovechándose de las condiciones de pobreza y los problemas estructurales existentes en estas regiones (problemas de salud, educación, servicios públicos, comunicación, etc.).

CON LO QUE DENUNCIAMOS:

Que el Estado provincial es cómplice de esta situación de violencia que hoy está sufriendo la Comunidad Indígena de Peñas Negras, que no se está respetando su derecho a la consulta previa, libre e informada ni su derecho a la libre determinación, como hemos denunciado ya públicamente en numerosas oportunidades, que el gobierno que no quiere reconocer los derechos indígenas. Que el Ministerio de Minería, el

Que el Estado provincial ha desoído la voluntad manifiesta de la Comunidad Indígena de Peñas Negras y de otras comunidades de la región que se ven afectadas por este emprendimiento, según consta en los libros de actas, los comunicados públicos de la Unión Diaguita de Belén, las notas en los diarios y otros medios de comunicación, y también en el Informe de situación a partir de la observación in locus por una comitiva conformada por representantes de organismos estatales y organizaciones (Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Instituto Interdisciplinario Puneño de la Universidad Nacional de Catamarca, Asociación Civil Xumek, Jóvenes por el Clima, Colectivo comunicacional La Poderosa, Movimiento Popular Nuestramérica), presentado en el Congreso de la Nación el día x/x/23.

Que el Estado provincial es responsable de violencia y hostigamiento institucional, tanto por omisión como por acción, entre los que cabe mencionar la persecución judicial de los comuneros como las extralimitaciones de las fuerzas de seguridad.

Que el Estado provincial desconoce abierta y alevosamente los derechos de los pueblos originarios, violándolos y pretendiendo seguir adelante con el proyecto minero sin el consentimiento de la Comunidad y sin que haya tenido el debido procedimiento de la consulta previa, libre e informada, conforme lo estipulado por reglamentaciones nacionales e internacionales (Convenio 169 de la OIT y Ley Nacional 24.071).

Información: suministrada por Ingrid Aguilar Villacorta Ex Cacique de la comunidad India Los Morteritos