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Cornejo entrega el agua de los mendocinos a Eduardo Elsztain

El otorgamiento de permisos de agua en zonas restringidas a empresarios ligados al poder, que multiplica por diez el valor de sus tierras, despertó el debate. Asambleas ambientales en alerta y pedido de juicio político a Sergio Marinelli, superintendente de Irrigación.

Por Nahuel Croza | Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación de Mendoza, entregó nueve permisos de agua en zonas restringidas a empresarios ligados al poder. Uno de ellos, es el empresario mileísta Eduardo Elsztain (a través de su empresa CRESUD S.A.), aquel que alojó al luego presidente durante más de dos meses en el Hotel Libertador, de su propiedad. Los otros permisos fueron para Chimpay La Rioja S.A. -del empresario coreano Young Woo-, Grappolo S.A. -una bodega- y Pedro García Mateo.

Los pozos fueron autorizados en febrero de 2025, en la Subcuenca El Carrizal – margen derecha del río Mendoza (acuífero ya vulnerado por los pasivos ambientales generados por la refinería de YPF en Luján de Cuyo), en la localidad de Agrelo, una zona declarada en restricción en agosto de 2024 mediante la Resolución 1108, firmada por el mismo funcionario. La decisión contradice informes técnicos, jurídicos y científicos que recomiendan mantener la limitación para extraer agua de un acuífero considerado vulnerable.

El cuestionado Sergio Marinelli, el gobernador del agua”.

Pese a su propia decisión, seis meses más tarde, Marinelli a través de la Resolución 125, autorizó los permisos para perforar basándose en que existe disponibilidad en los volúmenes remanentes.

El detalle de los permisos de perforación en las zonas con restricción denunciados es:

  • Cresud SAFICyA (de Eduardo Elsztain), con 5 pozos para regar 424 hectáreas.
  • Chimpay La Rioja S.A., (de Young Woo), con 2 pozos para 150 hectáreas en el emprendimiento Santa María de Los Andes.
  • Grappolo S.A., de Walter Bressia (presidente de Bodegas de Argentina), con 1 pozo para uso industrial y recreativo.
  • Pedro García Mateo, con 1 pozo para 18 hectáreas.

No tenemos pruebas ni dudas de que en esta secuencia hubo bolsillos abundantemente irrigados.

Como en cualquier territorio, el agua es un bien común esencial y su gestión es fundamental para la vida, más aún en una provincia con un clima árido y semiárido. A lo largo de la historia, incluso antes de la Colonia lo hizo la población originaria huarpe -despojada de este bien-, los pobladores supieron generar los denominados oasis, recurriendo al agua proveniente principalmente de las nieves derretidas de la cordillera de los Andes, almacenada en embalses y distribuida a través de una red de canales e infraestructuras hídricas.

¿Pero cómo se organiza la utilización de este bien? “El agua es el bien común más vital y crítico, que permite la organización del territorio en los grandes oasis. En Mendoza tenemos por un lado la vieja Ley de aguas de 1884, complementada con una serie de muchas otras leyes, normativas y resoluciones, algunas bastante más recientes, de los años 70 y posteriores. Luego, hay resoluciones del Departamento General de Irrigación que van saliendo año a año con respecto al manejó de las aguas subterráneas”, explica Marcelo Giraud, docente y referente de las Asambleas por el Agua de Mendoza, en diálogo con Canal Abierto.

Marcelo Giraud, referente de las Asambleas por el Agua de Mendoza, con el cartel que reza: Mendoza, hija del agua (FOto: Gustavo Alarcón)

“La cuestión de las aguas subterráneas es bastante crítica porque se ha evidenciado una sobreexplotación de algunos de los acuíferos, a través de la perforación de pozos bastante más profundos con un potencial de gran extracción, sobre todo en la zona sur del departamento de Luján de Cuyo”.

El Departamento de Irrigación es un organismo autárquico sumamente importante porque tiene a su cargo la administración del agua de la provincia. “Es a tal punto así, que al superintendente se lo suele llamar ‘el gobernador del agua’”, sostiene Giraud. “Es una figura de mucho peso que incluye un Honorable Tribunal Administrativo de cinco miembros, uno por cada cuenca de los principales ríos. Tradicionalmente había tres consejeros del oficialismo y dos por la oposición”.

Alfredo Cornejo y Sergio Marinelli.

En función de la concentración de poder cada vez mayor del gobernador Alfredo Cornejo, que prácticamente tiene la suma del poder público en Mendoza, los cinco consejeros responden al primer mandatario. “Es la primera vez que pasa esto, que la oposición no tenga ningún integrante en el Tribunal Administrativo. El oficialismo tiene mayoría en las dos Cámaras de la Legislatura, la mayoría de los jueces de la Suprema Corte de Justicia provincial le tributan, tiene un control bastante fuerte sobre el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y la Universidad Nacional de Cuyo. Marinelli, el actual superintendente es el primero en ese cargo desde la creación del departamento a fines del Siglo XIX, hace 140 años, en ser reelegido para un segundo mandato”, describe el referente de las Asambleas por el Agua.

“La tierra sin derecho de riego ni superficial, ni con pozo autorizado por Irrigación, vale, entre comillas, dos mangos. No se están dando nuevos permisos de agua de riego superficial (por canales y acequias), pero el permiso de un pozo para bombear agua subterránea te puede fácilmente multiplicar el valor de mercado de la tierra por 10”, explica Giraud.

La senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) anunció en las últimas horas que se pedirá el jury de enjuiciamiento para Marinelli. El funcionario oficialista, entre los argumentos que dio en su defensa sostuvo que “el otorgamiento de pozos no se dio a empresarios poderosos, sino a quienes tienen espalda para sostener en las zonas proyectos productivos onerosos”.

“Es bastante absurdo, porque la frase anterior dice ‘no es porque sean poderosos’, sino que porque tienen dinero para darle sostenibilidad económica al proyecto productivo. Desde las Asambleas, nos causó entre risa y muchísima bronca”, explica el referente ambientalista.

“La lectura política que hacemos de esto es que la figura por por encima de todos los poderes políticos pseudo democráticos es Eduardo Elsztain. Marinelli puesto por Cornejo, el gobernador más cercano a Milei, que es el brazo político de los intereses económicos del dueño de IRSA, que viene teniendo una expansión de sus negocios en todo tipo de actividades extractivas, en diversas regiones, en diversas provincias del país, tanto en minería, como en proyectos inmobiliarios, generación de energía, etc. Avanzan en el despojo de los bienes comunes”, concluye Giraud.

Ante la difusión mediática de estos hechos, la actual conducción del Departamento de Irrigación publicó ayer una nota explicativa. En la misma informan que el otorgamiento de estos permisos se dio en el marco de un proceso de reordenamiento de las solicitudes de perforación en las zonas con restricción. En el mismo se exigió que quienes hubiesen tramitado autorizaciones las ratificaran y, de acuerdo al orden de presentación, las solicitudes fueron evaluadas teniendo en cuenta todos los estudios disponibles de los acuíferos. A su vez, informan que se generó un mapa de disponibilidades publicado en su página web.

Marinelli, inculpa a una gestión previa, la conducida por Eduardo Frigerio -quien renunció para evitar su enjuiciamiento-, por otorgar permisos fuera de regla. “Fue uno de los escándalos más graves en la historia de Irrigación. Otorgó una cantidad de permisos para pozos muy grande. Algunos destinados a los llamados wine country: barrios privados, fincas donde personajes de la farándula o empresarios, por ejemplo Marcelo Tinelli, tienen su viñedo, su casa de vacaciones y una bodeguita para hacer su propio vino. Ese tipo de cosas”, narra Giraud.

Según argumenta el actual responsable, debido al proceso de depuración de la siguiente gestión, las solicitudes cuestionadas en este momento no fueron tenidas en cuenta. Debido a ello, Cresud S.A. recurrió a la Suprema Corte que falló ordenando a Irrigación que se expida sobre el tema.

Irrigación sostiene que basada en estudios del INA (Instituto Nacional del Agua) y el IHLLA (Instituto de Hidrología de Llanuras – Conicet) que analizan el acuífero “concluyó que había disponibilidad de un pequeño remanente a distribuir, considerando a todos los que se encontraban en la misma situación que Cresud S.A.”, según sostienen en su nota de descargo.

 

Fuente: https://canalabierto.com.ar

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