Corte Suprema de Justicia: piden participación ciudadana «real» en las audiencias

El 21 y 28 de agosto se realizarán las audiencias públicas en el marco del proceso de designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Distintos sectores de la sociedad civil solicitaron a la Cámara de Senadores de la Nación que asegure la participación ciudadana en esas instancias. Actualmente, el máximo tribunal tiene una vacante y en diciembre, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, se abre otro puesto. Los candidatos son Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Varias organizaciones solicitaron que la audiencia pública sea participativa, que cuente con un espacio para que la ciudadanía pueda expresarse, que existan criterios claros en la selección de las preguntas que se realizarán a los candidatos y que sea un debate abierto para que el proceso sea transparente. Además, cuestionaron la forma en que se está llevando adelante la elección de los candidatos y la falta de paridad de género. Por este motivo, las organizaciones estarán realizando una audiencia pública ciudadana el 22 de agosto, en el Congreso de la Nación.

Para Karina Kalpschtrej, directora ejecutiva adjunta de Poder Ciudadano, “el proceso de postulación de Lijo y García Mansilla se está realizando de espaldas a las demandas de la ciudadanía. Y esto en varios sentidos, por ejemplo, que la demanda de máxima integridad para el ejercicio de cargos de tal magnitud no se está cumpliendo al presentar postulaciones que son objeto de observaciones e impugnaciones desde los más variados sectores. El Decreto 222 plantea mecanismos de apertura para el proceso. Y, si bien se recibió respuesta a las observaciones realizadas ante la Comisión de Acuerdos del Senado, por parte de los candidatos, no obstante esto no es un mecanismo de diálogo y de pluralización de voces”.

La Constitución Nacional establece que el Ejecutivo debe nombrar a los magistrados con acuerdo del Senado, por dos tercios de sus miembros presentes en sesión pública. Los candidatos necesitarán como mínimo entre 25 y 48 votos positivos para convertirse en jueces de la Corte. Hasta el 23 de julio estuvo abierto el plazo para realizar observaciones y preguntas a los candidatos.

Por una composición diversa

Antes de que se fijara la fecha para las audiencias públicas, 13 organizaciones solicitaron no iniciar el proceso ya que no se cumplía con la obligación de garantizar una composición diversa en materia de género en la Corte Suprema de Justicia. Los dos candidatos postulados, Lijo y García Mansilla, cubrirán el lugar que dejó la jueza Elena Highton de Nolasco a fines de 2021 con su renuncia y la próxima vacante que dejará Maqueda con su jubilación en diciembre.

“¿Cómo puede cumplir su rol de garante de derechos fundamentales una CSJN que, en su propia composición, atenta contra la igualdad y la integridad que, aparte de ser demandas sociales, son obligaciones constitucionales? En ambos casos, Argentina tiene juristas que cumplen con esos criterios y que deberían ser parte de esta postulación”, agregó Kalpschtrej.

La falta de paridad en la Justicia es una situación que se repite a lo largo del país: sólo el 29% de los cargos más altos están ocupados por mujeres, según el Mapa de Género confeccionado por la propia CSJN. En toda la historia argentina solo hubo tres mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación frente a 104 hombres.

¿Cómo debería ser una audiencia realmente participativa?

Siguiendo a Kalpschtrej, la audiencia debe ser un trámite transparente y generar un espacio de participación pública, real y sustantivo. «Tiene que haber representación de todas las voces para acercar a quienes deciden, elementos que hagan de ese voto, un voto informado como se le pide a la ciudadanía. No es lo que está ocurriendo en este caso y no es tan complejo de organizar. Eso fue visto ya en otros procesos legislativos donde las voces a favor y en contra se expresaron de cara a toda la ciudadanía y el Congreso pudo decidir de forma fundamentada”.

“Es posible que la audiencia pública intente ser utilizada como una instancia de legitimación política”.

En este sentido, desde Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), INECIP, ACIJ, Poder Ciudadano y la Unión de Usuarios y Consumidores, aseguran que la participación ciudadana robustece el debate, mejora la legitimidad y la calidad de las decisiones públicas, aumenta la confianza y fortalece la rendición de cuentas.

Actualmente, el reglamento del Senado permite que los ciudadanos presenten preguntas a los candidatos. Sin embargo, los criterios con los cuales se seleccionan o formulan luego las consultas no son claros. “La participación ciudadana en estas audiencias suele ser puramente decorativa. El reglamento permite que la ciudadanía presente preguntas y observaciones, pero es ineficaz porque los senadores tienen la posibilidad de filtrar las preguntas e ignorar las impugnaciones sin ningún costo ni fundamento”, señaló Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

Una de las formas es establecer criterios objetivos y claros en la selección de las preguntas o realizar un sorteo de las consultas. El objetivo es “evitar que se excluyan arbitrariamente las consultas ‘incómodas’. Son medidas simples para que las audiencias públicas sean un debate abierto sobre las personas que tendrán una enorme responsabilidad y evitar acuerdos de poder poco transparentes”, explicó Alfie.

Para Alfie, en un contexto como el de esta elección, “en donde la mayoría de los senadores oculta el sentido de su voto y existen serias sospechas de un acuerdo transversal de poder, que atenta contra la independencia judicial, es posible que la audiencia pública intente ser utilizada como una instancia de legitimación política de dos candidatos que arrastran más polémicas que virtudes, pero que ya cuentan con el beneplácito de un sector de la dirigencia. Esto va en contra de la tendencia internacional a fortalecer el derecho de la ciudadanía a participar efectivamente”.

El poder de la Corte

Clara Lucarella es abogada y coordinadora del programa Apertura del Poder Judicial de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En diálogo con El Auditor.info, Lucarella expresó que la participación ciudadana “es fundamental» en una de las decisiones más importantes del sistema democrático, por la relevancia que tiene la Corte Suprema en nuestra conformación del Estado. «La Corte es el intérprete último de la Constitución, del alcance de los derechos que están en ella, y de los tratados internacionales de derechos humanos”.

“Lo ideal sería que las organizaciones podamos participar directamente de la audiencia”.

“Quienes sean designados en esta instancia pueden estar durante los próximos 20 años en esa posición, entonces tiene que ser un proceso lo más robusto, lo más legítimo, lo más completo posible y eso únicamente se logra garantizando que la ciudadanía pueda formar parte de este procedimiento”, añadió.

A este panorama se suma que en la instancia previa a que los pliegos sean presentados ante el Senado – donde no hubo una participación efectiva, según Lucarella – el Ministerio de Justicia respondió de forma genérica a las observaciones e impugnaciones relacionadas con la falta de mujeres, la candidatura de Lijo y las posiciones de los candidatos en cuanto a los derechos humanos.

Ante esta situación «se vuelve aún más importante que el Senado pueda brindar a las organizaciones y a la ciudadanía un espacio para participar”, comentó Lucarella. Para la integrante de ACIJ, “lo ideal sería que las organizaciones podamos participar directamente de la audiencia y poder manifestar lo incluido de forma escrita en la audiencia oral. Con un tiempo establecido si fuera necesario”.

El 21 de agosto será la audiencia pública para el candidato Ariel Lijo y el 28 de agosto para Manuel García Mansilla. Este proceso definirá cómo quedará integrado el máximo tribunal de justicia, que se compone de seis jueces. Actualmente está integrado por Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.