Crecen los repudios al desmantelamiento de la CONADI

Redacción Canal Abierto | El cierre de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Comisión Nacional por la Identidad, anunciado en el Boletín Oficial de ayer, despertó una ola de repudios por parte de diferentes organizaciones y personalidades.

Paradójicamente, la CONADI fue creada bajo el gobierno del presidente favorito de Milei, Carlos Saúl Menem. Fue en 1992, y se originó para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocía el derecho a la identidad. En el turbulento 2001, en el crepúsculo del gobierno de de La Rúa, se sancionó la ley que estipulaba su existencia y funcionamiento. Y en 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó el decreto715 que creaba la Unidad Eespecial de Investigación con la posibilidad de acceder a todos los archivos en poder del Estado para encontrar a los bebés apropiados.

A partir de entonces, la labor de la CONADI fue central para la identificación de las personas que convivían con sus apropiadores, en un trabajo mancomunado con Abuelas de Plaza de Mayo, inciadoras de la búsqueda desde los años en los que el país se encontraba en las fauces de la dictadura.

Al conocerse la noticia, la organización que preside Estela de Carlotto publicó un escrito a través del cual denunció que la medida implica “una nueva embestida contra la búsqueda de nuestras nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico militar”.

“La práctica sistemática de robo de bebés fue probada y condenada por la justicia hace ya 12 años. Un delito que además de la sustitución de identidad de menores, implicó el secuestro, desaparición, partos en condiciones infrahumanas y asesinato de nuestras hijas y nueras”, expuso el escrito.

Y advirtió que “es obligación de todos los poderes del Estado garantizar el cese del delito de apropiación. En tal sentido, exigimos al Gobierno nacional que informe cómo continuará desarrollando la tarea que lleva a cabo la Unidad, central para esclarecer este delito de lesa humanidad. El pedido de información a otras dependencias del Estado es un instrumento fundamental para la resolución de la apropiación de menores en dictadura, pero también en democracia».

En el mismo sentido se expresó la Red Nacional de H.I.J.O.S., a través de su comisión de hermanxs, integrada por hiijos de desaparecidos cuya madre esperaba familia al momento de su secuestro y hoy buscan a su hermano o hermana que nació en cautiverio.

“La CONADI cumple un rol fundamental en nuestra búsqueda, ya que tiene la facultad de investigar, para esclarecer el paradero de hijos e hijas de desaparecidos y de nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención”, sentenció el escrito.

“Como hermanas y hermanos que BUSCAMOS, repudiamos al gobierno nacional por el desmantelamiento de un organismofundamental para garantizar la restitución de lxs más de 300 hermanas y hermanos que nos faltan”, agregó.

Además, a través de el texto, la organización exigió “se restituya su pleno funcionamiento, para terminar con la impunidad de las apropiaciones y hacemos responsables además del gobierno de Milei y Villarruel, a todos los y las legisladores que mediante su voto le dieron al gobierno nacional la capacidad excepcional de tomar medidas inconsultas como es en este caso, la de destruir la unidad de investigación para niños/as apropiados”.

Excusas que no se ajustan a la realidad

Entre los argumentos que esgrime el Gobierno es el Poder Ejecutivo no puede llevar adelante investigaciones, ya que éstas son incumbencia del Ministerio Público Fiscal (MPF).

“El gobierno nacional cerró la Unidad de la CoNaDi que investigaba la apropiación de bebés durante la dictadura militar. En todos estos años la Unidad trabajó en articulación con la justicia y su labor fue reconocida por los mismos funcionarios judiciales. No hay superposición de tareas, como aduce el gobierno nacional; esta decisión es un nuevo ataque a las políticas de memoria, verdad y justicia”, expresó a través de las redes sociales la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En el mismo sentido se expresó la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que a través de un comunicado planteó que “este organismo de ninguna manera se superpone con la labor de la Justicia, tal como señala el decreto presidencial, sino que siempre complementó su trabajo ayudando a encontrar y restituir la identidad de quienes fueron sustraídos de sus familias durante la última dictadura cívico militar”.

“Este claro avance del negacionismo en nuestro país y de las políticas tendientes a atacar el trabajo que vienen realizando los organismos de Derechos Humanos para conocer la verdad y buscar justicia sobre los hechos acaecidos durante la dictadura, nos encontrará siempre de pie luchando y levantando las banderas de la Memoria, Verdad y Justicia”, aseguró el gremio judicial.

La salida bonaerense

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó también su desacuerdo a través de su perfil de X. Allí señaló que “el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad representa un enorme retroceso para nuestra democracia. Otro hecho gravísimo que va en sintonía con los constantes ataques del Gobierno nacional contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.

Y apuntó que «si lo que pretenden con estas provocaciones es borrar la memoria no van a poder, porque la lucha incansable de Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a cada uno de los nietos apropiados es también la lucha de todo el pueblo argentino que dijo de una vez y para siempre que Nunca Más es Nunca Más».

Horas después, el mandatario bonaerense compartió en su cuenta de X una foto junto a  Estela de Carlotto en el que anunció que estudian los mecanismos para crear una Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar.

“Seguiremos buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las Abuelas de Plaza de Mayo. En la provincia de Buenos Aires seguiremos profundizando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, concluyó el hilo de Kicillof.