Críticas a la baja de edad de punibilidad: “El delito juvenil es ínfimo”

Por Néstor Espósito | Hay otra visión del Poder Judicial. Es minoritaria, es menospreciada por las grandes organizaciones de jueces, fiscales y funcionarios que han convertido a la Justicia en una casta (real) y automáticamente cada vez que uno de esos “disidentes” alza la voz desde el otro lado lo acallan a puro silencio.

Recientemente se reunió en Tinogasta, Catamarca, el IV Encuentro Nacional del Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU).

Inspirados en la doctrina del Papa Francisco, expusieron esa visión diferente, humana, solidaria, empática, preocupada por la pérdida de derechos sociales y por el deterioro ambiental. En síntesis, una mirada justa.

“El derecho a la protesta y a la huelga, que sería la expresión de esa protesta por parte de la clase trabajadora, son instrumentos esenciales para la protección y la ampliación de los derechos”, afirmó Roberto Carlos Pompa, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La protesta y la huelga “son una expresión de la democracia y del progreso de los pueblos”. Pompa se preguntó: “si estuviésemos en 1810, en aquellas jornadas de la Semana de Mayo, reunidos en el Cabildo pidiendo por tener nuestro primer gobierno patrio y comenzar con el proceso de independencia, y en ese entonces hubiese estado la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), a lo mejor estaríamos todos presos y no podríamos estar desarrollando este proceso emancipador”, reflexionó, con retrospectiva contra fáctica de la historia.

“Sabemos que esos derechos se encuentran permanentemente en un estado de constante amenaza. Se imponen restricciones al uso de la vía pública, prohibiciones cuando se piden permisos, se persigue a los dirigentes y a los activistas sociales, sindicales, de derechos humanos, se hace un uso indiscriminado de la fuerza y se llega a la represión, a la prisión de los manifestantes y en algunos casos también a las pérdidas de vida. Estas normas represivas que se suelen utilizar no promocionan, no promueven, no fortalecen las reglas de la democracia”.

“Como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada vez que se confronte un derecho del capital con un derecho social, debe prevalecer el derecho social, porque en él está en juego la dignidad de las personas y la justicia social”.

Pompa rompió con un mito sobre el que cacarean los magistrados del establishment: “El rol del juez no es únicamente aplicar la ley sino que es interpelar a la ley y ver si se corresponde con la Constitución y con los tratados internacionales. (…) Siguiendo las palabras de Francisco, dictemos distintos pronunciamiento en los cuales pongamos en cuestionamientos estas políticas de ajuste y represión que lo único que hacen es endeudarnos y subordinarnos a intereses económicos de potencias”.

En esa misma línea, la jueza tucumana Ana Carolina Cano se preguntó qué le pide la sociedad al Poder Judicial. “La sociedad pretende una justicia cercana y la mayoría de las veces no estamos tan cerca. Nos piden transparencia, que mostremos lo que hacemos. Y nos piden humanidad, una consideración de los sujetos vulnerables, de los contextos y de las situaciones de vulnerabilidad”.

El cónclave de COPAJU analizó también la iniciativa del gobierno de Javier Milei y su todavía ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para bajar la edad de imputabilidad. César Raúl Jiménez, juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, denunció “oscuras miradas que evalúan la condición de este colectivo –los jóvenes– para enfrentar la temática con perspectiva regresiva, represiva y punitivista”, en la que “las pibas y pibes pobres siguen siendo el eje”.

“La sociedad que no apuesta a la prevención acaba interviniendo a través de la represión. La prevención no requiere de una compleja ingeniería estatal, sino de políticas coordinadas y eficaces en materia de educación, fortalecimiento familiar, salud, empleo, vivienda, desarrollo urbano, todo fuertemente entrelazado”.

Su colega Rodrigo Morabito, juez de la Cámara de Apelaciones de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, se preguntó: “¿Es realmente en la Argentina una prioridad bajar la edad de punibilidad?”. La respuesta fue demoledora: “Históricamente, esta idea ha estado asociada a un hecho mediático, pero el gobierno actual lo trae como una bandera política, castigar más a las niñas y los niños. Entre el 2 y el 4 por ciento del delito en general es el delito juvenil. Es ínfimo. “Entonces, ¿es un flagelo? Evidentemente, no”.

Marisa Graham, defensora nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, corroboró con datos la afirmación de Morabito: “El 0,45% de los chicos del país tiene algún contacto con el sistema penal juvenil, quiere decir que el 99,55% no está cometiendo ningún delito. Viven en una casa más o menos pobre, más o menos rica o de clase media. Están jugando, yendo a la escuela. ¿Padecen pobreza e indigencia? Sí. ¿En los números brutales que vimos? Sí. Pero si todos esos chicos estuvieran cometiendo delitos, y encima delitos graves, tendríamos que techar la Argentina y eso no pasa, es mentira, no nos dejemos engañar. Hay en el país 8,2 millones de chicos viviendo en hogares bajo la línea de pobreza y 3,2 bajo la línea de pobreza extrema”.

No obstante, la defensora Graham también criticó los proyectos light de rebaja de la edad de imputabilidad, que pretenden situarla en los 14 años y “con garantías”. Frente a eso, se preguntó: “No sé qué garantías, porque no sé qué garantías tienen los adultos frente al sistema penal, si las cárceles están llenas de pobres”.

De las jornadas participaron, directa o indirectamente, Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación; Juan Manuel Olmos, presidente de la Autoría General de la Nación;  fiscal general de Catamarca, Alejandro Agustín Gober; la diputada nacional Silvana Micaela Ginocchio; Graciela Eleonora Slavin, magistrada del Tribunal de Trabajo de Mar del Plata; Marieta Ureña Russo, secretaria General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (SITRAJU-RA); Genoveva María Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires; el camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Guillermo Treacy;  Valeria de los Ángeles Díaz, jueza Civil y Comercial con competencia en familia de Monte Quemado, Santiago del Estero; el padre Adrián Pablo Bennardis, miembro del Equipo de Curas de las Villas y Barrios Populares y Maximiliano Francisco Benítez, defensor general de Entre Ríos, entre otros.

El evento tuvo, no obstante, un dato sorpresivo: la participación del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, uno de los sostenedores de las principales iniciativas del gobierno, como la Ley Bases, y de los vetos presidenciales al aumento de las jubilaciones y el financiamiento de las universidades nacionales.

Jalil reflexionó: “No todos nacemos en el mismo lugar y lo que hace el Estado es tratar de que todos tengamos las mismas oportunidades”.

Y, en contradicción con su accionar político –que avala a un presidente que se propone “destruir al Estado desde adentro”, Jalil proclamó: “El Estado tiene que estar presente”.

Te puede interesar: ¿Qué dice el proyecto sobre baja de edad de punibilidad que ya ingresó a Diputados?

Néstor Espósito: @nestoresposito
Ilustración: Marcelo Spotti

Fuente: https://canalabierto.com.ar