Desregulación

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado presentó el 14 de octubre pasado en el Congreso de la Nación el proyecto para simplificar el proceso de divorcio para la disolución del matrimonio. Las autoridades buscan que pueda hacerse por vía administrativa, sin necesidad de generar un expediente judicial, para agilizar tiempos y abaratar costos. Alegan que, al ser simplificado, resulta menos oneroso. Entonces, permitiría a los cónyuges actuar de una manera más acelerada.

Sin embargo, la abogada Mónica Olmedo, especialista en el Fuero de Familia, manifestó que el proyecto oficial “pone en riesgo” el derecho de toda persona a tener “un debido proceso”. La letrada destacó que la propuesta del Gobierno fue analizada con rigurosidad en encuentros en el Colegio de Abogados de La Matanza.

En ese sentido, la eliminación del abogado de cada parte del proceso habilitaría a que se cometan errores porque “los cónyuges no van a entender lo que firman” y no “se asegura la legalidad”. La letrada alertó que, si los acuerdos fuesen pactados bajo el proyecto oficial, se generaría “inseguridad jurídica”.

Entonces, lo que se impulsó para agilizar y abaratar costos puede transformarse en un problema mayor, que se extendería en el tiempo más allá de los plazos actuales y a un mayor costo económico. Sin el asesoramiento adecuado, los ciudadanos podrían quedar atrapados en acuerdos viciados, generando conflictos judiciales prolongados. Es decir, el supuesto beneficio se transformaría en un dolor de cabeza.

“Resolver un divorcio administrativo de una manera breve, económica, rápida, libre, como dice el Gobierno, tendrá efectos colaterales que van a dirimirse en sede judicial. O sea, lo que no se gastó en el formato actual, se va a gastar más tarde para salvar los inconvenientes que surjan bajo la nueva modalidad, si llegase a aprobarse. Lo barato sale caro”, concluyó la especialista.