De remate: el Gobierno pone a la venta más de 300 terrenos y inmuebles públicos
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) avanza con la subasta de predios y edificios estatales. Denuncian que detrás del intento de Milei por hacerse de “escasos fondos”, se esconde una maniobra para favorecer a unos pocos grupos empresarios cercanos al oficialismo.
Redacción Canal Abierto | El gobierno de Milei publicó a fines de octubre de 2024 el Decreto 950/2024, el cual dispone la enajenación para su posterior venta de todos los terrenos que la gestión de Cambiemos no logró subastar entre 2015 y 2019, sumando otros 57 a la lista. Se trata de al menos 300 inmuebles que ocupan 18.875 hectáreas (una superficie equivalente a casi la totalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Según un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI), la subasta incluye sitios de memoria, museos, oficinas públicas en funcionamiento, playones logísticos, comercios, espacios verdes o recreativos. El grueso de los predios a enajenar tienen origen ferroviario (29,8%) o militar (24,6%), aunque este último representa el grueso de la superficie: 98,7%.
También aparecen predios con insólitas irregularidades, alquileres irrisorios, terrenos abandonados o usos llamativos, como pistas de ski exclusivas o silobolsas para almacenar granos. “Buena parte de la oferta parece hecha a medida de los actuales concesionarios”, asegura el estudio.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Fundación para el Desarrollo Humano Integral (@fundacion.dhi)
¿Quiénes son los beficiados? Dentro de las concesionarias de mayor renombre que hacen usufructo de las tierras a vender se encuentran Coto S.A., con un hipermercado en CABA, adyacente al Barrio Mujica; Exolgan, operadora del Puerto de Dock Sud; Techint, de la familia Rocca, a través de FEPSA S.A., su operadora ferroviaria de cargas; Louis Dreyfus Company, que posee silos en un cuadro de estación ferroviaria en La Pampa; Ferrovías S.A., del Grupo Emepa, superviviente de las privatizaciones ferroviarias; Aceitera General Deheza, a través de su operadora ferroviaria de cargas Nuevo Central Argentino S.A.; y Ledesma S.A.,de la familia Blaquier, una de las principales alimenticias del país.
La enajenación que ya tuvo lugar y causó revuelo es la del edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicado en la calle Cerviño y Ortiz de Ocampo, en Palermo, subastada en vísperas de la Navidad por unos 18,5 millones de dólares. Aunque aparentemente abultada para cualquier desprevenido, la cifra resulta muy menor al valor de un terreno de esas características en una de las zonas más codiciadas de la Ciudad de Buenos Aires.
La venta le valió una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal por “estafa y administración fraudulenta” contra el presidente del organismo del agro, Nicolás Bronzovich, y el presidente de la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz.
El plan de desguace incluye la venta de unos 22 campos experimentales del organismo, varios de ellos dedicados a la investigación y desarrollo de tecnología agropecuaria.
“Estos terrenos pueden contener la llave para resolver problemas del presente y del futuro. Su adquisición definitiva por parte de privados supone el retroceso en la capacidad estatal para promover un desarrollo social y productivo integral”, concluye el informe de FDHI. Entre los posibles destinos sociales, se plantea la cesión de lotes con servicios para las familias con dificultades para acceder a un techo propio o bien terrenos con potencial agropecuaria para que unas 300 familias produzcan alimentos.
Fuente: https://canalabierto.com.ar
