Denuncian que el Gobierno desguazó el Comité de Lucha contra la Trata y que la asistencia a víctimas está paralizada

Cerca de 40 delegados y delegadas de todo el país pertenecientes al Comité de Lucha contra la Trata fueron desvinculados del organismo tras una comunicación de la designada directora del área, Verónica Toller, lo que implica un desmantelamiento de toda la estructura federal y que la asistencia a víctimas esté paralizada, denunció hoy la organización La Alameda.

“Esos mismos delegados construyeron 36 mesas interinstitucionales, colaboraron en la sanción de cuatro leyes de inclusión laboral y más de 180 ordenanzas, y en cumplimiento de su principal función participaron activamente en el seguimiento de la restitución de derechos de las más de 5000 víctimas rescatadas entre 2020 y 2023”, destacó la entidad por medio de un comunicado.

“Había un delegado por provincia y esos delegados tenían la función de articular las mesas entre organismos de provincia, Nación, judiciales, sindicales y de la sociedad civil. Gestionaban ordenanzas y proyectos de ley y participaban como veedores en inspecciones o allanamientos”, explicó a Somos Télam Gustavo Vera, exdirector del Comité. 

Recordó además que “el comité estaba integrado por cinco ministerios que daban asistencia y el Programa Rescate, que está en el área de justicia, también está seriamente dañado; ya venía con muy poco personal y ahora están echando gente”.

“Senaf lo están desguazando también y la asistencia está paralizada y en Trabajo la estructura ha sido desmantelada”, agregó.

Durante el anterior gobierno, el Comité estaba bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero en la gestión del presidente Javier Milei se decidió que sea manejado por la cartera de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, que ahora resolvió echar a todos los delegados.

Al igual que en otros organismos del estado, la comunicación se hizo de manera informal, improvisada, extemporánea y carente de todo rasgo de sensibilidad hacia los trabajadores, que en muy pocos casos cobraban haberes que cubrían la canasta familiar.

Desde La Alameda recordaron que el trabajo de ese equipo “hizo que por vez primera la Argentina estuviera calificada internacionalmente entre los países que más efectivamente luchan contra la trata y explotación” durante el lapso que duró la gestión de Vera.

Además, la estructura federal -que iba desde La Quiaca a Ushuaia- fue elogiada incluso por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, en la última presentación de la evaluación mundial de 188 países sobre el combate a la trata.

“No es menor que esto ocurra mientras un diputado oficialista reivindica la deserción escolar y el trabajo infantil, al tiempo que más de 150 víctimas rescatadas desde diciembre a la fecha son privadas de toda asistencia exponiéndolas a situaciones revictimizantes y contrariando legislación nacional e internacional”, indicó la entidad.

Según La Alameda, de esas víctimas “ninguna recibió la más mínima asistencia económica pese a la obligación que tiene el Estado Nacional por su legislación y adhesión a convenios internacionales”.

El 17 de marzo, luego de reiterados reclamos institucionales ante el Ministerio de Capital Humano, Vera fue despedido como director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata luego que el mismo gobierno le prorrogara su designación el 8 de febrero pasado.

Como la situación persistía, a la semana siguiente de su despido, el ya exdirector radicó una denuncia penal contra la ministra Sandra Pettovello por abandono de personas, que se tramita ante el juez federal Sebastian Ramos.

Entre 2020 y 2023 se rescataron más de 5200 víctimas de trata de personas de las cuales 3200 cobraron el programa Acompañar, 1300 la prestación por explotación laboral de Renatre y 400 el Potenciar Trabajo. Además, se creó el Programa de Capacitación e Inclusión Laboral (Reparar) donde cientos de víctimas aprendieron oficios y cobraron un salario para promover su reinserción en el trabajo.

También se creó una línea de acompañamiento terapéutico en todo el país desde la Dirección de Salud Mental, se garantizó el patrocinio jurídico desde el Ministerio Público de la Defensa y se creó el programa de soluciones habitacionales mediante el cual los Institutos de la Vivienda comenzaron a dar casas en Misiones, Formosa, Santiago y Catamarca, una política única en el mundo, entre otras medidas.