Derrota de Milei: el Senado rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad
Ahora el Gobierno deberá promulgar la ley. La oposición se impuso con 63 votos frente a 7 del oficialismo. La norma declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la inflación.
Publicado 05/09/2025
Redacción Canal Abierto | En otra dura derrota para la Casa Rosada, el Senado acaba de rechazar el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en Discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra. Para intentar sostener el veto, el oficialismo recibió el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada.
Desde el 12 de marzo de 2003 que el Congreso no rechazaba un veto. Ese día, ambas cámaras del parlamento sumaron dos tercios para dar por tierra con el rechazo de Duhalde a una reducción impositiva a la exportación de azúcar.
La ley de discapacidad aprobada -por abrumadora mayoría- por el Poder Legislativo declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
Al estar a cargo del Ejecutivo por el viaje al exterior de Javier Milei, Victoria Villarruel no presidió la sesión, y el comando del convite está en manos del legislador libertario y provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis).
El Foro Permanente para la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad explica que la situación de emergencia abarca múltiples realidades: personas que trabajan en talleres protegidos, que hoy sobreviven con apenas $28.000 mensuales; quienes reciben prestaciones que hoy están en riesgo porque los aranceles no cubren los costos básicos de funcionamiento; y también, aquellos que aún esperan acceder a una pensión para contar con un ingreso y un acompañamiento integral que les permita desarrollarse.
Debido a la falta de actualizaciones, en agosto, el atraso en los aranceles ya alcanzaba el 73%, tornando insostenible la continuidad de muchas prestatarias, como transportistas, terapeutas, entre otros servicios fundamentales para las personas con discapacidad. La Ley que hoy el Senado podría rescatar plantea una recomposición para al menos retrotraer los aranceles a los niveles de noviembre de 2023.
Comunicado
Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad celebramos este paso histórico, fruto de la lucha colectiva de familias, personas con discapacidad, prestadores y organizaciones de todo el país, que se movilizaron en cada instancia legislativa para hacer oír su voz.
La aprobación de esta Ley garantiza la continuidad de las prestaciones básicas y esenciales, resguardando derechos que estaban en riesgo en un contexto de enorme vulnerabilidad social.
“Buscamos que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión, especialmente quienes viven en situación de pobreza; que las prestaciones cuenten con aranceles acordes a sus costos; y que quienes asisten a talleres protegidos reciban un salario digno. Todo un colectivo se movilizó a lo largo del país, acompañando a los senadores para que expresen su voto positivo. Esta Ley representa una respuesta justa a un sector que ha sido tan golpeado.” – Pablo Molero, coordinador del FORO.
Esta votación se da en un contexto complejo, marcado por la difusión de audios que comprometen al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Dr. Diego Spagnuolo, en presuntas irregularidades vinculadas a negociados y coimas en el área de medicamentos, hechos que, según se señala, habrían sido informados incluso al propio Presidente de la Nación, Javier Milei.
Al respecto, desde el Foro sostenemos que:
La Justicia debe avanzar con celeridad en la investigación iniciada para esclarecer los hechos y juzgar a todos los responsables, sin importar su cargo ni jerarquía.
La sociedad necesita respuestas claras sobre si los mismos funcionarios que denunciaban supuestos “curros” en la discapacidad habrían, en paralelo, ocultado o participado de maniobras ilícitas con fondos públicos.
Si el Presidente fue efectivamente informado y no actuó, la gravedad institucional es aún mayor, pues ello lo convertiría en partícipe del delito por omisión de denuncia.
No nos oponemos a las auditorías. Lo que rechazamos es que quienes se presentan como adalides de la transparencia hayan guardado silencio frente a presuntas irregularidades o, incluso, participado de ellas.
No podemos dejar de destacar que, mientras se debate la Ley, las personas con discapacidad siguen atravesando enormes dificultades: la falta de prestaciones adecuadas, aranceles insuficientes para los prestadores y salarios miserables para los trabajadores de los talleres protegidos. Esta Ley representa un respiro y un reconocimiento a quienes más lo necesitan, pero la situación sigue siendo crítica y exige atención constante.
La promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad demuestra que la lucha colectiva organizada puede torcer la historia y abrir caminos hacia una sociedad más justa e inclusiva.
Desde el Foro reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones en defensa de los derechos conquistados, con la convicción de que la transparencia institucional y el respeto a la dignidad humana son pilares irrenunciables de la democracia.
