Según informaron fuentes policiales, las detenciones se realizaron durante las últimas horas tras haber reunido pruebas en su contra. De acuerdo a lo precisado, las víctimas ascenderían a 300 menores, la mayoría de nacionalidad extranjera.

Las pesquisas fueron desplegadas a partir de una investigación que llevaba adelante la Ayudantía Fiscal a cargo de Luis Brogna, y las ayudantes fiscales, Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez.

Las tareas se iniciaron tras el análisis de 18 reportes categorizados como “prioridad Nivel E” del National Center For Missing and Exploited Children, una organización que brinda información tanto para ayudar a localizar niños denunciados como desaparecidos como para asistir a aquellos que hayan sufrido abusos físicos y sexuales.

Documentación de la causa

Los informes donde figuraban menores tanto argentinos como del exterior de interés para la causa fueron enviados a la unidad de identificación de víctimas de la Policía Federal y a Interpol, desde donde se constató que había producción casera de material de abuso sexual infantil en Argentina.

En base a la recolección de pruebas realizadas con la colaboración de la División de delitos cibernéticos contra la niñez y adolescencia de la PFA, se pudo sindicar un total de seis lugares desde donde se estaba produciendo el delito. Todos situados en La Matanza.

Ante esto, pidieron la autorización a los jueces de los Juzgados de Garantías N° 4, 5 y 6 de La Matanza, a cargo de Pinos Guevara, Gustavo Banco, y Carina Andrijasevich, respectivamente, y se procedió a realizar varios allanamientos de manera simultánea en Isidro Casanova, Virrey del Pino, Gregorio de Laferrere, Rafael Castillo y González Catán.

Acusados in fraganti

Tras arribar a los domicilios, los uniformados hallaron a tres de los detenidos en plena comisión del delito: estaban elaborando material junto a sus víctimas. Se trató de tres niños menores de edad que fueron rescatados al instante tras el accionar policial.

Debido a la presencia de menores, durante el procedimiento, se solicitó la asistencia de peritos psicólogos de la Policía Federal y personal del Servicio local dependiente de la Municipalidad de La Matanza.

¿Quiénes son los detenidos?

Según detallaron en la causa, los acusados de entre 20 y 50 años no cuentan con antecedentes penales. Con respecto a sus profesiones, uno era profesor de educación física, otro empleado de una empresa de tecnología, el tercero streamer y el último se desempeñaba como personal de maestranza.

De acuerdo a lo especificado, la investigación continuará con el análisis de los dispositivos informáticos secuestrados durante los procedimientos, a realizarse por los Peritos de la Oficina de Tecnologías aplicadas del Departamento Judicial La Matanza y del Perito Adrián Acosta, Jefe del Departamento Técnico del Cibercrimen, y el análisis de los técnicos de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la PFA.