Diputado libertario propuso eliminar la CPM y no se la dejaron pasar: “Es ideológico y poco serio”

Este miércoles, el director ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Roberto Cipriano García, salió al cruce del diputado libertario Guillermo Castello, que días atrás presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para eliminar el histórico organismo de Derechos Humanos.

En diálogo con Diputados Bonaerenses, el referente de la CPM calificó la iniciativa como “ideológica, poco seria y plagada de falsedades sobre la tarea que realiza la Comisión”. “El diputado ya había tenido una iniciativa similar hace unos años, cuando fue el caso D’Alessio. Se trata de un planteo individual, muy sesgado, con un profundo tinte ideológico, y que hace aseveraciones que no son ciertas”, cuestionó Cipriano García.

Asimismo, el funcionario subrayó que el proyecto de Castello “se inscribe en una serie de propuestas que apuntan siempre a derogar leyes o cerrar organismos, sin ofrecer una alternativa que beneficie a la sociedad”. “Nunca presenta un proyecto que piense en ampliar derechos o mejorar la vida de la gente”, agregó.

Paso seguido, Cipriano García defendió la autonomía del organismo, que desde hace más de dos décadas monitorea las políticas de seguridad y Derechos Humanos en territorio bonaerense. “La Comisión siempre fue autónoma. Cualquiera puede revisar nuestro último informe anual, donde realizamos duras críticas a la política criminal y al accionar de la Policía Bonaerense”, señaló.

En concreto, el diputado Castello planteó en su iniciativa la derogación de la ley N° 12.483, la cual creó la Comisión Provincial por la Memoria, al indicar que las actividades que realiza el ente en la actualidad están “desnaturalizados” de sus objetivos iniciales, al tiempo que “apoya descaradamente las peores políticas kirchneristas”.

En este sentido, Cipriano García recordó que la CPM denunció violaciones de Derechos Humanos bajo todos los gobiernos, sin distinción partidaria. “Fuimos críticos de la ley antiterrorista aprobada durante el gobierno de Cristina Kirchner, y también de las políticas de seguridad en gestiones provinciales de distintos signos. Nadie puede decir que no somos independientes”, enfatizó.

El director de la CPM también desmintió que el organismo persiga periodistas, una de las acusaciones que desliza Castello en su proyecto. “En el caso D’Alessio, lo que hicimos fue elaborar un informe técnico que más tarde fue confirmado por un tribunal federal, donde se comprobó que existió espionaje ilegal. Nosotros no perseguimos a nadie: analizamos profesionalmente documentación del archivo de inteligencia bonaerense y señalamos la existencia de delitos, como corresponde”, explicó.

“Después fueron los jueces los que investigaron y condenaron a D’Alessio y a otros imputados. Decir que la CPM persigue periodistas es una mentira que busca desacreditar el trabajo de años en materia de Derechos Humanos”, completó el funcionario.

Por último, Cipriano García invitó al legislador libertario a “conocer de cerca la tarea” que realiza la CPM. “Nos gustaría conversar con él, que venga a ver lo que hacemos. Por lo que dice en su proyecto, no conoce la Comisión. Podemos tener diferencias, pero en democracia eso se resuelve dialogando, no buscando erradicar organismos públicos por prejuicio o desconocimiento”, sostuvo.

Cuál es el propósito de la CPM en la actualidad

La Comisión Provincial por la Memoria fue creada en el año 1999 por ley de la Legislatura bonaerense y tiene a su cargo la custodia del archivo de inteligencia de la Policía de la Provincia, que abarca documentos desde 1955 hasta 1998. Ese acervo, completamente desclasificado y digitalizado, fue fundamental en el 80% de los juicios por delitos de lesa humanidad realizados en Argentina.

Además, la CPM desarrolla programas educativos como Jóvenes y Memoria, que cada año involucra a miles de estudiantes en proyectos de investigación sobre Derechos Humanos y memoria histórica. “Este año participaron más de 14.000 pibes en todo el territorio bonaerense. Es una herramienta de construcción ciudadana y democrática muy valiosa”, destacó Cipriano García.

Otra de las funciones centrales del organismo es el monitoreo de lugares de detención y el control del accionar de las fuerzas de seguridad, a través del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. “Hoy también estamos observando el uso de la fuerza en contextos de protesta social, porque nuestra tarea es garantizar que el Estado cumpla con los estándares de derechos humanos”, explicó.

Finalmente, el director de la CPM reafirmó que el organismo “no responde a ningún gobierno ni partido político”. “Todo lo que hacemos tiene encuadre legal y se enmarca en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Nuestro único objetivo es fortalecer la democracia y construir una sociedad donde se vulneren menos los derechos”, cerró.