El ajuste no lo paga la casta, sino los sueldos y jubilaciones

Redacción Canal Abierto | Tras el fracaso de la reunión del Consejo del Salario la semana pasada, el Gobierno fijó unilateralmente el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil. A través de un decreto, determinó un aumento del 30% dividido en dos tramos, quedando $180.000 en febrero y $202.800 a partir de marzo.

El incremento, que impacta en planes sociales, jubilaciones mínimas y AUH, es a claras luz insuficiente teniendo en cuenta que la reunión data de septiembre del año pasado y su última actualización, de diciembre. Desde entonces, y tras el cambio de Gobierno, los aumentos de la inflación fueron de 25,6% en diciembre y 20,4 en enero.

Según estimaciones hechas desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que a través de Provincia ART monitorea los ingresos de 2 millones de personas empleadas en más de 60.000 empresas, el salario aumentó apenas 7,1% mensual en enero, lo que representa una caída de 11,2% en términos reales. Esta caída se suma al 13,7% mensual registrado en diciembre pasado.

Según un informe elaborado por la sociedad de bolsa Portfolio Personal Inversiones (PPI), el tan celebrado superávit primario de enero se hizo en un 44,5% a expensas del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Otro 12% fue a costa del incremento a salarios de trabajadores del estado, muy por detrás de la inflación.

En la fallida reunión de la semana pasada, las tres centrales obreras habían acordado una propuesta para que el salario mínimo alcanzara los $288.600, importe en el que se estipula la Canasta Básica Alimentaria que determina la línea de indigencia. Esto implicaba un 85% de aumento para febrero, bastante lejos del 30 en dos tramos finalmente establecido por el Gobierno.

La noticia se conoce a días del último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA que reflejó un aumento de la pobreza, ubicada hoy en el 57% de la población, mientras que la indigencia anota un 15%. Pero peor es lo que vendrá. El mismo trabajo aventura que de no mediar acciones oficiales, el número de pobreza de marzo podría estirarse al 60%, récord histórico.

Tras conocerse la noticia del decreto, la conducción de la CTA Autónoma, una de las centrales que participó del cónclave frustrado, expresó a través de un comunicado su rechazo al aumento por considerarlo insuficiente.

La esquela, que lleva la firma del Secretario General Hugo «Cachorro» Godoy y los adjuntos Ricardo Peidro y mariana Mandacovik señala que “este anuncio se realizó tras la farsa que se montó la semana pasada en el Consejo del Salario, donde se rechazó la propuesta de las centrales sindicales, y no hubo propuesta del sector empresarial, en sintonía con los intereses del gobierno”.

Y argumenta que “el aumento anunciado, no solo es insuficiente, sino que es inadmisible. El 30% en dos cuotas implica una pérdida de al menos el 20% de los ingresos respecto de la inflación de estos meses (25,5 diciembre, 20,6 de enero y un estimado del 20% para febrero)”.

“Este aumento aleja aún más el ingreso mínimo de la canasta básica de indigencia (Matrimonio y dos hijxs), que en enero del 2024 fue de $285.561 y su proyección a marzo estaría alrededor de $376.925. Pasó de representar el 65% de la canasta de alimentos para una familia tipo en diciembre, a un 54% en marzo. Esto implica una caída de 10 puntos respecto a la canasta de alimentos, lo cual confirma la política económica del actual gobierno de reducir el salario lo máximo posible”, prosigue.

“La Central repudia la forma en que el gobierno intenta abordar el Salario Mínimo, Vital y Móvil de las y los trabajadores, teniendo en cuenta que no se pudo resolver como indica la ley -en el Consejo del Salario-, donde el gobierno debía acercar posiciones entre las partes, algo que no ocurrió. En su lugar, el gobierno y los empresarios hicieron una parodia de una herramienta que es vital para las y los trabajadores, y para los sectores más empobrecidos de la sociedad”, agrega.

Tras exigir al Ejecutivo “una nueva convocatoria del Consejo del Salario, para poder discutir una propuesta de aumento del salario en la que estén contempladas las posturas de todas las partes”, el texto concluye planteando que “ante este escenario le exigimos al gobierno que revea su postura. Mientras tanto, desde la CTA Autónoma, seguiremos profundizando el diálogo con todos los sectores sociales para intensificar el plan de acción comenzado con el Paro Nacional del 24 de enero”.