El Banco Nacional Suizo deshace sus inversiones en combustibles fósiles

Por Nahuel Croza | El Banco Nacional Suizo (BNS), el banco central de este país europeo, recientemente vendió todas sus acciones en la petrolera Chevron, valoradas en más de 700 millones de dólares. La decisión no se debió a que la industria hidrocarburífera no reporte suficientes dividendos sino a la campaña de presión ejercida por organizaciones del movimiento por la justicia climática para que las instituciones financieras asuman la responsabilidad de los riesgos de invertir en empresas de combustibles fósiles.

Este hecho se produce luego de la desinversión del SNB en Shell en 2023. Pero persisten contradicciones: la entidad todavía tiene acciones en ExxonMobil y TotalEnergies, multinacionales vinculadas a una grave destrucción ambiental y a violaciones de los derechos humanos.

El colectivo BreakFree Suisse (Liberar Suiza) es una de las ONGs involucradas. Según definen en su web se proponen “detener la financiación de proyectos que impulsan las crisis climática y de biodiversidad y que ignoran los derechos humanos”. Dentro de sus acciones organizan visitas al país de representantes de comunidades afectadas por proyectos de combustibles fósiles financiados por instituciones financieras suizas.

En 2024 una delegación de representantes de Argentina de la que participaron Orlando Carriqueo, referente mapuche de Río Negro; Carolina Llorens, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Somos Tierra y Mariana Katz, abogada del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), viajaron a Berna a declarar sobre los estragos del fracking en Vaca Muerta en la asamblea anual de accionistas de la entidad financiera estatal.

Un mapuche en Zurich

“Llego aquí trayendo la mirada y los reclamos de mi pueblo que ha sufrido la ignominia del genocidio. Llego aquí con el newen (fuerzas) de un territorio que está siendo sometido hace 500 años a la expoliación y el saqueo. Llego aquí sosteniendo la lucha de mis antepasados”. Estas fueron las primeras palabras del entonces werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro en un acto de la Alianza por el Cambio Climático en Zurich, en abril de 2024.

“Estuvimos en la ONU. Estuvimos en el Parlamento Europeo. Nos reunimos con diputados del Partido Verde. También tuvimos una reunión con dos directores del Banco Nacional Suizo, dos días antes de la reunión anual de la junta de accionistas -cuenta a Canal Abierto Carriqueo, desde su casa en Fiske Menuco, Río Negro-. En ese encuentro reclamamos la aplicación de la cláusula (de su estatuto que le impide al banco financiar proyectos contaminantes ni fuera ni dentro del país), cuestionamos los informes de impacto ambiental que reciben de sus consultoras y les dijimos que no podían desconocer las sobradas muestras de casos de contaminación tanto de Shell como de Chevron en todo el mundo y las violaciones a los derechos humanos que implicaban”.

El día de la junta de accionistas, pese a tener la autorización para asistir a la misma, no se permitió a la delegación argentina ingresar al recinto. Esto se convirtió en noticia en Suiza y, posiblemente, estos hechos, junto a otras acciones, han facilitado esta nueva desinversión de la entidad en la industria fósil.

“Se generó un escándalo. Nosotros teníamos que informar qué es lo que estaba pasando, los 500 sismos en Vaca Muerta, la contaminación del agua, la violencia, la trata de personas que trae, las drogas. Teníamos que describir el impacto en el territorio, en las plantas, en la medicina tradicional, la contaminación de las aguas del río del cual beben casi un millón de personas, el desplazamiento de las familias mapuches de sus territorios. Estuvimos en distintas universidades y ámbitos explicando el impacto no sólo para el pueblo mapuche, sino para toda la sociedad”, narra el werken.

A raíz de la repercusión mediática de no permitirles acceder a la asamblea de accionistas, finalmente la delegación fue recibida por la titular de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO) del gobierno suizo -lo que aquí llamaríamos Ministerio de Economía.

Días más tarde de estos hechos, 29 consejeros nacionales, cantonales y estatales electos suizos de partidos políticos diferentes rechazaron la discriminación de la que fue objeto la delegación argentina durante la Asamblea General del banco el 26 de abril de 2024. En el comunicado, señalaron “la falta de respeto del BNS a sus propias directrices de inversión, que en principio le impiden invertir dinero público en empresas que sistemáticamente cometen graves daños al medio ambiente y violan masivamente los derechos humanos”.

“Suiza se presenta como defensora de los derechos humanos, de transparencia, de resguardo del ambiente, del territorio. Sin embargo, eso es muy hipócrita porque para fuera financian muerte”, concluye Carriqueo. “El extractivismo no se puede llevar adelante si no se desplaza a las comunidades indígenas en el norte, en el sur, en Abya Yala, en Latinoamérica. Eso es lo que está generando tensión en los distintos países, pero en Argentina mucho más porque la política del Estado es anti indígena”.

“El BNS debe asumir su responsabilidad”

La Alianza Suiza por el Clima (SCA), una colectiva de ONGs y colectivos ambientalistas del pequeño país europeo, lleva años presionando al banco central para que abandone las inversiones en empresas que practican el fracking. Según las estimaciones de esta organización, el BNS en 2023 tenía inversiones en 69 empresas de fracking por valor de 9.000 millones de dólares. La SCA calcula que, por lo tanto, el BNS es responsable de siete millones de toneladas anuales de emisiones de CO2.

Desde BreakFree Suisse (BFS) presionan a la banca pública a asumir su responsabilidad y a “actuar en beneficio del interés público, como lo exige su mandato. Es hora de afrontar los hechos y dejar de invertir en la destrucción”, sostienen.

Inversiones coloniales

Otro foco de denuncia de BFS es contra Glencore, multinacional con sede en Suiza, dedicada a la megaminería y también con actividades en la agroindustria (estuvo vinculada a la estafa de Vicentin). “Es una de las empresas dueñas de La Alumbrera y ahora del proyecto MARA (Minera Agua Rica) en Catamarca”, cuenta en diálogo con Canal Abierto Mariana Katz, abogada del Equipo de Pueblos Originarios del SERPAJ, y parte de la delegación argentina que colaboró en que se produzca la desinversión en Chevron.

“La explotación de Vaca Muerta produce afectación a los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros entendemos que la desinversión tuvo relación directa con la denuncia hicimos”, explica Katz. En la reunión con las autoridades del BNS, “nosotros le planteamos la preocupación y también les preguntamos cómo ellos medían los impactos de estos emprendimientos para dar cumplimiento a las normas internacionales en materia de derechos humanos. Los tratados internacionales de derechos humanos deben ser respetados por todas las instituciones de un estado que los suscribe. El BNS, al ser un banco público debe respetarlos”.

La funcionaria responsable de sustentabilidad del banco suizo respondió que ellos subcontrataban a una consultora que “se encarga de llamar. ‘¿Usted sabe a quién llaman por teléfono? ¿Usted cómo garantiza que eso realmente sea así?’, le preguntamos. ‘¿Se comunican con las personas afectadas, con las personas del territorio?’. La respuesta fue que no tenían respuesta para eso”, narra la abogada especialista en las problemáticas de los pueblos originarios.

Katz refiere la anécdota de cómo les impidieron ingresar a la asamblea de accionistas del BNS, en la que “los propios suizos pueden tener acciones y deciden en dónde se pone su plata”, explica. A pesar de ello, Lilian, una joven suiza hija de argentinos y accionista del BNS se ofreció a leer en la asamblea los discursos preparados por la delegación. La misma joven, integrante de BreakFree Suisse, este año leyó un mensaje enviado por la delegación a la asamblea. Transcribimos un fragmento:

“Las acciones que las empresas mineras y petroleras que operan en los territorios que nosotros estamos representando, generan un impacto ambiental y social desastroso, son la causa de las violaciones a los derechos humanos que sufre el Pueblo Mapuche y otros pueblos indígenas de Argentina. También padecen dichas violaciones las poblaciones campesinas y las comunidades locales, que se encuentran cerca de los emprendimientos mineros y petroleros. Las actividades de las empresas son llevadas a cabo con recursos económicos que ustedes aportan, lo que implica responsabilidad extraterritorial del Estado Suizo”.

En la reunión con Helene Budliger Artieda, titular de la SECO, la funcionaria analizaba el problema “como fallos del mercado, de las relaciones económicas, y a los problemas o afectaciones sobre terceros como externalidades negativas en términos económicos”, explica Katz. “Nosotros hablamos de violaciones de derechos humanos”. 

“Ella sostuvo que invertían en nuestros países para generar trabajo, que nosotros necesitamos. Una división social del trabajo decidida desde Ginebra, Zurich o Berna. Sigue siendo una lógica colonial. La funcionaria quiso recibirnos y pedirnos disculpas porque no habíamos podido acceder a la asamblea pero nunca quiso reconocer que hubo una discriminación”, concluye la abogada del Serpaj.

Consultada sobre la eficacia de este instrumento de lucha, presionar para que las entidades financieras desinviertan o no apoyen proyectos reñidos con la protección de los derechos humanos y del ambiente, Katz sostuvo: “Es una herramienta súper válida. Nosotros este año acompañamos a tres personas para que viajen a Europa a reunirse con funcionarios de distintos países para denunciar la situación de la extracción del litio y del cobre. Viajaron compañeras y compañeros de Salinas Grandes en Jujuy, de Malargüe, en Mendoza, y de Andalgalá, Catamarca”.

Fuente: https://canalabierto.com.ar