Asimismo, evidenciaron que el impacto alcanza a múltiples sectores, ya que, en el caso de las personas mayores, muchas deben elegir entre comer o medicarse. “Ya sin moratoria previsional vigente, quienes perciben la jubilación mínima más el bono necesitan 45.000 pesos adicionales mensuales para cubrir la canasta básica total y no caer en la pobreza”, aseveraron. Además, alertaron que la cantidad de beneficiarios de medicamentos cubiertos por el PAMI cayó de 4,6 millones a 3,8 millones.

Las personas con discapacidad también enfrentan recortes severos. Según el estudio, el porcentaje de rechazos en las solicitudes de pensiones por discapacidad aumentó del 40 por ciento al 75 por ciento y se revocaron 56.000 pensiones ya vigentes. A esto, se suma un proceso de auditoría que “obliga a desplazarse a personas con discapacidad para cumplir con trámites sin garantizar la accesibilidad”.

Ajuste fiscal

En materia de infancias, el texto señala que si bien se mantienen las transferencias de ingresos, se desfinancian las políticas destinadas a la socialización del cuidado infantil. También, denunciaron un desmantelamiento de las políticas de educación sexual, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y métodos anticonceptivos. “A largo plazo, esto profundiza las desigualdades”, lanzaron.

A su vez, el informe enfatizó que las cuidadoras comunitarias, principal sostén de redes barriales, “cuentan con menos recursos: les llega poco o nada de alimentos por parte del Gobierno nacional, mientras la demanda de los vecinos crece día a día”. “Frente a la ausencia del Estado, crece el endeudamiento de las familias”, alegaron.

Por último, precisaron que en el mercado de trabajo, el panorama también se agrava. “El gobierno confirmó que no aplicará la política de cupos, muchas empresas desarticularon sus áreas de género, las trabajadoras de casas particulares no reciben aumentos desde enero, y las mujeres rurales atraviesan una situación de emergencia”, enumeraron.