El curioso argumento de un represor para apartar a los jueces y lograr la domiciliaria

Por Néstor Espósito | Un ex agente de inteligencia durante la última dictadura, quien se recicló en democracia y soporta una condena (no firme) por el encubrimiento del atentado contra la AMIA, pidió el apartamiento de todos los jueces que deben juzgarlo por delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen que sojuzgó a la Argentina entre 1976 y 1983. ¿La razón? Duda de la imparcialidad de los magistrados.  

Un hombre que violentó la Constitución Nacional en un gobierno de facto que cometió los crímenes más horribles que conozca la humanidad exige ahora que cambien a los jueces que, en el marco de una democracia, van a analizar su conducta pretérita.

El personaje en cuestión es Patricio Finnen. Fue procesado por el juez Daniel Rafecas por delitos de lesa humanidad tras ser detenido a fines de 2022 por su actuación en los centros clandestinos de detención conocidos como “Bacacay” y “Automotores Orletti”. Tras recorrer todo el espinel judicial de apelaciones y recursos, la causa llegó a los umbrales del juicio oral y público y, por sorteo, recayó en el Tribunal Oral Federal número uno.

En esa instancia, antesala del juicio, la defensa particular del imputado alegó “prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad, que justifican el apartamiento del Juez Adrián Federico Grünberg, en función de que se desempeñó como juez en sucesivos juicios orales por los mismos hechos, donde valoró las mismas pruebas y la participación de algunos de los imputados en esta causa en esos hechos, agregó que incluso ha decidido brindar su opinión de manera pública con motivo de la publicación de un libro de su autoría”.

Respecto de los otros dos jueces, José Antonio Michilini y Ricardo Ángel Basílico, la defensa de Finnen pidió que no participen en el juicio porque “intervinieron en el debate oral de otras causas en las que se valoraron y establecieron el alcance y la interpretación de pruebas y cuestiones que están relacionadas con él”.

La garantía de imparcialidad está consagrada en la Constitución Nacional. También el principio del “juez natural”; de ahí que el tribunal que debe intervenir es designado por sorteo. Y las causales de recusación son muy estrictas, a punto tal que rara vez un juez es apartado de un expediente. El Poder Judicial, a menudo, acepta situaciones que escapan al sentido común de un ciudadano promedio.

Finnen está imputado por la privación ilegítima de la libertad y torturas contra 29 detenidos políticos ilegales, como partícipe necesario de nueve homicidios y tres casos de robo de bebés en el centro clandestino “Bacacay”. Por su actuación en “Automotores Orletti” afronta cargos por privación de la libertad y tormentos en 80 casos, 112 homicidios y dos hechos de robo de bebés. Sobre él se ciernen las figuras penales de “privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia o amenazas reiterada, imposición de tormentos en forma reiterada, homicidio doblemente agravado y sustracción, retención u ocultamiento de menor de 10 años”.

Finnen brega por su prisión domiciliaria. Según un informe médico, se trata de un “paciente de 70 años, con diagnóstico de HTA medicado actualmente con Bisoprolol. Posee controles clínicos actuales con valores normales para los parámetros etarios”. También refirió “episodios de epigastralgia y sudoración nocturna de meses de evolución, se sugiere interconsulta programada con gastroenterología para descartar posible reflujo gastroesofágico”.

En la turbulenta transición de la dictadura a la democracia, Finnen continuó trabajando como agente de inteligencia en la SIDE, y en esa función fue acusado por participar del encubrimiento del atentado contra la AMIA. En el juicio oral resultó absuelto, pero la Cámara Federal de Casación, al revisar la sentencia, la revirtió y terminó condenándolo a dos años de prisión en suspenso como partícipe necesario de peculado.

Finnen era considerado la mano derecha del titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy. Está sospechado de haber sido quien llevó los 400 mil dólares que desde la central de inteligencia, a través del juez Juan José Galeano, se le pagaron al desarmador de autos Carlos Telleldín para que involucrara falsamente en el ataque antijudío a efectivos de la Policía Bonaerense. Toda la causa AMIA se derrumbó como un castillo de naipes por aquel pago ilegal.

Durante una audiencia ante la Cámara de Casación, Finnen protagonizó una escena muy particular. El presidente del tribunal, Carlos Mahiques –uno de los jueces que viajó al Lago Escondido por presunta invitación de directivos del Grupo Clarín en 2022- le preguntó: “¿quiere contarnos lo que vivió durante el curso de la causa AMIA?”. Casi sin pestañear, el imputado respondió con un parco y lacónico “no”.

En la causa por delitos de lesa humanidad, el apartamiento de los integrantes del tribunal fue rechazado por mayoría por los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo: “las resoluciones que deciden acerca de recusaciones no constituyen una resolución susceptible de ser impugnada ante esta instancia. (…) No se vislumbra, ni las defensas han logrado demostrar, la existencia de temor fundado de parcialidad que comporte el alegado riesgo de afectación del derecho de defensa y el debido proceso legal”.

Pero el tercer juez de la Sala, Diego Barroetaveña, se inclinó por darle la razón a Finnen y correr del juicio al tribunal natural que lo tiene encargado. “Sellada la suerte de la presentación directa sometida a control jurisdiccional por el voto de los colegas que nos preceden en la votación, habremos de dejar asentada nuestra disidencia en cuanto consideramos que corresponde hacer lugar a la queja”.

Hornos y Barroetaveña son dos de los tres jueces que integran el tribunal que el próximo 13 de noviembre confirmarán la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, conocida como “Vialidad”.

Fuente: https://canalabierto.com.ar