El derecho a manifestarse y la represión en el Congreso. Un retroceso inadmisible

Por Juan Severo

La reciente manifestación de jubilados, trabajadores, movimientos sociales y políticos frente al Congreso de la Nación en desacuerdo con la Ley Bases y el Paquete Fiscal   ha dejado al descubierto una alarmante realidad. La brutal represión a los manifestantes  y algunos diputados nacionales que ejercían su legítimo derecho a protestar. Este episodio no solo es un ataque directo a los derechos, sino también un preocupante retroceso en términos de democracia y libertad de expresión.

¿Por qué protestaban?

Los diferentes sectores se movilizaron al Congreso para expresar su rechazo a la Ley de Bases, una legislación que consideran perjudicial para sus derechos adquiridos. Esta ley propone reformas que afectan directamente sus condiciones de vida y su seguridad social, cuestiones fundamentales para quienes han trabajado toda su vida y ahora dependen de una jubilación justa y digna.

El derecho a la protesta

En una democracia, el derecho a la protesta es esencial. Los ciudadanos deben poder expresar libremente sus desacuerdos y demandas sin temor a represalias. La protesta pacífica es una forma legítima de participación política y un mecanismo fundamental para la defensa de los derechos civiles. En este contexto, los jubilados, como cualquier otro grupo, tienen el pleno derecho a manifestarse y ser escuchados.

La brutal represión: una violación a los derechos humanos

La represión violenta de esta manifestación no solo es inaceptable, sino que también constituye una grave violación a los derechos humanos. Las imágenes donde los uniformados les arrojaban a pocos centímetros de la cara a los  que estaban cercas de las vallas en una actitud  como de regocijó, para después desalojarlos con fuerza y tratarlos de manera inhumana evocan los peores momentos de nuestra historia. La utilización de la violencia contra ciudadanos indefensos que solo buscan ser escuchados debe ser condenada sin reservas.

Implicaciones políticas y sociales

La represión de esta protesta tiene implicaciones profundas. Por un lado, muestra un gobierno que, en lugar de escuchar y dialogar, opta por silenciar y reprimir. Esta actitud no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también incrementa la tensión social y el descontento. Además, envía un mensaje peligroso. que la disidencia será aplastada en lugar de ser discutida y comprendida.

El deber del Estado

Es deber del Estado garantizar la seguridad y los derechos de todos sus ciudadanos, especialmente de aquellos que, como los jubilados, han dedicado su vida al trabajo y ahora requieren protección. Las autoridades deben investigar y sancionar a los responsables de la represión, y asegurar que no se repitan hechos similares. Además, deben abrir canales de diálogo genuinos con los manifestantes y sus organizaciones, atender sus reclamos con seriedad y respeto.

Conclusión

La manifestación de ayer en el Congreso y la brutal represión que sufrieron son un llamado de atención urgente. En una sociedad democrática, la respuesta a la protesta no puede ser la violencia. Debemos recordar que el verdadero poder reside en el pueblo y que las autoridades están allí para servir y proteger a todos los ciudadanos. Es imperativo que el gobierno rectifique, dialogue y actúe con justicia para preservar los valores fundamentales de nuestra democracia.