El derecho de autor en peligro

Redacción Canal Abierto | Mediante dos decretos surgidos de la usina del Ministerio de Desregulación, el Gobierno eliminó la potestad de las sociedades de gestión de derechos  de autor e imagen respecto de las obras artísticas.

A partir de esta medida, SADAIC, SAGAI, Argentores y DAC dejan de tener la potestad exclusiva respecto de la representación de autores y compositores de música, actores, dramaturgos y directores de cine y esta actividad queda abierta a cada caso individual.

Amparándose en el origen de la normativa, durante la dictadura que encabezó Juan Carlos Onganía, el titular de Desregulación Federico Sturzenegger explicó a través de un extenso tweet que a partir de la medida instaurada en el primer decreto, que afectaba solamente a SADAIC “liberamos a la cultura argentina del sistema de control estatal instaurado por el régimen de Onganía hace 50 años y que hasta la llegada del presidente Milei nadie quiso o se animó a desarmar”.

El texto, que confunde entidades de gestión con organismos estatales y estos aportes establecidos con impuestos, propone que la medida “elimina el monopolio de las SGC: desde hoy si alguien quiere fundar una SADAIC-2 para competir con SADAIC, podrá hacerlo» y que “permite que los autores y creadores celebren acuerdos particulares sin intervención de dichas sociedades, cobrando sus derechos ellos mismos y acordando la tarifa con el usuario”.

Sturzenegger celebra que con esta medida “los autores recuperan la libertad que le da el pleno control de sus derechos, podrán elegir quién los representa o si lo desean representarse ellos mismos sin intervención de una SGC. Los contratantes, por su parte, sabrán que con el acuerdo particular ya satisfacen todos los derechos económicos de ese autor, lo que da mayor certeza en el comercio”.

Diego Boris es miembro fundador de la Unicón de Músicos Independientes (UMI), organización desde la cual se impulsó la Ley Nacional de la Música, que dio origen al Instituo Nacional de la Música, del que fue su primer presidente.

Consultado por Canal Abierto, Boris opinó que “esta normativa no es a favor de los músicos ni de las músicas, todo lo contrario. Es crear las condiciones para que los artistas que tenían sus derechos protegidos por la normativa vigente tengan ‘la libertad´ de regalarlos, de entregarlos, de venderlos”.

El músico contó que “algunos productores en los 90 le pedían el derecho autor cuando eran teloneros de artistas internacionales. Eso lo hacían por abajo. Le pedían que devuelvan el producto de su trabajo después de cobrar, porque era ilegal no pagarles o pagarles menos de un piso. Esto ahora va a ser legal porque le están dando las posibilidades de pactar en forma individual cualquier tipo de arreglo”.

“Sabemos lo que sucede cuando se saca cualquier norma de protección que tiene un artista que en la mayoría de los casos es vulnerable ante la posibilidad de tocar ante gran público o ante las necesidades económicas por el solo hecho de de tener que cumplir cuestiones alimentarias va a restringir su cobro al mínimo y a veces pone a cuestión hasta publicidad de que ese cobro sea nulo. O sea que lo que hasta ayer era un derecho, hoy es una oportunidad para los productores de quedarse con el dinero que antes cobrábamos los artistas”, agregó.

Además de este perjuicio, esta resolución provocará el desfinanciamiento de la entidad que, además de gestionar el cobro de derechos, proveía a sus asociados de beneficios mutuales que pasan a estar en riesgo.

Boris planteó que además de las falsedades que plantea el argumento de Sturzenegger, demuestra un desconocimiento total de la actividad. “Dice que el artista va a tocar y puede cobrar su derecho de autor en el mismo lugar, pero cualquiera que está en la actividad sabe que muchos artistas tocan covers y que tocan covers a veces de músicos fallecidos. ¿Van a ir los familiares de los músicos a cobrarles por dos temas al lugar? Es un delirio. En muchísimos casos, la mayoría, los autores no están en el lugar que se toca”.

Boris destacó la importancia de la formación y difusión tanto hacia el propio sector como a la comunidad general. “Este dinero se genera en la propia actividad, no es un impuesto. Ni SADAIC, ni AADI ni CAPIF son impuestos. Es el pago por utilización de algo que no corresponde. Si no se hace docencia en eso, uno cree que porque compró un disco lo puede utilizar para animar fiestas, yendo al soporte físico o bajando lo de las plataformas”, detalló.

Y reflexionó: “Como nosotros no vivimos la evolución de la tecnología en ese sentido, tenemos que saber antes los bailes se animaban con orquestas. Entonces, ¿qué pasó? En un momento, cuando salen los primeros dispositivos para reproducir música almacenada, a alguien se lo ocurrió poner un disco y decirle a la orquesta, `No vengas a laborar más´. ¿Y qué iba a hacer la orquesta? Negarse a grabar discos para no quedarse sin laburo. Entonces se encontraron puntos de equilibrio. Yo grabo disco, si vos utilizás ese disco para ganar dinero haciendo una fiesta, tenés que pagar”.

“Ese es el punto de equilibrio, porque si no, no se hubiesen grabado discos porque la gente ya no hubiese podido eh trabajar de lo que trabajaba. Son puntos de equilibrio que genera la evolución de la tecnología. Pero ahora viene un gobierno que quiere llevarse puesto todos los nuestra historia como si todo empezara cuando ellos llegan”, concluyó Boris

La Posición de Argentores

Argentores es la sociedad que gestiona los derechos de autores de cine, teatro y televisión y se ve afectada en el segundo decreto, que extiende las medidas dispuestas para SADAIC al resto de las entidades.

Ante la situación, la entidad emitió un comunicado en el que expresa que “estas sociedades en la Argentina, y en todo el mundo, son la herramienta y garantía de la defensa de los creadores y sus derechos. La acción mutual llevada adelante por estas entidades, que no reciben un centavo del estado, es fundamental a la hora de que esa defensa se haga efectiva. Poner en peligro esa función social es atacar la subsistencia de los creadores mismos”.

“En el caso particular de Argentores, nacida de las entrañas mismas de los autores como mutual hace 115 años, la comisión administrativa que percibe por realizar el cobro y liquidaciones de derechos de autor, es la que se utiliza para la mutualidad. Los autores mismos se ayudan para crear un círculo virtuoso y solidario. Más de mil personas, socios y familiares, dependen de esta tarea social: pensiones, ayudas asistenciales, medicina prepaga, medicamentos, consultorios clínicos y psicológicos, asistencia legal nacional e internacional, fomento al autor y a su actividad”, agrega.

Y concluye: “Es por esta razón que Argentores no comprende cual es el espíritu que anima este decreto desregulador, que no entiende el sentido real de la existencia de una sociedad de gestión y en lugar de ayudar a los autores los deja librados a su suerte. Jamás la gestión individual podrá reemplazar a la gestión colectiva de derechos. Una sociedad de gestión acompaña al creador durante su periodo productivo y lo protege cuando su actividad merma. Una entidad de gestión siempre está al lado del autor y nunca lo abandona”

Fuente: https://canalabierto.com.ar