El Gobierno anunció el cierre del 40% de los Registros del Automotor

Con el objetivo de “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”, el gobierno Nacional a cargo de Javier Milei anunció este viernes que reducirá un 40% los Registros del Automotor, así como también una reducción del personal del sector y la eliminación de la obligatoriedad de la cédula azul para circular.

“Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos“, anunció el Ministerio de Justicia.

Asimismo, la cartera de Justicia confirmó que “se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas“.

También, el oficialismo informó que “se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos“.

En paralelo, la administración de Javier Milei propondrán a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.

Por último, el oficialismo implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.

A su vez, de acuerdo a lo comunicado por el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, la cartera auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

Cabe destacar que, las medidas de este viernes se suman a otras tomadas por el oficialismo para el sector automotor. Es que, a fines de abril, se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).