El portavoz dio a conocer la polémica medida poco antes de que queden sin efecto los súperpoderes que el Congreso le otorgó al Presidente, Javier Milei, a través de las facultades delegadas. “La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada”, aseguró, sobre el decreto que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial.

Entre los principales cambios que conllevará esta disolución, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. “Se focalizará en la verificación del cumplimiento normativo y contractual, y en la investigación de los accidentes ferroviarios”, señaló Adorni.

Además, el resto de las funciones de la CNRT serán absorbidas por la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. “La nueva agencia será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas y actos administrativos relacionados a la fiscalización de concesiones viales”, afirmó el portavoz.

Por su parte, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) “dejará de funcionar como tal” y será renombrada como Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. “Reducirá considerablemente su alcance y gasto. Además, limitará su ámbito de actuación exclusivamente al transporte aéreo civil para dar cumplimiento con los estándares técnicos y normativos”, sumó.

Argumentos y cifras

Como principal argumento que llevó a tomar esta decisión, Adorni mencionó que la Justicia “maniobras fraudulentas” mediante la “adjudicación de contratos públicos amañados, la ejecución anticipada de adelantos financieros millonarios sin justificación, el abandono de obras sin penalización y las ampliaciones injustificadas de plazos”.

“No se construyeron las rutas, y la plata se la quedaban igual”, denunció, en referencia a la causa Vialidad, por la que recientemente fue condenada la expresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión domiciliaria. En este sentido, el portavoz aseguró que el organismo “se inventó para simplificar la corrupción”.

Según el Gobierno, actualmente, la Dirección Nacional de Vialidad cuenta con 5.184 agentes, de los cuales 1.091 están en Casa Central y 4.053 fueron asignados a los 24 distritos viales. “La disolución del organismo generará un ahorro anual estimado de cien millones de dólares para el Estado nacional”, concluyó.