Apenas horas después de que el anuncio de disolución de la Dirección Nacional de Vialidad fuera frenado por una medida cautelar, el Gobierno dio a conocer que puso en marcha el proceso para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que fue reestatizada hace casi 20 años. “Desde 2006, la empresa requirió aportes de los argentinos por 13.400.000.000 de dólares”, argumentó el vocero presidencial, Manuel Adorni, al informar la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Este viernes al mediodía, en conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni señaló que se buscará incorporar capital privado mediante la transferencia del 90 por ciento de las acciones de la empresa, que actualmente está en manos del Estado. El proceso se realizará a través de un esquema mixto “que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores”, detalló el legislador porteño electo en mayo último.

Empleados accionistas

Además, el vocero señaló que el camino para la privatización “incluye la permanencia de los empleados como accionistas de AySA dentro del Programa de Propiedad Participada actualmente vigente, que representa el 10 por ciento del capital social de la empresa”. De acuerdo a la información oficial, el proceso será regulado por la Comisión Nacional de Valores.

“Indicadores clave muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura de la empresa”, alegó Adorni, y agregó: «La dotación creció un 90 por ciento durante la gestión estatal y el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16 por ciento cuando supo ser del 4 por ciento promedio”.