“El cierre de estos fondos conlleva principios de ordenamiento en la gestión gubernamental y el resguardo de una mejor administración de los recursos públicos”, sostiene el comunicado, sobre las disposiciones de la denominada Ley Bases, al tiempo que justifica la polémica decisión en el resultado de “un proceso de revisión”.

Caso por caso

Sobre el Fondo Nacional de Emergencias, la resolución explica que “tenía el objetivo de financiar acciones de respuesta ante determinadas emergencias que afectaran al país”, aunque “nunca llegó ponerse operativo ni contó con presupuesto asignado”. “Quedó reducido a una enunciación carente de implementación práctica”, afirma.

El Fondo Nacional de Emergencias fue establecido como receptor de una línea de préstamo contingente para financiar acciones de respuestas determinadas por el Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, mediante el Decreto 818 de 2022. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) analizó su desempeño.

Con respecto al más delicado, las Becas Progresar, que consistían en un pago mensual a estudiantes de todos los niveles, se indicó que “nunca llegó a implementarse”. “El Fondo Fiduciario Progresar nunca se encontró operativo, por no haberse integrado los bienes necesarios para su funcionamiento”, se precisó.

Por último, sobre el Fobosque, se señaló que una auditoría de la Sigen “puso en evidencia debilidades en los registros”. Así, se agregó que no se encontraron “informes de gestión, estadísticas o un Manual Operativo”.

Además, el Gobierno aseveró que parte de los recursos de este fondo provenían “del dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de agricultura, ganadería y el sector forestal”. Esta cuestión “no se vio verificada” en los anexos de sucesivos Presupuestos de la Administración Nacional.