El Gobierno de Javier Milei y su Contradictoria Lucha contra la Corrupción

Por: Juan Severo

El anuncio del Ministerio de Justicia del gobierno nacional, liderado por Javier Milei, sobre un proyecto para elevar las penas de corrupción y la introducción de una nueva ley sobre terrorismo ha sido recibido con aprobación por gran parte de la ciudadanía. Sin embargo, estas medidas, que buscan fortalecer el marco legal contra la corrupción y el terrorismo, se ven opacadas por la reciente nominación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, una decisión que parece contradecir los principios de justicia y transparencia que el gobierno dice defender. Esta incongruencia refleja una preocupante falta de coherencia en las políticas del gobierno.

El proyecto de ley que enviará el Ministerio de Justicia al Congreso incluye el endurecimiento de las penas para quienes cometan actos de corrupción, un paso fundamental para combatir uno de los males que más afecta a nuestro país. La corrupción desvía recursos esenciales que podrían utilizarse para mejorar la vida de los ciudadanos y erosiona la confianza en las instituciones públicas.

Además, la propuesta de una ley sobre terrorismo es una respuesta necesaria a las crecientes amenazas globales y locales. Actualizar y reforzar nuestro marco legal para enfrentar el terrorismo es crucial para garantizar la seguridad de todos los argentinos.

No obstante, el nombramiento de Ariel Lijo a la Corte Suprema socava estos esfuerzos. Lijo es una figura controvertida, con un historial judicial cuestionable que ha generado dudas sobre su imparcialidad y compromiso con la justicia. Este nombramiento parece un claro ejemplo de cómo el gobierno borra con el codo lo que escribe con la mano.

Nombrar a un juez con antecedentes tan polémicos para una posición tan crucial es un movimiento que contradice cualquier discurso sobre la lucha contra la corrupción. La figura de Lijo no representa los valores de transparencia e integridad que las nuevas leyes pretenden establecer.

La ciudadanía percibe claramente esta contradicción. Mientras que por un lado se endurecen las leyes contra la corrupción, por el otro se promueven figuras que no garantizan un verdadero compromiso con la justicia. Este doble discurso no solo genera desconfianza en la población, sino que también perpetúa la percepción de impunidad y falta de seriedad en la lucha contra la corrupción.

El gobierno envía un mensaje de oportunismo político y falta de coherencia. La lucha contra la corrupción no puede tomarse en serio si los encargados de impartir justicia no son ejemplos de integridad y transparencia.

Para que las nuevas leyes contra la corrupción y el terrorismo tengan un impacto real y positivo, el gobierno de Javier Milei debe demostrar coherencia entre sus palabras y acciones. Esto implica no solo promulgar leyes más estrictas, sino también asegurarse de que las personas en posiciones clave sean modelos de integridad.

El nombramiento de jueces con historial cuestionable socava cualquier esfuerzo por fortalecer la transparencia y la justicia. Si el gobierno realmente desea avanzar en la lucha contra la corrupción, debe alinear sus acciones con su discurso, promoviendo figuras que encarnen los valores que pretende instaurar.

El proyecto del Ministerio de Justicia para elevar las penas de corrupción y crear una ley sobre terrorismo es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, estas medidas perderán su efectividad si el gobierno no actúa con coherencia en todos los niveles. El intento del nombramiento de Ariel Lijo a la Corte Suprema es un ejemplo de cómo las acciones pueden contradecir las intenciones, minando la confianza pública y socavando los esfuerzos de reforma.

Para ganar la confianza de la ciudadanía y avanzar hacia un país más justo y equitativo, el gobierno de Javier Milei debe demostrar un verdadero compromiso con la justicia y la transparencia. Solo así podrán sus iniciativas legales tener un impacto significativo y positivo en la lucha contra la corrupción y el terrorismo.