El gobierno de Santa Cruz tuvo que poner francotiradores para asegurarse la adhesión al RIGI
Para asegurarse la adhesión al régimen de beneficios para megainversores extranjeros, el gobernador Claudio Vidal también se valió de la rosca. El día anterior nombró a un ministro como diputado y hubo dos llamativas ausencias.
Redacción Canal Abierto | Después de dos intentos fallidos, el pasado jueves 12 de diciembre la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), impulsado a nivel nacional por el gobierno de Javier Milei. De esta forma, la provincia patagónica se convirtió en la décimo cuarta en adherir, después de Corrientes, Chaco, San Luis, Salta, Jujuy, San Juan, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, Tucumán y Chubut.
El gobernador provincialista y exdirigente sindical de los petroleros, Claudio Vidal, se aseguró los apoyos en el recinto con la jura como diputado, el día anterior, del hasta entonces ministro de Gobierno, Pedro Luxen. También fueron clave dos llamativas ausencias: las de la la diputada de Libres del Sur, Claudia Barrientos -integrante de la coalición oficialista “Por Santa Cruz” pero crítica con el proyecto de ley- y la de Rocío García de Unión por la Patria.
Luego de dos sesiones frustradas debido a las fuertes movilizaciones en rechazo del proyecto, la militarización de la Legislatura también fue decisiva para que prospere. Como se puede ver en imágenes capturadas por drones que fueron difundidas por medios y referentes locales, el megaoperativo incluyó a francotiradores apostados en los techos de la Legislatura, y también, a agentes armados dentro del recinto.
Por estos hechos, el diputado Eloy Echazú de Unión por la Patria presentó una denuncia en la Fiscalía de Instrucción N° 2 de Río Gallegos. “Colocar seis tiradores en el techo es inaudito”, señaló el dirigente peronista.
Al respecto, el medio local OPI Santa Cruz publicó un artículo en el que alertó por el uso de francotiradores, un dispositivo de seguridad que se implementa en situaciones de alto riesgo, como la presencia de figuras internacionales como presidentes extranjeros o el Papa, o en hechos delictivos como tomas de rehenes.
“Los responsables políticos de tomar esta decisión debieran explicar en cuál de los ejemplos que mencioné se encuadran las temerarias acciones policiales implementadas ayer en Río Gallegos, y aceptar la responsabilidad que les cabe. No hacerlo, con la cantidad de videos y fotografías que existen tomadas por drones, donde se ven los efectivos, las armas y hasta las maletas de transporte de las armas dispuestas en los techos, nos llevará a pensar que estamos ante un gobierno peligroso o que intenta infundir miedo e imperar por la fuerza más allá de los límites razonables”, afirmó Rubén Lasagno en su artículo.
Los puntos claves de un régimen de entrega
El RIGI, aprobado junto con la Ley Bases el pasado 12 de junio, consiste en un régimen normativo especial diseñado –según la propaganda oficial– para atraer grandes inversiones, necesarias para poner en marcha sectores claves de la economía.
Sin embargo, no son pocos quienes señalan que lejos de proporcionar mecanismos para promover el desarrollo nacional, el RIGI otorga beneficios exagerados a los megainversores extranjeros, en detrimento de la industria local, las economías regionales y los puestos de trabajo que éstas generan. Pero además, los estímulos que otorga se concentran en inversiones extractivistas, con las consecuencias al ambiente y a las poblaciones que este tipo de proyectos traen aparejados.
-Plantea la integración de productos locales y un plan de desarrollo de proveedores pero sin fijar requerimientos mínimos.
-Extiende la exención de pago de aranceles, tasa de estadística y otros tributos aduaneros a proveedores de proyectos de inversión relacionados con mercaderías o insumos importados.
-Establece una tasa del 0% en derechos de importación para bienes de capital “nuevos” (ya no usados), repuestos, partes y mercaderías de consumo, así como tasa de estadística y otros tributos aduaneros.
-En este Régimen, no es obligatorio liquidar divisas provenientes de las exportaciones a partir del tercer año desde la puesta en marcha del proyecto.
-Para resolver conflictos que puedan surgir entre las empresas inversoras y el Estado, las primeras pueden acudir directamente al CIADI o a la ICC, tribunales internacionales tendientes a resolver todos los conflictos en favor de los privados.
-Los beneficios fiscales son por 30 años y el monto mínimo de inversiones para acceder a los mismos es de 200 millones de dólares.
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Fuente: https://canalabierto.com.ar
