El Gobierno despidió a 135 trabajadores de la Agencia de Discapacidad

En el medio del conflicto con los gobernadores por la quita de recursos de las provincias, el presidente de la Nación, Javier Milei, le puso “me gusta” a un meme que pretendía burlarse del mandatario de Chubut, Ignacio Torres, al retratarlo como una persona con síndrome de Down.

El hecho fue repudiado por organizaciones de Discapacidad, políticos, periodistas, entre otras personalidades, a un lado y otro de la grieta, pero el ataque del gobierno nacional al sector no terminó ahí y ayer se conoció el despido de 135 trabajadores y trabajadoras de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que depende de Jefatura de Gabinete y cuyo director ejecutivo es el abogado personal de Milei, Diego Spagnuolo.

Las cesantías se efectuaron a partir de una Rescisión de Contratos y afectaron a trabajadores y trabajadoras de todo el país, la mayoría de ellos, empleados bajo el artículo 9 de la ley 25.164. Otros cinco estaban encuadrados bajo el decreto 1109/17, que habilita la contratación por tiempo determinado de profesionales para distintas áreas públicas.

Embarazadas, discapacitados y personas con licencia por enfermedad

Según precisaron desde ATE Nacional, “si bien el Gobierno Nacional a esta instancia le llama ‘rescisión de contratos’, sabemos que en realidad se trata de despidos encubiertos, porque en su mayoría son trabajadores y trabajadoras bajo el Artículo 9, muchas y muchos con varios años de antigüedad, en algunos casos incluso se trata de compañeras y compañeros en edad jubilatoria, o con problemas de salud”.

“También hay muchos trabajadores y trabajadoras que habían concursado los pases Planta Permanente el año pasado, que estaban sin oficializar pero que estaban ahí a la espera, a un paso de la estabilidad laboral”, explicó Julia Giuliani, vocal del sindicato.

En un comunicado difundido hoy, la junta interna de ATE en ANDIS dieron detalles de cómo se enteraron de los despidos: “El día 22 de febrero comienza a circular un listado informal con 29 trabajadores, el 28 a la madrugada llega un segundo listado con 135 trabajadores más. Entre ellos, personas con discapacidad, delegados, mujeres con 60 años recién cumplidos y trabajadores con licencia por enfermedad”.

En el mismo comunicado, los trabajadores apuntaron a Spagnuolo. Señalaron que, desde que llegó, sufren “constantes ataques” a través de dichos como: “la agencia está inflada”, “nada funciona”, o “si fuese por mí la cerraría”.

“Hace dos meses que está en el cargo y la única política que lleva adelante es el recorte de salarios y reducción de personal que, no hace más que impactar en el funcionamiento de la agencia, demorando los tiempos en la cobertura de las prestaciones que impactan en la calidad de vida de las PCD”, sostuvieron los trabajadores.

El rol de ANDIS

Con un total de 1380 trabajadores en todo el país, la Agencia tiene como función garantizar el acceso a los derechos de las personas con Discapacidad, uno de los sectores con más necesidad de asistencia y contención.

Fue creado en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, producto de la fusión de la Comisión Nacional de Pensiones con la Comisión Nacional de Discapacidad, con el Servicio de Rehabilitación, y con el programa Incluir Salud, que le da cobertura a pensionadas y pensionados no contributivos.

Para Mercedes Cabezas, Secretaria Adjunta del gremio, lo que quiere hacer el Gobierno nacional con los despidos que, en muchas provincias se traducen prácticamente en el desmantelamiento de las sedes, es eliminar “la territorialidad de los organismos públicos” y hacer una “transferencia” de obligaciones a las provincias, mientras las desfinancia.

En ese sentido, desde la junta interna de ATE ANDIS precisaron que el 80% de los despidos que se dan en el organismo es de personas que desempeñan sus funciones en las provincias.

Un sector en crisis

El despido de los 135 trabajadores llega para agravar la situación de crisis que el sector viene denunciando desde hace meses e incluso años. A mediados de febrero, las organizaciones nucleadas en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad entregaron un petitorio dirigido a Javier Milei en el que denunciaron “la compleja situación que tienen que enfrentar quienes prestan servicios a personas con discapacidad”.

Se trata de unos 100.000 profesionales que llevan adelante centros de rehabilitación, centros de día, escuelas, servicios de apoyo a la inclusión educativa, centros terapéuticos educativos, hogares, residencias, y terapias de apoyo a los que asisten unas 200.000 personas con discapacidad en todo el país, cuyos haberes se vieron deteriorados por la creciente inflación y una regulación que no se actualiza. Como consecuencia, las prestaciones peligran, y con ellas los derechos de quienes las reciben.

“De enero a diciembre hubo un 218% de inflación. Pero los aumentos de aranceles fueron un 120%. El último aumento fue de un 20% en enero y un 10% en febrero, que acumulado da un 32% respecto de diciembre”, explicaba entonces, en diálogo con Canal Abierto, Elizabeth Foschi, presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (CASAIE)”. “Hasta diciembre, un profesional de apoyo a la inclusión, que trabaja 20 horas semanales acompañando a un niño o joven en el aula, estaba ganando alrededor de $155.000. Nadie puede vivir con eso, por eso cada vez es más difícil conseguir profesionales”, agregaba.

Fuente: https://canalabierto.com.ar