La resolución precisa, entre las contrataciones que siguen congelados, “las designaciones a término en planta transitoria” según el Artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional y “las contrataciones del Artículo 9 de la Ley N° 25.164, contrataciones por tiempo determinado por servicios de carácter transitorio o estacional”.

Además, quedan restringidas “las contrataciones por tiempo indeterminado a plazo fijo, a tiempo parcial y trabajo eventual”. Asimismo, se mencionan “las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos” para las que están facultados el jefe de Gabinete, ministros, secretarios de Estado y titulares de entidades descentralizadas.

Por último, la normativa menciona también “las designaciones transitorias en cargos simples de planta permanente” y “las contrataciones de personal con o sin relación de dependencia”, incluso, bajo estatutos especiales o fuentes de financiamiento no presupuestarias. En rigor, esto regirá, al menos, hasta el próximo 31 de diciembre.

No obstante, el decreto destaca algunas excepciones focalizadas en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el cuerpo diplomático, guardaparques y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. También, contempla a los profesionales de hospitales y al personal penitenciario y de fuerzas armadas y de seguridad.

Vale remarcar que a las restricciones para la contratación de empleados en el Estado se suma una importante caída del poder de compra en el sector. Según el director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, “el sector público perdió casi un cuarto de su poder adquisitivo”, más precisamente, un poco más del 23 por ciento de sus ingresos.