El Gobierno recorta el acceso a la justicia

Redacción Canal Abierto | Hace pocos días, el Gobierno comenzó a hacer efectiva la medida que intentó llevar adelante hace meses: el cierre de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Se trata de 8 de los 16 que existían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), justamente aquellos ubicados en los barrios populares.

Los CAJ son dispositivos territoriales ubicados a lo largo de todo el país que buscan extender los servicios de asistencia legal gratuita y mejorar la situación de acceso a la justicia de la población más vulnerabilizada.

Los espacios cerrados recibían el 42% del total de las consultas de la Ciudad. Seis de ellos estaban entre los diez más requeridos.

“El 16 de mayo tomaron la decisión de cerrar todos los CAJ del país. Y ahí nosotros, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), iniciamos una vigilia en el Ministerio de Justicia para impedir que esa resolución sea firmada por el ministro (Mariano Cúneo Liberona). Logramos que no saliera, pero sí firmaron un plan de reorganización de los CAJ, que en la práctica significa el cierre y el vaciamiento de la política pública”, explica Silvina Silva, trabajadora en los Centros de Acceso a la Justicia y delegada de ATE en la Secretaría de Justicia, en diálogo con Canal Abierto.

El cierre de los centros de CABA significó el despido de 40 trabajadores, que se suman a los 120 que despidieron en el área de diciembre hasta ahora.

“Van a ir cerrando en la medida que contemplen que esos lugares no tienen que seguir funcionando. Es un poco al azar, no hay un criterio, es una decisión política, una concepción ideológica: no conciben el acceso a la justicia y mucho menos a la justicia social”, asegura la delegada.

Por su parte, distintas organizaciones sociales y vinculadas a la Justicia –como ACIJ, el CELS, ELA, INECIP, la Red Argentina de Abogacía Comunitaria y los Curas Villeros– aseguraron que, en un contexto de aumento de la pobreza y de deterioro de las condiciones de vida, “esta decisión aleja aún más la posibilidad de acceder a los derechos a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad”.

¿Para qué sirven los CAJ?

Los Centros de Acceso a la Justicia no son muchos: en toda la Argentina había, a diciembre, 115 espacios, integrado cada uno por un equipo de trabajadores profesionales y administrativos, entre ellos mediadores comunitarios, abogados, psicólogos, trabajadoras sociales, etc.

“Se caracterizan por trabajar en barrios vulnerables, populares, villas, donde el acceso a la justicia es un problema de fondo. El asesoramiento legal cuesta unos $70.000, así que una consulta con un abogado es impagable para cualquier trabajador, mucho más para un desocupado”, destaca Silva.

Creados en 2008, los CAJ se mantuvieron a lo largo de los gobiernos. Con el tiempo, pasaron a formar parte de la Secretaría de Justicia, al igual que otros programas, como la Línea 137 (violencia familiar), la Línea 145 (trata de personas), el programa de protección a testigos, etc.

Las consultas varían en cada zona. “En algunos lugares tienen que ver más con la población migrante, en otras con la violencia de género, con la justicia penal, con el acceso a la educación, a la vivienda, a la documentación para el DNI –detalla la delegada–. Generalmente, cuando una persona se acerca al CAJ manifiesta una problemática que tiene cinco problemáticas anteriores para resolver y va desencadenando otras que a veces están vinculadas a un trasfondo familiar de años”.

No sólo reciben consultas espontáneas, sino que trabajan con casos derivados de hogares, de escuelas, hospitales y hasta del Poder Judicial, quienes detectan situaciones en la comunidad y articulan con los Centros.

La situación actual

Los otros centros cerrados son los que se encontraban en la Villa 21/24-Barracas, en Villa Soldati, en Villa 15/Ciudad Oculta, en Villa 20, los dos del Barrio Padre Carlos Mugica (Sector Güemes y Sector Galpón), en Barrio Padre Ricciardelli y en Barrio Mitre.

Para Silva es necesario aclarar que el cierre de los CAJ “no genera una reducción de gastos”. “Es importante decirlo porque el argumento del Gobierno es que lo que están intentando es ahorrar recursos del Estado. Los CAJ justamente lo que hacen es ayudar a la promoción de los derechos, a la prevención del delito y a evitar que otros gastos del Estado se den en el desorden jurídico. Por otro lado, no sólo atendemos a la población más vulnerable: atendemos a todo el mundo”, señala.

Luego agrega: “Estamos esperando y luchando, no sólo para que conserven los puestos de trabajo, sino para que la estructura que encierra la política pública de los CAJ pueda seguir con las pocas herramientas que nos van quedando”.

Mientras tanto, el resto de los CAJ siguen funcionando, aunque la propaganda oficial que anunció el cierre masivo hizo que cayeran las consultas porque la gente piensa que ya no existen.

Incluso en los Centros que cerraron, sus trabajadores dejaron teléfonos y mails de los CAJ más cercanos para que la gente pueda acercarse.