El impacto de la motosierra en los medios

Redacción Canal Abierto | En lo que fue el primer adelanto oficial de una medida de gobierno, el portavoz presidencial Manuel Adorni anunció el martes que «la pauta a los medios de comunicación queda suspendida por el término de un año«. La medida fue incluída en el primer decálogo del ministro de Economía Luis Caputo esa misma tarde.

Si bien se trata de una medida que había sido pregonada por el presidente Javier Milei en su faceta de panelista y candidato, resta conocer los detalles y si la medida alcanza sólo a la publicidad oficial que sale por Secretaría de Medios y Télam o abarca también a los organismos descentralizados o empresas como YPF.

La medida fue incluida en el marco del anuncio de eliminación de secretarías y subsecretarías en el marco del denominado «plan motosierra». En su exposición, Adorni volvió a la frase “no hay plata”.  A lo largo de este año, el Gobierno destinó unos 40.000 millones de pesos a ese ítem, lo que implica menos del 0,1% del presupuesto.

La decisión abre el debate sobre el impacto que tendrá en los medios receptores, pero también en la población, que a través de la publicidad oficial recibe información de los actos del Gobierno.

Consultado por Canal Abierto, el investigador Agustín Espada explicó que “la publicidad tiene en teoría una función central en lo que el Estado puede hacer para garantizar el derecho de la información de los ciudadanos en cuestiones ligadas al cumplimiento y la satisfacción de su derechos en materia de salud, de educación, de bienestar social como también de acciones de gobierno”.

Y agregó que “en ese sentido, el principal destinatario de una política de publicidad oficial es el ciudadano a quien hay que hacerle llegar esa información de interés público, relevante sobre los actos de gobierno y sobre los mecanismos y herramientas que tienen los propios ciudadanos para hacer cumplir sus derechos”.

Espada planteó que el interrogante del alcance de la medida en tanto si se refiere sólo a lo que es el Gobierno o es extensiva a los organismos descentralizados y empresas no es menor. “Si el gobierno cerrara el grifo de la de la parte de la publicidad que es más transparente que es la del gobierno, pero abre el grifo en sectores más opacos como las cajas de PAMI de ANSES de YPF o el Banco Nación,  vamos a estar en un problema bastante importante”, advirtió.

Consultado sobre el impacto que esto pueda llegar a tener en los medios según su tamaño o característica, Espada planteó que “en Clarín, por ejemplo, el impacto de la publicidad oficial de Nación es más o menos entre el 4 y el 5%. En otros de medios privados ese impacto crece porque facturan menos en el mercado privado de publicidad”.

“Y después te diría que, ya no en el interior del país sino directamente por fuera de la ciudad de Buenos Aires, el impacto es grande porque ahí los privados pautan mucho menos. Las grandes marcas de comercio, de telefonía y otros servicios anuncian en los medios de la Ciudad de Buenos Aires principalmente porque tienen una llegada al resto del país y eso resiente mucho la capacidad de producción de contenidos federal y desde las provincias, donde los mercados privados son mucho más chicos y también son mucho más cooptados por uno o dos actores locales que tienen la capacidad de quedarse con esa pauta publicitaria. Así que por fuera la ciudad de Buenos Aires el impacto sería mucho más grande que en la ciudad de Buenos Aires”, analizó el investigador.

“Por otro lado, los medios alternativos, populares, comunitarios y cooperativos hace muchos años que existen y hace muchos años que el Estado los discriminó en materia de distribución de publicidad oficial, salvo en unos años el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y en los últimos años del gobierno de Alberto Fernández. Por lo tanto, para bien o para mal -y yo diría más para mal-, son medios que están acostumbrados a rebuscársela sin publicidad oficial, aunque no debiera ser así”, señaló Espada.

Juan Salvador Delú, presidente del Foro Argentino de Radio Comunitarios (FARCO), señaló a la consulta de este portal que “en el sector siempre tuvimos una mirada crítica de cómo se dio la pauta, por eso siempre pedimos que hubiera una discusión en el marco legislativo de cómo adjudicar la pauta publicitaria. Esto nunca sucedió y obviamente esta suspensión para los medios del sector que habían ingresado al sistema de pautas, este recorte va a ser cimbronazo muy importante para la vida diaria y para su propia gestión”.

En sintonía con el primer planteo de Espada, Delú se preguntó “cómo va informada el Estado de los actos de gobierno. Porque la pauta no es un derecho de los medios, sino es un derecho de la ciudadanía a obtener información directa. Así que estamos frente a un problema grave que puede ser que el Estado decida pactar con Meta y querer publicitar solamente a través de las redes sociales, cuando  nuestro país tiene una tradición de informarse también a través de los medios tradicionales muy importante”

“¿Cómo va a hacer este gobierno para demostrar los actos de gobierno, desde un calendario de vacunas hasta cualquier tipo de paquete económico o de medidas de otra índole? Ahí veo un problema con un posible formato muy oscurantista del gobierno actual de cara a cómo va a ejercer la comunicación pública”.

Y subrayó que “esto parte de una visión ideológica a este sector, que es que sólo sustentable aquello que esté en grandes ciudades y pueda ser mantenido por los consumidores que están alrededor. La respuesta de ellos es que si el medio no se puede mantener con publicidad privada, es que no es competitivo y hay que cerrarlo. Pero desde esa lógica sostendría que un hospital tampoco podría existir si no es en una zona de alta densidad demográfica con personas con alta capacidad de consumo alrededor. Y se aplicaría un centro cultural, se aplicaría todo una dinámica social que se rompe y vuela por los aires. Así que es un problema ya no solamente los medios de comunicación, sino de las entidades de en general”.

Malena Winer es la presidenta de la cooperativa Por Más Tiempo, integrada por trabajadores que en 2016 recuperaron el periódico impreso Tiempo Argentino y lo sostienen de manera cooperativa y respondió a Canal Abierto que “junto a otros medios autogestivos y cooperativos, vemos un impacto en cada uno con el porcentaje de las fuentes de trabajo. Nosotros no tenemos un capitalista atrás con ganancias, sino que justamente el reparto de dinero es para sus propios socios”.

“Esto tiene que ver con otro tipo de modelo de negocios que medios concentrados que participan de empresas con múltiples negocios. Ahí el impacto se reduce  puntualmente por pauta: hay una degradación democrática porque la diversidad de voces en nuestros enfoques se ve afectada para que subsistamos como un sistema plural”, agregó.

“Este tipo de medidas favorece a los mismos de siempre, a los concentrados, que tienen sus posibilidades en otro tipo de negocios y en los volúmenes del presupuesto general de un Estado. Esta medida no se corresponde con respecto a la garantía democrática que podría tener sostener la pluralidad de voces con el derecho de la población a informarse, con el derecho a tener pluralidad de miradas”, afirmó Winer.

Y concluyó: “a veces hay palabras como pauta que se rellenan de cosas hay que hay que explicar que la pauta tiene que ver con todo este tipo de garantías de derechos comunicacionales  y de miradas sobre la realidad y que tienen que ver con pluralidad de voces. Por eso hay que destacar  a la comunicación como un derecho humano con lo cual como cualquier otra medida que se cree de recorte de alto impacto en la población”.

Fuente: https://canalabierto.com.ar