El ministro de Seguridad bonaerense le respondió a Grabois por el allanamiento a Miño

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, le contestó este jueves al referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois, quien criticó el reciente allanamiento a la dirigente social, Fernanda Miño.

“Realizamos un procedimiento, un allanamiento en el marco de una causa, en el marco de un robo agravado de una moto en el que se efectuaron disparos contra la víctima. La Justicia ordenó un allanamiento que fuimos a cumplir”, justificó el funcionario de Axel Kicillof.

Es que, el martes por la noche, el dirigente de UTEP reveló que habían allanado la casa de Miño, en Villa La Cava, San Isidro, por una supuesta moto robada. “Los vecinos nos informan que cuando abrió la puerta, un grupo de policías encapuchados con armas largas que estaban escondidos se metieron violentamente por atrás”, denunció.

También, Grabois precisó que no la dejaron comunicarse con su abogado ni le indicaron la causa de la irrupción. “A Fernanda nunca le pudieron encontrar nada, entonces, ahora le inventaron que ella, que es la gran bandida del mundo, se robó una moto. ¿Saben por qué es este allanamiento? Por el robo de una moto”, puntualizó en un video que compartió en redes sociales.

“Son nuestros enemigos que están cruzando una línea roja más, que son cobardes, siempre cobardes con los de arriba y muy fuertes con los de abajo. Esto no se lo vamos a dejar pasar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, advirtió Grabois, que calificó al allanamiento como ”artero” e ”ilegal “ y criticó a la administración nacional.

A su vez, el dirigente denunció que “una de las menores que estaban en el lugar cuando fue el operativo, artero, completamente ilegal, nos cuenta que un señor encapuchado la agarró del pelo y la golpeó. Son muy guapos con los pobres, son muy guapos con los villeros”, al mismo tiempo que advirtió que Miño también habría sido golpeada.

Tras las críticas de Grabois, la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, salió a responsabilizar del allanamiento a la administración provincial. “Grabois, el operativo que reclamas fue de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Lo que tengas que reclamar, hacéselo a tu amigo Axel Kicillof”, escribió a través de la red social X.

En ese contexto, Alonso argumentó que, desde la administración provincial, están “haciendo un esfuerzo importante en la persecución del robo automotor y de motos, sobre todo donde se efectúan actos de fuego”.

“Hacemos un seguimiento y tratamos de establecer esos casos, para esclarecer el caso se trabajó con las cámaras municipales y surgió una camioneta que es de donde se bajan los delincuentes, una persona robó la moto y escapó, se sigue al titular y hay uno que es alguien con una cédula azul empleado del Servicio Penitenciario y que tiene un arma”, explicó el funcionario.

En ese contexto, el operativo fue realizado por un grupo comando del GAD, a pedido de la Fiscalía n°3 y el Juzgado de Garantías N°2 de San Martín. Todo ocurrió en la vivienda del barrio La Cava, en San Isidro, que es propiedad de la familia, pese a que según reportan los vecinos Miño y su familia hace tiempo no viven allí. Sin embargo, los efectivos buscaban una Dodge Journey que, en los papeles, les pertenece.

“La Policía llega en el marco de la investigación, no estábamos yendo a buscar a Miño, sino lo que el juez nos dice. Es un barrio complejo de acceder, hay que hacer 80 metros por un pasillo de un metro de ancho. Hacemos muchos allanamientos por drogas y muchas veces sufrimos ataques”, amplió Alonso.

Además, el titular de la cartera de Seguridad afirmó que las fuerzas de seguridad fueron a buscar a una persona que disparó para robar una moto. “Hay un protocolo para estos allanamientos, tenemos que irrumpir en la vivienda, no se pide permiso para entrar, la gente se tiene que tirar al piso”, remarcó.

Si bien Alonso aclaró que la policía actuó de acuerdo al protocolo, desde la cartera evaluarán si hubo excesos cometidos por los efectivos, tal y como denunció Grabois. “Ese protocolo es violento porque tenemos que usar la coerción para hacer algo en contra la voluntad de quienes investigamos, es dentro del marco de la ley, si hay brutalidad o no, se va a analizar“, cerró.

Bullrich vs Grabois: los motivos por lo que allanaron a Fernanda Miño

Vale recordar que, Miño estuvo bajo la lupa de la administración libertaria a principios de año, cuando se realizó una auditoría en el fondo fiduciario que ella manejaba. De hecho, fue la última responsable del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), que destinó miles de millones de pesos a obras en barrios vulnerables, por lo que fue imputada en una causa por presuntas irregularidades en el fuero federal.

Sin embargo, tras las auditorías, el propio Poder Ejecutivo aclaró que hasta “no se encontraron hechos de corrupción”, en ninguno de los fondos que manejaba, ya que además del FISU, Miño tenía a su cargo el Registro Nacional de Barrios Populares y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Es preciso mencionar que, según fuentes oficiales, desde la creación del FISU se realizaron 1.278 obras de integración en barrios populares, alcanzaron 5.060 asentamientos con obras de vivienda en los que se realizaron 6.517 intervenciones por un monto de casi 500 mil millones de pesos, exactamente $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Fueron distribuidos en casi el 70% a “organizaciones de la sociedad civil”.

La auditoría en cuestión puso la lupa en que un gran porcentaje de las obras, ya que la mayoría de los contratos fueron dirigidos por cooperativas vinculadas a los movimientos sociales de la UTEP.