El movimiento universitario argentino sale a las calles una vez más a revalidar su rica historia de lucha

La Reforma de 1918, la represión sufrida en la “Noche de los Bastones Largos”, el Cordobazo, las luchas militantes de los años ’70, las manifestaciones contra la Ley de Educación Superior del menemismo y la defensa de la gratuidad a principios del siglo XXI son episodios que conforman la larga y rica historia de lucha que posee la comunidad estudiantil y universitaria de Argentina, que el próximo martes ganará las calles del país en defensa de las casas de altos estudios del país frente a la política de desfinanciamiento que aplica el gobierno del presidente Javier Milei.

Los orígenes de este movimiento universitario que pugnó por una universidad pública gratuita, de calidad, con libertad de cátedras, concursos y un cogobierno entre docentes, graduados y estudiantes llegan a la primera década del siglo XX, en los tiempos de la Ley Sáenz Peña que habilitó el voto universal y secreto, pero solo para la población masculina y mayor de 18 años.

Esa norma, que permitió la llegada de Hipólito Yrigoyen a la presidencia, posibilitó en Argentina el surgimiento de un clima de agitación política y sindical que se trasladó a las universidades públicas, donde los estudiantes comenzaron a exigir reformas y participación en el gobierno de las instituciones.

La reforma de 1918

Ese movimiento tuvo su epicentro en la provincia de Córdoba, en la universidad más antigua del país, donde tras una sucesión de huelgas estudiantiles, el gobierno radical dispuso la intervención con la intención de impulsar una normalización que contemplara algunas de las demandas promovidas por el estudiantado.

La universidad que impulsó la reforma tenía en esa época unos 1500 estudiantes, todos eran varones porque las mujeres tenían vedado el ingreso, los contenidos estaban distanciados de la ciencia y la titularidad de las cátedras era heredada.

La Universidad de Córdoba estaba intervenida, y ante un proceso fraudulento de normalización, los estudiantes tomaron el 15 de junio de 1918 la sede de la institución y establecieron un gobierno propio.

En medio de la huelga y la ocupación, los estudiantes hicieron circular la Gaceta Universitaria, que difundió en sus páginas el célebre “Manifiesto Liminar”, un documento que sentaba las bases del movimiento reformista gestado en la provincia mediterránea.

“Hombres de una República libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana”, rezaba este manifiesto en unos de sus párrafos.

Tras meses de revueltas y enfrentamientos, la reforma universitaria finalmente se consagró en Córdoba, aunque con algunas limitaciones en relación a las que impulsaban los estudiantes. Los docentes tendrían mayoría en el cogobierno en desmedro de los estudiantes y los graduados.

Pero las bases de ese movimiento se extendieron por el resto de las universidades del país como Buenos Aires, La Plata, el Litoral y Tucumán, pero también se extendería por países como Cuba, México, Perú, Uruguay, Cuba y hasta en España.

Tras la caída de Yrigoyen y en los sucesivos gobiernos dictatoriales que Argentina tuvo en el siglo XX, los principios de la reforma fueron suprimidos y las universidades públicas intervenidas.

Contra la Noche de los Bastones Largos

Entre fines de los años ’50 y mediados de los ’60, la universidad pública argentina tuvo su época de esplendor en materia de excelencia formativa, diversidad de contenidos en las cátedras, producción científica y de extensión, sobre todo en la UBA.

Pero en 1966, tras la caída del presidente radical Arturo Illia y la entronización del régimen militar de Juan Carlos Onganía, la universidad pública vivió una verdadera tragedia que la sumiría en un período de oscurantismo y mediocridad que se extendería hasta la década siguiente.

La dictadura dispuso la intervención de las universidades, el 29 de julio de 1966, y en un episodio que se conoce como “La Noche de los Bastones Largos”, ingresó a los claustros de la UBA y desató una violenta represión con la policía a docentes y alumnos, que intentaron resistir la medida.

Las escenas más violetas se dieron en las facultades de Ciencias Exactas, Naturales y de Filosofía y Letras, donde hubo numerosos heridos y cerca de 400 detenidos.

La foto de docentes saliendo de la Facultad de Exactas (ubicada en Diagonal Sur y Perú) en fila india, con las manos en la nuca y bajo una escolta policial, constituyó la imagen emblemática de ese despropósito, perpetrado por un gobierno que prefiguraba a la universidad pública como un antro de marxistas y disolventes.

Tras la irrupción castrense en la universidad pública, muchos de sus docentes y científicos emigraron al exterior, principalmente a los Estados Unidos, donde siguieron carreras exitosas en los ámbitos privados y académicos, mientras la universidad argentina era ocupada por ultramontanos que impartían concepciones perimidas sobre la ciencia, el arte y la cultura.

Otra vez Córdoba a la vanguardia

En Córdoba, cuna de la reforma, la intervención de Onganía fue férreamente resistida con huelgas y tomas de facultades.

El régimen respondió con violencia y en uno de los tantos episodios represivos murió asesinado el estudiante y obrero Santiago Papillón, quien se convirtió en un símbolo de las luchas que sucederían en esos tiempos de agitación.

Esa conjugación entre la condición de obrero y la vocación estudiantil inspiraron muchas de las movilizaciones que se sucedieron en esos años, y en mayo de 1969, se encarnarían en una emblemática protesta que devino en un estallido social que sacudió las estructuras de la Argentina autoritaria.

Obreros y estudiantes ganaron las calles de Córdoba el 29 de mayo de ese año en protestas por medidas económicas del gobierno de Onganía, y virtualmente tomaron la ciudad ante el repliegue de las fuerzas policiales que se vieron impedidas de detener a una multitud movilizada y decidida.

Ese suceso de masas puso en jaque a la dictadura de Onganía, que un año más tarde dejaría el gobierno por decisión del general Alejandro Lanusse, que asumió la presidencia en 1971 y entregó el Gobierno a Héctor Cámpora en 1973.

Normalización y vuelta atrás

En los años ’70, con el regreso de la democracia hubo un intento de normalización en medio del clima de movilización política y social que caracterizó a esa época de la historia del país, aún en ese turbulento contexto, hubo un intento de recuperar el prestigio que la universidad tuvo en la década anterior.

Pero tras la muerte de Juan Domingo Perón, y con la gestión de Oscar Ivanissevic como ministro de Educación retornó el autoritarismo al sistema universitario.

Alberto Eduardo Ottalagano, un abogado y escritor de tendencias fascistas y antisemitas que había militado en la Alianza Libertadora Nacionalista, fue designado como interventor de la UBA.

Estableció cupos para el ingreso, despidió a los docentes que venían de la gestión anterior e impuso un férreo control ideológico en las aulas y en todos los ámbitos de las universidades.

Esa gestión constituyó la antesala de lo que sucedería tras el golpe de marzo de 1976, cuando todas las tendencias autoritarias se incrementaron en un contexto de persecución en sintonía con el terrorismo de Estado.

La Ley de Educación Superior

Con la recuperación de la democracia, la universidad pública inició, por decisión del entonces presidente Raúl Alfonsín, un proceso de normalización que le permitió recuperar la autonomía en 1986.

En 1995, el movimiento universitario volvió a ganar las calles para protestar contra la sanción de la Ley de Educación Superior, que planteaba la educación universitaria como “un servicio” y no como un derecho.

Las 33 universidades nacionales de entonces fueron ocupadas por los estudiantes y hubo una multitudinaria movilización al Congreso el día que la norma fue debatida.

La ley abría la posibilidad del arancelamiento, pero las sucesivas luchas y movilizaciones de la comunidad universitaria, impidieron su concreción.

En 2001, en la antesala de la caída de Fernando de La Rúa, se pretendió imponer un fuerte programa de ajuste sobre el sistema universitario y otra vez una activa movilización lo frenó.

Ricardo López Murphy, efímero ministro de Economía de la Alianza, que plantó la necesidad de aplicar recortes al sistema debió presentar su renuncia al cabo de 16 días de gestión.

En las primeras dos décadas del siglo XXI, el kirchnerismo impulsó la creación de numerosas universidades nacionales en varias localidades del país, lo que posibilitó que muchos jóvenes fueran los primeros en sus familias en acceder al nivel educativo superior.

“Esa locura de universidades por todas partes”, como alguna vez lamentó el expresidente Mauricio Macri, sentó las bases de una nueva conciencia estudiantil que se expresará en las nuevamente en calles, con el respaldo de la CGT, los movimientos sociales y varios partidos políticos.

Ante el desfinanciamiento y las acusaciones de adoctrinamiento lanzadas por la gestión libertaria, el movimiento universitario vuelve otra vez a la lucha y a la movilización. Seguramente, nada será igual en Argentina tras la jornada del próximo martes 23 de abril.