El plan de Milei: Una paz social que cuesta dólares y democracia

Por Gladys Stagno | “Una arquitectura artificial sostenida por endeudamiento, postergaciones y represión de los conflictos sociales”. Así define el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) al actual modelo económico argentino en su informe de coyuntura de julio, titulado Gobernar sin pueblo, la fórmula del poder.

En él, el Instituto analiza el modelo de Javier Milei y advierte que, tras una aparente estabilidad macro se esconde una “fragilidad estructural” a futuro. Y que este programa económico es tan destructivo que sólo es sostenible si se “disciplina al sistema político”.

La explicación es bastante sencilla. En lo que va del año, el Gobierno celebró la desaceleración inflacionaria, aunque no se trata de una victoria genuina: esta “tranquilidad nominal” tiene “un costo económico y social creciente”. Costo que ya se siente con fuerza en las economías domésticas y podría tener su correlato en las elecciones de octubre.

Alertado sobre esto y frente a la imposibilidad de construir consensos sociales, el sistema económico —que incluye al Gobierno— ya ha tejido estrategias con un objetivo claro: disputar el sentido común y deteriorar el orden democrático.

Los datos de la economía

Las zonas donde cruje el programa económico son, justamente, aquellas que más impactan en el mercado interno: la industria y la construcción se encuentran “muy por debajo del nivel que tenían en abril 2023”, con caídas de -9,5%  y -11,5% respectivamente, y las ventas en supermercados cayeron un -10% y un -12,5% interanual en mayo y junio.

¿Por qué? Porque “la desinflación en pesos oculta el aumento de la inflación en dólares. Y la inflación en dólares desacomoda al conjunto del sistema económico. Genera déficit en divisas que debe cubrirse con endeudamiento, promueve el ingreso de importados (…) destruyendo la actividad productiva. Y en ese marco, destruye empleo y deteriora los ingresos”, advierte el economista Claudio Lozano, fundador del IPyPP.

Esto da como resultado una economía dual: el informe señala que mientras que un 50% de los segmentos medio-bajos “no llega a fin de mes y un 30% resigna gastos para pagar servicios”, los segmentos medios-altos “expanden su consumo en dólares”.

Pero para expandir ese consumo, el único sostén es el endeudamiento. “En los últimos seis meses, el Gobierno contrajo deuda externa por al menos US$ 19.557 millones”,entre el FMI, repo con bancos internacionales y emisión de bonos, dice el IPyPP. Y recuerda que, sólo entre enero y mayo, “la cuenta de servicios muestra un rojo de US$ 5.100 millones, de los cuales un abrumador 88% (US$ 4.500 millones) corresponde a gastos por viajes al exterior”.

A esta situación se le suma la decisión política de “atraer capitales especulativos a cualquier costo”. El informe advierte que “la eliminación del ‘parking’ de 180 días para inversores no residentes” convierte a la economía argentina “en un casino de corto plazo”. Y que el retiro de gigantes financieros como JP Morgan y PIMCO “marca un punto de inflexión: el mercado huele la inestabilidad estructural del programa y empieza a retirarse”.

El frente político

En este escenario que se sostiene con piolines, la necesidad del Gobierno de evitar una creciente conflictividad en las calles se ha basado en represión pero un disciplinamiento político que busca perpetuar el rumbo sin alternativas.

“La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner aparece como una herramienta para evitar que se reabra una disputa con densidad popular —señala el IPyPP—. Por eso, su exclusión no responde simplemente a una ofensiva judicial, sino que opera como condición de posibilidad para consolidar un nuevo orden institucional, en el que la competencia se neutraliza antes de producirse. En un contexto de abstención récord y sin la candidatura de la dirigente opositora con mayor caudal electoral en los territorios más densos del país, el sistema electoral se convierte en una ficción representativa. Una democracia vaciada, donde se vota sin que nada esencial esté realmente en juego”.

Con una Corte Suprema “que opera como garante del orden económico”, y una “oposición política amenazada o clausurada”, el objetivo —según el informe— es “consolidar un campo político donde las alternativas sean admisibles solo si no alteran el orden macroeconómico impuesto”.

Luego resume: “Lo que se consolida es un régimen que no necesita legitimidad popular ni bloques de poder amplios: alcanza con la convergencia entre poder financiero, judicial y mediático”.

Ilustración: Marcelo Spotti