“El rechazo del habeas corpus no implica que el Protocolo de Bullrich sea legal”
La ministra festejó en X la decisión del juez Gustavo Pierretti que rechaza el recurso presentado por el CELS y Pérez Esquivel. El abogado Juan Carlos Capurro explicó los alcances de la resolución judicial y dijo que la discusión de fondo es si Bullrich puede cambiar una ley sin pasar por el Congreso.
Redacción Canal Abierto | El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n°13 a cargo del juez de instrucción Gustavo Pierretti resolvió rechazar el habeas corpus colectivo presentado por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el CELS y el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, de cara a la movilización convocada para esta tarde, en el marco del lanzamiento del Protocolo antiprotestas de Patricia Bullrich.
La ahora ministra de Seguridad de Javier Milei celebró la medida en su cuenta en la red social X. “Lo resolvió la Justicia: ¡El Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público es Completamente Legal!”, escribió.
En comunicación con Canal Abierto, Juan Carlos Capurro, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos y abogado de ATE y la CTA Autónoma, aclaró: “No es cierto, desde el punto de vista jurídico, lo que dice la ministra Bullrich. El rechazo de un habeas corpus colectivo no implica que las medidas que ella impulsa (por el Protocolo) sean legales. Son don sujetos de análisis jurídicos distintos”.
En esa línea, explicó que la medida judicial surgió “del entendimiento de que podían haber problemas para los ciudadanos que quieran expresarse en las calles o donde consideren, lo que es un derecho constitucional”. “El juez y el fiscal han entendido que eso no está debidamente acreditado, lo que forma parte de una apreciación. Uno podrá estar en discrepancia con esa opinión del tribunal, pero a mi juicio no modifica en nada la situación, porque acá lo que está en juego es si la ministra está autorizada para dictar leyes. Y no lo está”, subrayó el abogado.
Sobre ese punto, expresó: “Si ella considera que debe aplicarse determinada conducta para determinada situación, que ella califica de seguridad, entre comillas, tiene que llevar al parlamento una ley que la autorice a hacer estas cosas, como permitir que Gendarmería se suba al colectivo como en la época en la dictadura y asuste a la gente preguntando quién va a la marcha y quién no. En ese caso, lo seguiríamos discutiendo porque es inconstitucional, pero sería una ley aprobada por el Congreso”.
“Como eso no ha ocurrido, lo que hace la ministra es atacar el estado de derecho, las libertades democráticas y lo que la Constitución Nacional dice, que es muy clara sobre ese punto”, afirmó Capurro.
El planteo del habeas corpus
La medida interpuesta por el CELS, Pérez Esquivel y Pitrola se presentó con el objeto de “prevenir la amenaza ilegal que afecta la libertad ambulatoria e integridad física de todas las personas que se movilizarán el día 20 de diciembre del corriente año y los dirigentes de las organizaciones convocantes a dicha movilización”.
De acuerdo al planteo de las organizaciones y referentes, el Protocolo de Bullrich, implica una “amenaza actual, inminente y potencial” a “los derechos y garantías constitucionales” de las y los manifestantes.
“Las disposiciones de la cuestionada resolución constituyen la suspensión ilegal de derechos amparados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional”, sostienen en el recurso. “Se trata de una resolución del Ministerio de Seguridad, dependiente del Poder Ejecutivo, claramente inconstitucional que se asemeja, en los hechos, a un estado de excepción o de sitio, sin haberse dado los supuestos que así lo habiliten”, agregan.
También indican que la medida preventiva y colectiva “se hace extensiva a los niños, niñas y jóvenes que participen de la movilización del 20 de diciembre, por el inminente y grave riesgo de que lo dispuesto mediante la Resolución del Ministerio de Seguridad afecte su interés superior y el principio de especialidad, que cuentan con jerarquía constitucional”.
Para Juan Carlos Capurro la medida impulsada por la ministra Bullrich constituye una “intimidación pública calificada, porque es una funcionaria pública”. “Eso amerita que uno pueda decir acá hay un peligro”, dijo, reafirmando la pertinencia del habeas corpus y otras medidas presentadas.
También indicó que el Protocolo antiprotestas “es absolutamente anticonstitucional y antidemocrático”. “Es un intento de golpe contra las libertades democráticas. El único antecedente que tenemos hasta este punto es la dictadura de Videla”, advirtió el abogado de ATE y CTA.
