El rescate a ABSA y las inconsistencias en la política de servicios públicos en la Provincia de Buenos Aires

Por Juan Severo

La reciente decisión del gobierno de la Provincia de Buenos Aires de otorgar una asistencia financiera de $31.500 millones a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) para garantizar su funcionamiento durante los últimos meses de de octubre, noviembre y diciembre de 2024, plantea interrogantes no solo sobre la viabilidad de la empresa, sino también sobre la coherencia en la gestión de los servicios públicos en la provincia.

Este nuevo rescate a ABSA no es el primero en lo que va del año. En abril, la compañía ya había recibido otros $21.000 millones en concepto de subsidio, después de haber enfrentado una devaluación que, según sus directivos, desactualizó el presupuesto aprobado para este año y generó un fuerte impacto financiero, particularmente la deuda con proveedores.

La justificación de esta intervención estatal vuelve a señalar al contexto macroeconómico, en este caso, la devaluación de la moneda de la actual gestión nacional de Javier Milei, como factores responsables de la crisis de la empresa. Sin embargo, esta narrativa deja de lado una pregunta central: ¿Por qué ABSA requiere constantes subsidios para cumplir con sus funciones esenciales?

El gobernador Kicillof ha defendido su decisión de financiar a ABSA argumentando que se trata de garantizar servicios vitales como la captación, potabilización, distribución y comercialización de agua potable en toda la provincia. Sin embargo, la realidad muestra una empresa que, a pesar de recibir ayudas millonarias, sigue presentando problemas de gestión.

El contraste con AYSA, la empresa que presta servicios en distritos como La Matanza, es notorio. Según Lovelli, titular de ABSA, la tarifa que pagan los usuarios de ABSA es aproximadamente un 50% inferior a la de AYSA, a pesar de que las estructuras de costos son similares.

Mientras que en teoría esto podría sonar como un beneficio para los usuarios de ABSA, lo cierto es que esa diferencia tarifaria se traduce en un déficit constante que debe ser cubierto con fondos públicos. Aquí es donde surge la indignación de los bonaerenses y del conurbano, que pagan tarifas más altas por los mismos servicios y ven cómo el dinero de la provincia se destina a cubrir las ineficiencias de una empresa que, al parecer, no está dispuesta a ajustar sus tarifas para al menos cubrir sus costos.

Como alguien que vive en el conurbano bonaerense durante toda la vida, no puedo evitar sentirme discriminado. si bien nací en la Ciudad de Buenos Aires, por cuestiones de infraestructura y precariedad en el salud pública, muchas personas de mi entorno, incluso en la actualidad, 63 años después, con los mismos problemas: madres deambulando por hospitales sin poder ser atendidas, muchas veces teniendo que ir a la Capital para poder dar a luz.  Y en el caso de los servicios de agua, la brecha entre lo que pagamos en La Matanza, bajo AYSA, y lo que pagan en otros distritos bajo ABSA, resulta indignante.

Si bien es cierto que no es deseable una visión puramente mercantilista de los servicios públicos, como señala Lovelli, me parece insostenible que la provincia continúe financiando déficits que no se corresponden con una gestión eficiente. En lugar de destinar más de 50.000 millones de pesos a rescatar una empresa que no logra equilibrar sus cuentas, esos fondos podrían utilizarse en áreas igualmente prioritarias, como el sistema de salud, que sigue estando en una situación precaria. a pesar de haber hospitales de cuando a mi se me dio venir a este mundo. jaja

En definitiva, la pregunta que debe hacerse es: ¿Hasta cuándo seguiremos rescatando a una empresa que no logra mantenerse a flote? ¿Es justo para los contribuyentes bonaerenses seguir financiando ineficiencias mientras otros sectores igualmente necesitados quedan relegados? por lo menos así lo veo yo. una frase que escuchaba cuando era pibe, que era el veredicto con el que, en los 90, Guillermo Nimo, árbitro de fútbol, comentarista deportivo, cerraba sus comentarios