El submundo de la política y la justicia, jugando a la mancha venenosa

Por juan Severo

En Argentina, la política y la justicia parecen ser protagonistas de un interminable juego de mancha venenosa, donde las responsabilidades se esquivan, las reglas cambian según la conveniencia del sector que ejerce el poder.

Un caso reciente lo ilustra con crudeza, la expulsión del Senador Nacional Edgardo Kueider, atrapado in fraganti con 200 mil dólares en efectivo y otras divisas mientras cruzaba de Brasil a Paraguay. A simple vista, estamos frente a un caso evidente de contrabando. Sin embargo, la justicia paraguaya lo calificó como «intento de contrabando».

En circunstancias normales, a un ciudadano común se le impondrá de inmediato prisión preventiva. Pero este legislador consiguió una “prisión domiciliaria” en una lujosa mansión, acompañado de su secretaría, tras pagar una fianza de 300 mil dólares.

Surgen preguntas inevitables: ¿De dónde salió ese dinero? ¿Quién financió a su equipo de abogados? Interrogantes que cualquier ciudadano común estaría obligado a responder, pero que en este caso parecen perderse en el aire sin respuestas claras.

El Senado argentino decidió expulsarlo. Aunque desde una perspectiva ética parece una medida certera, la decisión genera dudas legales. ¿Dónde está la documentación que respalde la acusación? El principio de presunción de inocencia dicta que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. En este caso, el Senado actuó basándose en informaciones periodísticas, sin una condena firme.

Además, la legitimidad de la sesión donde se votó la expulsión podría cuestionarse. Según los abogados de Kueider, la vicepresidenta de la Nación no debería haber presidido el Senado, dado que el presidente estaba fuera del país, lo que, de acuerdo con sus argumentos, invalidaría la sesión y abriría la puerta a una apelación.

Lo más alarmante es la evidente contradicción: otros senadores con condenas firmes continúan ocupando sus bancas sin que se adopten medidas similares. Esto deja en evidencia que las reglas del juego no son iguales para todos, y que los criterios para actuar parecen depender más de intereses políticos que de principios de justicia.

Este caso pone de relieve otro problema aún más grave: Kueider llegó al Senado en la boleta de Unión por la Patria, a pesar de contar con antecedentes judiciales en Entre Ríos. ¿Cómo es posible que alguien con causas previas sea incluido en una lista para ocupar un cargo público? ¿Dónde están los controles y las responsabilidades políticas de quienes arman esas listas?

Mientras tanto, la justicia sigue mostrando velocidades desconcertantes. Casos como la muerte de Alberto Nisman, que lleva 13 años sin resolverse, o el de una joven desaparecida cuyo principal sospechoso recién es investigado años después, contrastan con la celeridad con la que se actuó en este caso.

El Pampa Larralde, en una de sus milongas, lo expresó mejor que nadie:
«No entiendo porque no entiendo, que hay tantas cosas que no entiendo…»

Esa frase resume el sentimiento de muchos argentinos que, día tras día salen a la calle a ganarse el mango con mucho esfuerzo, o a jugarse un numero a la ruleta a ver si le toca o no de ser asaltado o herido para sustraerle sus pertenencias.

Si realmente aspiramos a un país más justo, debemos empezar por exigir responsabilidad y transparencia a nuestros representantes. Es necesario un sistema judicial que actúe con celeridad e imparcialidad, y que las reglas sean iguales para todos.

Porque, en esta partida de mancha venenosa , no podemos seguir permitiendo que el pueblo sea siempre el único manchado.